El 13 de febrero de este año, la policía que resguarda las instalaciones de la Femospp, nos negó el acceso a las oficinas a las que acudí más de un año. El Fiscal Especial Carrillo Prieto, optó por la peor de sus alternativas, ante un documento y una investigación, incomodas: cerrar la puerta a quienes habían elaborado el Informe "¡Qué no vuelva a suceder!" El día 16, volví a la Femospp a entregarle una carta a Carrillo Prieto, pero el personal de Oficialía de Partes se negó a recibir la correspondencia, alegando órdenes del fiscal de no recibir escritos del equipo de investigación. Ante mi insistencia de que se cometía un acto de irregularidad sorprendente, el funcionario de la oficialía subió llevándose el documento, para hablar con el secretario particular del Fiscal. Cuando regresó, me reiteró la negativa. Inmediatamente le informé eso al Procurador, anexándole la carta que deseaba llegara a manos del Fiscal. (Texto completo)





























Aunque de manera oficial la Femospp recibió la copia del documento anterior, el día 20 de febrero -es obvio que el funcionario de oficialía de partes fotocopió el documento cuando subió a hablar con el secretario particular-. De otra manera no se entiende que el día 17, ya se hubiera elaborado una respuesta, que coloco debajo. Aunque me fue entregada el lunes 20, cuando hice una denuncia ante el Ministerio Público del Distrito Federal, esta vez por la confiscación, además del salario, de mis objetos personales.
En la oficina del ministerio público, el director de administración de la Femospp me entregó el siguiente oficio:














































En dicho oficio, Romero Bernal cita un contrato que desconozco y dice además que José Sotelo Marbán no es ni fue nunca director general de Análisis, Investigación e Información Documental. Un año entero habíamos vivido equivocados. Una de las razones es porque probablemente sea el propio Romero Bernal quien ocupe el cargo de Sotelo. Pero además, me acusaba de querer establecer dolosamente una relación laboral. El oficio, fechado el 17 de febrero, iba dirigido con copia al funcionadio del ministerio público que había citado a Romero Bernal el lunes 20, José Francisco Vilchis. ¿Cómo pudo saber su nombre? ¿Cómo pudo el Fiscal enterarse de una nota informativa que no había querido recibir?

























Le escribí al Procurador el día 22. Sin cobrar por meses, expulsado de una institución que había violado las normas más elementales de transparencia, que me había cerrado las puertas de manera violenta; lo último que me faltaba tolerar era que el mismo funcionario que había cometido todos los desmanejos administrativos, me acusara de dolo. (Texto completo).























Casi un mes después, sin que tuviera más respuesta que la notificación al Órgano de Control Interno de la PGR, volví a solicitarle al Procurador que interviniera. Un borrador del Informe había aparecido en una revista mexicana y en una página de la Universidad George Washington. El Fiscal y el Procurador, habían dado una conferencia de prensa el día 1 de abril. El Fiscal reconoció el problema de los pagos, pero dos semanas después no había hecho un gesto de acercamiento. Cada vez era más claro que el Fiscal quería librarse de los que habían llevado adelante la investigación.