La isla sin este / documentos

Thursday, June 01, 2006

Fiscalía especial: un balance, por Carlos Montemayor
Entrevista de Carlos Montemayor y José Sotelo, publicada en el diario La Jornada

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, ha declarado en varias ocasiones que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado ha cumplido ya con los objetivos para los que fue fundada y que, por tanto, debe desaparecer. Hace varias semanas me propuse analizar desde diferentes ángulos lo inexacto (por decir lo menos) de tales aseveraciones oficiales. Primero escribí para La Jornada tres artículos sobre los pendientes centrales de la fiscalía y sobre la necesidad de resguardar la información obtenida por los historiadores que prepararon el informe histórico. ¡Qué no vuelva a suceder!, material sumamente valioso para el esclarecimiento de la guerra sucia en México en múltiples sentidos, más allá del empleo estrictamente legal. Después me reuní, en distintos momentos, con el director del proyecto de investigación histórica y parte de su equipo, y con el fiscal Ignacio Carrillo Prieto y parte de su equipo, con los que preparé las entrevistas que sobre temas centrales empezarán a aparecer a partir de hoy. En el caso de José Sotelo Marbán, él personalmente respondió a mis preguntas. Desde diferentes ópticas, una de historiador e investigador documental, y otra jurídica, el lector podrá juzgar si las declaraciones del procurador general de la República, a propósito de los objetivos cumplidos por la fiscalía especial, tienen sustento o no. Las primeras tres entregas corresponden a la entrevista sostenida con José Sotelo Marbán el día 4 de abril de este año en mi propio domicilio.
Carlos Montemayor : ¿Cuál era el avance del informe histórico cuando usted se incorporó a la fiscalía?
José Sotelo Marbán : En la fiscalía supuestamente operaban dos áreas técnicas: la ministerial y la de investigación y análisis documental, a la que ahora se le conoce como área histórica. Los avances de investigación que realizaba el área ministerial eran conocidos sólo por los investigadores de esa área. No hay una sola línea del informe histórico que entregamos al fiscal que sea producto de las indagatorias ministeriales. En cuanto al área de investigación y análisis -que era una dirección disminuida y sólo disponía de cinco personas-, tenía como tarea obtener la información documental que le requería el fiscal y el área ministerial. La persona que me antecedió en esa dirección, la maestra Angeles Magdaleno, no escribió una sola cuartilla, que yo conozca, con la que haya iniciado una investigación histórica. Lo que hizo fue obtener información documental, de distintos acervos, según los requerimientos del área ministerial. Tuvo cercanía con los medios de comunicación por los campanazos de noticia que resultaban de algunos documentos que encontró. Tengo entendido que ella fue recompensada con este puesto por haber sido auxiliar de Sergio Aguayo en su libro La charola. Por otra parte, la persona que me sucedió, cuando renuncié por vez primera, en el 2003, Susana Zavala, es ahora asistente en México de Kate Doyle, quien a su vez dirige The National Security Archive, organización que subió a la página web el 'informe filtrado'. Cuando el fiscal me pidió que nuevamente me hiciera cargo de los trabajos de esta dirección, decidió que se despidiera a la gente contratada por Magdaleno y Zavala, pues eran dados a filtrar información a periodistas. Susana tampoco dejó nada escrito. Así que, por parte de la fiscalía, no dispusimos de información alguna sistematizada.
CM : Pasando al tema central de la entrevista, ¿dónde radica la importancia de la investigación contenida en el informe presentado por ustedes?
JSM : Sin duda, el tema esencial es el de las desapariciones forzadas. El Estado debe dar cuenta del grito desgarrador que los familiares mantienen en alto. Una respuesta al "¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!". Mientras el Estado no responda habrá una herida social que no sanará, porque supura por dentro. Esa figura, de una herida, es la que utiliza el derecho internacional al referirse a los crímenes de 'lesa humanidad'. Es decir, crímenes 'que hieren a la humanidad'. Y como no sanan mientras no se haga justicia, una consecuencia jurídica es que esos crímenes no prescriban, como insensatamente se ha querido establecer en el sistema jurídico mexicano. Hay otros temas, muy importantes desde luego, pero de todos, éste debe destacarse como el meollo del informe. A pesar del escaso tiempo y los recursos limitados que tuvimos en la fiscalía, logramos identificar 644 casos de desaparición forzada. De ellos, 434 casos pueden considerarse plenamente acreditados. En los otros 208 casos hay suficiente información de quejas y denuncia de hechos y, sobre todo, un soporte de datos que permite considerar una presunción fundada que tales hechos sucedieron porque configuran el mismo patrón de desaparición forzada que los plenamente acreditados en el mismo periodo y en la misma región. Con un poco de más tiempo y personal hubiéramos podido aclarar un mayor número de casos. Este listado aparece en el capítulo de Crímenes de lesa humanidad del informe.
CM : Usted plantea que la investigación y el informe están incompletos. ¿Considera entonces que el documento tiene un carácter provisional?
JSM : Me refiero particularmente a otras tareas que no quedan totalmente absorbidas en el informe. Es que debíamos entregar el documento a más tardar el 15 de diciembre de 2005. Para cumplir con este plazo tuvimos que reorganizar algunos procedimientos. En lugar de completar el armado de los expedientes e informar de ellos después, nos vimos forzados a formar primero las listas que aparecen en el informe y disponernos posteriormente a terminar de integrar los 644 expedientes con la plantilla de información y soportes documentales de cada caso. Era precisamente uno de los trabajos que estábamos realizando cuando despidieron a nuestros investigadores impidiéndoles, de un día para otro, la entrada al edificio. Lo mismo sucedió con la elaboración del encuadre histórico de los grupos que participaron en los movimientos armados. Tuvimos que posponer, para después de entregado el Informe general, la reconstrucción de lo acaecido a cada uno de los principales grupos. Quiénes los integraron, con qué propósito, qué hicieron, cuál fue la suerte de sus integrantes. También este trabajo fue interrumpido, lo mismo que la organización de la documentación y la homologación de las bases de datos.
CM : ¿Cuál es la diferencia entre los expedientes que ustedes estaban integrando y los expedientes que integró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)?
JSM : Hasta febrero de este año tuvimos acceso a los expedientes físicos de la CNDH y apenas pudimos revisar cuatro. Tuvimos, por supuesto, acceso a las conclusiones de cada caso, que por página web es información pública. Los expedientes de la comisión no se integran físicamente con documentación probatoria de la detención de las personas, sino que contienen una transcripción de lo que dicen algunos documentos y a lo que se refieren algunas entrevistas. Todo ello es muy útil; sin embargo, nuestros expedientes contienen los documentos probatorios. En algunos casos el documento menciona la detención o la ficha signaléctica o dactilcoscópica; contiene referencias a las declaraciones o confesiones que obran en los expedientes de las policías políticas. Consideramos de suma importancia que estos expedientes se terminen de configurar para que el Estado mexicano los entregue a los familiares, a las organizaciones que han venido luchando por esos casos, y para que se integren, como anexo, al informe a la sociedad. Sin embargo, ello no es todo. Como se comprenderá, este proceso de dilucidación de la verdad histórica de los 'desaparecidos' por el Estado habrá sido un paso muy importante, pero quedan otros dos por concluirse: conocer el paradero de esta gente y juzgar a los responsables, para satisfacer el reclamo de justicia.
CM : ¿Por qué razón se detuvo la investigación que estaban realizando? ¿Hubo alguna señal específica que pueda interpretarse como un intento de obstaculizar las investigaciones?
JSM : No encuentro ninguna razón válida para detener la investigación que estábamos realizando. Cuando se planteó la posibilidad de cerrar esta parte de la investigación, reiteradamente le pregunté al fiscal, por carta, si el problema era económico o político. Si era económico, para movernos en la búsqueda de fondos que posibilitaran continuar con el trabajo; y si era político, para encontrar los apoyos necesarios y solventar la situación. Se me contestó que no era un problema económico. Por la importancia que esta investigación tiene para el Estado mexicano, y obviamente para los familiares y los directamente afectados, no me cabe la menor duda de que la PGR nos debió haber dado otro trato. Sin embargo, hicieron todo lo contrario. Claro que hubo señales. Una es la falta de pago. Otra, no darnos las herramientas mínimas de trabajo, no darnos siquiera los viáticos necesarios para el trabajo de campo.

Parte II
Continúa en esta entrega la entrevista que el 4 de abril de este añosostuve con José Sotelo Marbán, director del Proyecto de Investigación Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Carlos Montemayor : Entonces, ¿cómo fue recibido el informe histórico por la autoridades de la fiscalía especial?
José Sotelo Marbán : Déjeme explicarlo de manera sencilla. En todos los países donde se han constituido comisiones de la verdad, lo menos que se les ha brindado ha sido el reconocimiento y el respeto a su labor. El Estado mexicano nos ha tratado de manera indigna. Por una filtración de fragmentos de borradores del informe, que no sabemos quién los haya revelado, nos quieren tratar como si fuéramos delincuentes y se nos niega no sólo el derecho al trabajo, sino el pago por las tareas realizadas.
"A principios de diciembre de 2005, cuando faltaban unos días para entregar el informe, en una reunión de trabajo se me explicó que querían un libro blanco que resumiera los datos que pudieran hacerse públicos de las averiguaciones que llevaba el área ministerial. Fue entonces cuando se enteraron verdaderamente del avance que teníamos. Me parece que nunca pensaron que elaboraríamos un informe como el que hicimos, ya que las condiciones que se nos impusieron hacían prácticamente imposible llegar a este resultado. Me pidieron lo que teníamos hasta ese momento, incluso en soporte electrónico, para pasarlo a revisión de las otras áreas. La parte ministerial nos hizo llegar observaciones muy atendibles y que mejoraban el contenido; sin embargo, la dirección de dictaminación jurídica quiso eliminar todo el capítulo de Crímenes de guerra y pidió que se modificaran los términos que utilizábamos en el documento. En lugar de desaparición forzada querían que se hablara de privación ilegal de la libertad. Debíamos eliminar el concepto de casos acreditados, porque solamente la representación social puede acreditar los casos. Nos tachó todos los términos que no encontró en los códigos penales, como 'campos de concentración' y 'aldea vietnamita'. La lista de 'correcciones', que nos parecieron inatendibles, era enorme y sentimos que se nos comenzó a tratar como enemigos. Las subsecuentes versiones del informe quedaron secuestradas en esa dirección. Empezaron a realizar correcciones de las que ya ni siquiera nos notificaron. Le expresé todos mis resquemores al fiscal, y ante la falta de respuesta y el despido de mi equipo de trabajo, renuncié. Pero el fiscal no quiso aceptarme la renuncia y, en buenos términos, ofreció resolver los problemas planteados. A los pocos días se produjo la filtración de los retazos de informe y, desde entonces, nos hemos ocupado de las repercusiones de esa infiltración."
CM : Perdone que insista en un punto: ¿cómo calificaría entonces el grado de avance de la investigación?
JSM : El informe ha sido terminado y entregado; sin embargo, debe mantenerse en constante revisión. Es un trabajo sumamente arduo y complicado, ya que sólo quedamos dos personas en el equipo. Las circunstancias ahora son distintas.
CM : Pero el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, insiste en afirmar que la fiscalía ya cumplió sus objetivos y que por ello puede ser desmantelada.
JSM : Desconozco con qué criterio el procurador puede hacer esa afirmación. No se puede jugar con la fantasía de que la fiscalía ya cumplió con su propósito ni en el área ministerial ni en la histórica. Desde el ámbito ministerial me parece que cometerían un gravísimo error. Los criterios utilizados para hacer evidente, desde la historia, que el Estado es responsable de un número de casos de desaparición forzada son diferentes a los utilizados para determinar la verdad jurídica ante un juez y fincar responsabilidades. Aunque el método que se utiliza en ambas disciplinas no nos conduce a resultados idénticos, tampoco pueden ser tan dispares. No deben restarse los 17 casos que ya están en tribunales para saber cuántos de los 644 faltan. Es posible que muchos de estos 644 casos no satisfagan todos los requisitos que se establecen en los procedimientos penales; sin embargo, ya le comentaba que en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudimos establecer conexión de 80 casos de desaparición forzada en los que el propio Ejército reporta las detenciones. Conozco también mucha documentación que el área de investigación y análisis ha aportado al área ministerial, por lo que puedo deducir e interpretar el gran soporte que estos documentos brindan para armar los expedientes de consignación. Todo ello me permite afirmar que hay elementos para un trabajo intenso que no puede concluir, según mi diagnóstico, ni en abril ni en diciembre de este año y, quizá, ni en el año próximo. A mi juicio sería un error cerrar la fiscalía, porque si bien las investigaciones ministeriales se pueden continuar desde la estructura misma de la Procuraduría General de la República (PGR), también es cierto que los agentes del Ministerio Público Federal (MPF), que han avanzado en la investigación de estos casos, han adquirido una formación en el trabajo que implica el manejo de fuentes documentales y de técnicas de investigación pericial que normalmente no tienen los agentes adscritos a otras áreas de la PGR. Los agentes del MPF tienen como principal campo de actividad la consignación de detenidos en temas relacionados con el narcotráfico, portación ilegal de armas y delitos conexos con la protección de especies animales y asuntos forestales. Problemas totalmente diferentes a los que se están trabajando en esta fiscalía. De absorberse esta estructura en otra mayor, será poco probable que se aproveche la experiencia adquirida y que eso provoque un nuevo retraso en el proceso de consignación de los casos restantes. La sociedad percibiría el cierre de la fiscalía como un posible carpetazo a los crímenes que están bajo escrutinio de la Femospp.
CM : Me parece claro que el contenido de los llamados 'borradores del informe' compete a la sociedad entera y no sólo a las oficinas de la fiscalía. En este sentido, ¿qué deberíamos esperar de la continuidad de otra oficina que no fuera la fiscalía misma?
JSM : Es necesario señalar que esos 'borradores del informe' no constituyen una versión previa del documento, sino pedazos de capítulos que fueron recopilados en distintos momentos de la elaboración del informe. Faltan capítulos importantes, como el de las 10 conclusiones y recomendaciones con las que termina el trabajo. Hay capítulos que inclusive cambiaron de nombre porque la temática que se incluyó resultó mayor que la que estaba considerada en esa fase de la investigación. Coincido en que la información trasciende el interés del ámbito institucional; a mi parecer estamos ante un proceso social que ya no puede parar. Si la actual administración quisiera ocultar lo encontrado -que en gran medida ya es público-, convertiría la parte censurada en el epicentro de la atención pública, colocaría lo que quiere ocultar en el centro del debate.
CM : ¿Debemos entender que la fiscalía dispone, además del informe preparado por ustedes, de otros borradores provenientes del trabajo del MPF?
JSM : Ignoro si existen otros borradores, pero son tantos los recursos que ha recibido la Femospp que ojalá tenga varios trabajos como el que le presentamos. Desde luego que lo puede enriquecer. El trabajo de investigación realizado por los agentes del MPF adscritos le permitirían doblar las evidencias que nosotros, con una investigación tan accidentada, presentamos en los capítulos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero si así no fuera, la investigación debe continuar de todas maneras, hasta encontrar el paradero de los 'desaparecidos'. Y esto debe hacerlo el Estado o alguna comisión que tenga el reconocimiento oficial. Si el presidente Fox no lo hace, la historia se lo reclamará. Mire cómo se repite este proceso en toda América Latina. En Argentina, por ejemplo, se ha añadido al reclamo de verdad y justicia, el de la memoria. Hace unas semanas la gente llenó las calles de las principales ciudades argentinas en conmemoración de sus mártires. Se expresó el repudio masivo con medio millón de personas en las calles, 30 años después. Los jefes que instrumentaron esa represión están cada vez más cercados por la justicia y más aislados en su sociedad. Son cadáveres vivientes. Esta historia, en México como en América Latina, no la va a parar ningún gobierno y cuanto antes comulguen los gobernantes con la historia, mejor imagen quedará de ellos.
CM : Si el Estado mexicano viera esto como una prioridad nacional, ¿qué debería hacer?
JSM : Mostrarlo en los hechos, por supuesto. Hoy es necesario que el Ejecutivo federal instruya a la Sedena para que aporte cierta documentación que no ha puesto a nuestra disposición, en particular aquella en la que específicamente se ordenan los traslados de todos los detenidos que hemos probado que quedaron en su poder. Es necesario que le ordene al Ejército colaborar, en lugar de obstaculizar. Que la Sedena aporte todos los testimonios respecto del paradero de más de 80 por ciento del total de las personas desaparecidas, porque finalmente quedaron en su poder. Que abra la documentación de las diferentes zonas militares que fueron centros de detención ilegal en algún momento y que están señaladas en el informe. Es necesario también efectuar todos los estudios de campo que tiene pendientes la fiscalía. Hay testimonios de que Quirós Hermosillo disponía de unas camionetas, muy peculiares, en las que movilizaba detenidos desde el Campo Militar Número Uno y que posteriormente quedaron como desaparecidos. Hay testimonios sobre cementerios clandestinos en las propias instalaciones de lo que fue el campo de concentración de Atoyac. La Universidad Nacional Autónoma de México dispone de equipo y de técnicos para hacer estudios de suelo que determinen si hay indicios para realizar las excavaciones correspondientes y dónde hacerlas. También hay testimonios de que había calderas en el Campo Militar Número Uno, donde pudieron haber incinerado cuerpos. Hay testimonios de ejecuciones sumarias en campos de tiro de la Sedena. Es necesario hacer todos estos peritajes con la colaboración de las más altas autoridades militares y no en situación de altísimo riesgo y a contracorriente de la institución. Es necesario que el Ejército se deslinde y, en lugar de ser cómplice, dignifique su condición. En Argentina, por ejemplo, las abuelas de la Plaza de Mayo registran 500 casos de apropiación de niños, hijos de desaparecidos. Sólo ellas han encontrado más de 80 secuestrados por la dictadura. En México, la señora Rosario Ibarra ha hecho milagros en la búsqueda de los desaparecidos. Ella menciona la cantidad de 148 detenidos que estaban desaparecidos y que, debido a su intervención, fueron liberados. Frente a esta panorámica, los resultados de las acciones oficiales en México para llegar a determinar la suerte del resto de los desaparecidos siguen siendo magros.

Parte III
Fiscalía especial: un balance
Concluyo con esta entrega la entrevista que el 4 de abril del presente año sostuve con José Sotelo Marbán, director del Proyecto de Investigación Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Carlos Montemayor: ¿Cuáles serían en estos momentos los paralelismos en las investigaciones sobre la guerra sucia en Argentina y México?
José Sotelo Marbán: Son realidades distintas, aunque hay elementos que nos permiten hablar de una historia común. Para empezar, en Argentina se contabilizan 30 mil desaparecidos. Es abrumador el impacto que esto tiene en una sociedad más pequeña que la nuestra, sin tomar en cuenta los miles de muertos, de desterrados y de perseguidos que pudieron salvarse. Pero a la caída del gobierno militar, Argentina tuvo un régimen que inmediatamente impulsó un juicio que condenó a los principales ex presidentes a cadena perpetua. Incluso los retrocesos, como el indulto, han colocado el tema de los crímenes de Estado en el centro del debate político. En México le falta cohesión a la sociedad para sumarse al grito de los familiares. Eso, además, nunca sucede como algo automático. Tenemos que repensar nuestra historia desde el punto de vista de los derechos humanos. En Argentina comienza a darse una comunión entre organizaciones sociales de lucha, que generan políticas de Estado, y el gobierno actual. En nuestro caso, esos lazos son inexistentes. La fiscalía se ha ido aislando de los necesarios vínculos sociales. A menudo el área ministerial es denostada. Una de las pocas facilidades, en el caso mexicano, es que el proceso de represión puede reconstruirse con documentación oficial, algo que en Argentina faltó. El fiscal del juicio a la junta militar argentina se apoyó casi completamente en la carga testimonial. Aquí la documentación oficial es implacable.
En el caso de Argentina la represión fue masiva, en todos los niveles de la sociedad. Allá no hubo, no podía haber, ninguna máscara de legitimidad, ni por el origen ni por el ejercicio del poder público. En el caso de México la represión fue más selectiva y menos visible. En Guerrero el Estado pudo mantener la "ficción" de que peleaba con gavillas. En la lucha contra la guerrilla urbana pudo mantener el imaginario social de que actuaba por el bien común.
CM: ¿Cómo cree usted que el gobierno asuma la presentación del informe?
JSM: Eso es lo importante. Es necesario que el presidente de la República asuma, como punto de partida, la responsabilidad que tiene el Estado en estos crímenes y que asuma lo que de esto se deriva. Sé que hay mucho por hacer a partir de este momento. Que el jefe de Estado y de las fuerzas armadas del país ordene al Ejército entregar la documentación sobre el traslado y la permanencia de detenidos ilegales esclarecería el paradero de más de 80 por ciento de las desapariciones forzadas que hubo en el periodo. Estas medidas pueden ser reforzadas con otras. Por ejemplo, que ordene a todo soldado -desde el raso hasta el secretario de Defensa-, que bajo pena de traición a la patria ofrezcan los testimonios que tengan sobre la suerte y destino de los desaparecidos y coadyuven en el esclarecimiento de los hechos. Esto nos haría dar un paso muy importante.
CM: Usted habla de expedientes físicos y de documentos de trabajo. ¿Hay una documentación importante que deba hacerse pública?
JSM: Toda investigación deja un rastro metodológico. Hay un procedimiento permanente para elegir la información que se considera relevante y que, en consecuencia, es necesario dar a conocer por encima de otra información circunstancial. En el caso nuestro, existen datos y procedimientos de trabajo que, a pesar de que en el corpus del informe tienen una dimensión, se pueden presentar en anexos o como bases de datos propias. Hemos ido sistematizando información sobre aproximadamente 8 mil personas, contamos con millares de fichas técnicas y de textos. Estábamos elaborando las "historias matrias" de los pueblos y comunidades más castigadas de Guerrero, historias de los grupos que tomaron las armas. Se trata de un material trascendente para el estudio de la época y de los procesos analizados. Será muy útil a los ojos y análisis de tantos investigadores que se dedican y dedicarán a esta parte de la historia nacional. Claro que primero es importante terminar el trabajo, reconocer el carácter oficial del Informe, que se den esas muestras de decisión política para otorgar a la verdad histórica su carácter prioritario.
CM: ¿Cuánto tiempo nos llevaría, con un verdadero apoyo del Estado mexicano, concluir el proyecto de investigación al que usted fue invitado?
JSM: En condiciones favorables, nueve o diez meses más. Pero pienso en diversos equipos trabajando al mismo tiempo. Uno, por ejemplo, dedicado a determinar el paradero de los desaparecidos: los archivos secretos que no se han puesto a nuestra disposición, los testimonios de la fuerzas armadas, los peritajes. Otro equipo tendría que completar la investigación de los acervos que quedaron pendientes de revisar y de incorporar a la actual investigación con los testimonios de las víctimas. Otro equipo integraría los expedientes personales de las detenidos desaparecidos y de los principales actores sociales. Otro más redactaría las crónicas de las comunidades y de los grupos armados que padecieron los estragos de políticas criminales. Y uno más debería estar a cargo del manejo de la información. Esto que usted ha mencionado reiteradamente, de que los archivos que soportan la investigación histórica y ministerial no sean desaparecidos, ordenando los accesos a la documentación, ordenando la fichas técnicas y trabajando las bases de datos. Otras tareas que deben realizarse son la confrontación de los textos con testigos y el retorno de la información a los afectados; la revisión jurídica del informe y todos sus expedientes; el apoyo metodológico y la coordinación de estas actividades.
CM: ¿Qué otros temas considera de interés esencial, además de las desapariciones forzadas?
JSM: El presidente Vicente Fox se comprometió a que hubiera verdad y justicia. El trabajo se hizo para cumplir con esta política que era una decisión de Estado. Cuando se produjo la filtración de algunos capítulos del borrador del informe, la Presidencia de la República atajó la discusión con el argumento de que aún no era oficial. Cierto, pero la investigación no se hizo desde una instancia académica o privada; no es una investigación acotada por el interés de alguno de sus protagonistas, sino que se hizo desde la fiscalía responsable de dar cuenta, por parte del Estado, a la sociedad. La responsabilidad última de esta investigación recae en el Ejecutivo. Es él quien, a nombre del Estado, debe hacer oficiales los resultados y asumir la responsabilidad que se deriva del hecho incuestionable de que el Estado haya incurrido en tales crímenes. El Estado está obligado a una serie de acciones reivindicativas. El Estado debe atender y reparar, en la medida de lo posible, los daños provocados a los familiares y a la sociedad. Es absolutamente indispensable que dé cuenta de los desaparecidos.
CM: Pero, insisto, sería el colmo que los expedientes de los desaparecidos sean, a su vez, desaparecidos también.
JSM: Importa que haya una vigilancia ciudadana para que esto no suceda. Que el informe sea perfeccionado y no mutilado en sus partes fundamentales; que sea manejado con responsabilidad por el Estado y no al arbitrio de quien tenga la posibilidad de manipularlo. Que en la lista de los desaparecidos, cuyos expedientes no se pudieron armar porque despidieron a la gente del equipo que estaba trabajando en ello, no se "acorte" el número de casos que el área ministerial está integrando con criterios de "verdad jurídica". Debe vigilarse que el Estado cumpla con su obligación de informar sobre la suerte de las desapariciones forzadas de las que se ha logrado establecer su responsabilidad con los criterios de validez utilizados en las ciencias sociales. La vigilancia ciudadana es lo que puede evitar que esos expedientes sean desaparecidos si la fiscalía es desmantelada. Don Miguel Concha me propuso la idea de que se convocara a un grupo de gente notable, comprometida con las causas de nuestro pueblo, para que sirva de conciencia social en torno a estos temas. No se trata de un "consejo" de adorno, que nunca se reúna, que sea honorario. Por el contrario, debe ser un grupo que se mantenga alerta para que no se corten partes esenciales del Informe, que no se reduzca el número de detenidos desaparecidos que se pueda acreditar, que no se disgregan los agentes del MPF que tienen cierto entrenamiento para seguir casos de esta naturaleza, que no se cancele la posibilidad de continuar con la búsqueda de los desaparecidos. Esta alerta puede socializarse y hacerse pública de distintas maneras. Creo que necesitamos de una acción ciudadana así.

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