Versión taquigráfica del primer encuentro del Foro sobre la importancia de esclarecer los delitos del pasado, en la que intervieron Rodolfo Echeverría, José Francisco Gallardo, José Sotelo Marbán y Carlos Mendoza, con la coordinación de Santiago Aguirre.

Brisa Maya, CENCOS. Es para nosotros un gusto la presencia de todos los que nos acompañan en esta mesa y de todos los que nos visitan para este encuentro. Les doy la bienvenida. Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, tiene como responsabilidad la coordinación de esta muy querida y esperada mesa, gracias…

Santiago Aguirre, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro: En el discurso de toma de posesión, Vicente Fox hizo una alusión expresa al tema que hoy nos ocupa. Voy a iniciar leyendo un fragmento de su discurso. “Las decisiones de mi gobierno tendrán congruencia histórica. Ninguna relación con el pasado es saludable si no está fincada con la verdad. Sin sustituir a las instancias de procuración e impartición de justicia, me propongo abrir lo que ha permanecido cerrado en episodios sensibles de nuestra historia reciente e investigar lo que no ha sido resuelto, mediante una instancia que atiende los reclamos por la verdad de la mayoría de los mexicanos. No es posible contener la justa indignación social. Los grandes corruptos del pasado, del presente y del futuro rendirán cuentas; no habrá para ellos borrón y cuenta nueva; no habrá piadoso olvido para quienes delinquieron. Tampoco habrá tolerancia para quienes pretendan continuar en privilegios hoy inaceptables.”
Pareciera que el optimismo que en ese momento expresaba el presidente ha decaído un poco hacia el final del sexenio. Yo pensaba contrastarlo con los titulares de los periódicos nacionales sobre la reciente decisión de dictar un auto de libertad a favor de algunos de los responsables de la desaparición de Jesús Ibarra e Ignacio Salas Obregón. La mayoría de los periódicos hablan de pobres resultados de la Fiscalía, de nuevos reveces jurídicos. En su informe que presentaba la semana pasada Human Rights Watch señalaba que “el logro más sustancial de la fiscalía hasta la fecha es la elaboración de un ambicioso borrador de informe histórico sobre la época.” Llama la atención que el logro más significativo de una instancia de procuración de justicia sea un borrador de informe, un trabajo en ciernes al que sus propios autores han aludido como la punta de un iceberg. Es en este contexto de lo que conocemos del informe que se convocó a esta mesa para iniciar una discusión sobre el tema. Una discusión, un debate en el que se puedan fijar posturas acerca del destino de la FEMOSPP y del informe. Los convocantes en concreto proponían dos líneas a discutir que eran las siguientes: ¿Qué temas deberían de estar presentes en el informe presentado por el Estado y asumido como un acto de Estado sabiendo lo accidentado que ha sido su elaboración? Y ¿Qué escenarios tendrán que darse como consecuencia de su presentación y su plena asunción por el estado? Esta es una primera mesa. Los convocantes han invitado también a un segundo foro de discusión que se celebrará posteriormente. Está el Dr. José Sotelo, Rodolfo Echeverria, Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Gral. José Francisco Gallardo y Carlos Mendoza. Iniciamos la primera ronda.

José Sotelo: Yo estuve a cargo de la coordinación de este informe histórico que se realizó en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
El Estado mexicano ha ocultado sistemáticamente la represión que utilizó en contra de nuestro pueblo para acallar la disidencia y ha eludido la responsabilidad que tiene por haber cometido, reiteradamente, crímenes de lesa humanidad. Escribir esa historia desde la plataforma del Estado es una tarea ingrata pero indispensable.

- Es ingrata porque quienes la escribimos somos humanos, y la zozobra que nos causó el irnos enterando de la forma cómo actuó el Estado mexicano, documentado incluso con fotografías que muestran la saña con que fue torturada y asesinada mucha gente por agentes del estado, agredía nuestra paz interior y tuvimos que buscar refugio externo para encontrar fuerza de ánimo y continuar;
- Tarea ingrata porque algunos sectores de la sociedad consideran que, por el solo hecho de trabajar en una institución de gobierno, nosotros teníamos cierta corresponsabilidad ya que fue el Estado el que cometió esos crímenes y ocultó esa información, por lo que cualquier error que pudiera haber en nuestros datos tendría relación con querer ocultar o distorsionar la realidad;
- Tarea ingrata con la sociedad porque por el solo hecho de trabajar en la PGR –Institución que para muchos es maldita-, las víctimas y familiares de los desaparecidos que por años había luchado para saber lo que les había sucedido a sus seres queridos, nos veían con desconfianza, e incluso hostilidad, cuando los consultábamos o les llevábamos los avances de la investigación que íbamos recopilando;
- Tarea tan ingrata que la FEMOSPP, espacio en el que laborábamos, nos negó las condiciones básicas que nos debía proporcionar. A la mayor parte de nuestro equipo no les ha pagado su sueldo desde hace casi un año, no se nos dotó del equipo necesario de trabajo y, hasta la fecha, se nos ha negado el reconocimiento oficial de nuestra labor;
- Tarea tan ingrata que la Presidencia de la República nos tiene en vilo, desde hace varios meses, en relación con lo que vaya a hacer con los resultados de la investigación histórica que le presentamos; sin embargo, los autores no hemos sido consultados respecto a los cambios que se le están haciendo al Informe, y nos hemos visto acosados por motivo de la filtración de algunos capítulos que, en estado embrionario de redacción, fueron subidos a la red del Internet.

Pese a que para nosotros ha sido una tarea muy ingrata, para la sociedad es absolutamente indispensable conocer la verdad de lo sucedido y sentar condiciones para que ese tipo de crímenes no vuelvan a suceder. Es absolutamente necesario que sea el propio Estado el que haga suyo el Informe y le imprima el sello de ‘verdad oficial’ que debe darle para asumir la responsabilidad que esos hechos conllevan. Además de la verdad, es necesario fortalecer la organización social para mantener la memoria colectiva de lo sucedido e incrementar la presión al Estado a fin de exigir justicia y trascender la impunidad.

El Estado mexicano le ha apostado a ocultar la verdad y al olvido de lo sucedido, a que lo que no se conoce no existe. Y esa estrategia le ha funcionado. Ha tenido una enorme habilidad para ocultar los crímenes que cometió. Muy poca gente, incluso la que tiene cierta idea de los acontecimientos sociales de la época, tiene idea aproximada de la magnitud y de la gravedad de los crímenes cometidos por el Estado en el tiempo que abarca nuestra investigación. Para mí fue una sorpresa traumática ir descubriendo los crímenes cometidos en contra de la población, de estudiantes, campesinos, de gente que se organizó para lograr mejores condiciones de vida, y de los que se fueron radicalizando debido a la represión de que fueron objeto. Así pues, si el pueblo no conoce lo que sucedió no puede tener un estado de conciencia, de interés y de lucha.

Por ello preocupa que la Fiscalía pudiera haber sido creada, o utilizada, para fines contrarios a los que formalmente le dieron origen. Que en la impartición de justicia se haga un trabajo mediocre de investigación –como quien da palos de ciego-, y no se lleguen a fincar debidamente responsabilidades de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y así se cancelen las vías jurídicas de castigo a los culpables. Que al divulgar la verdad histórica se quieran ocultar los datos de la investigación o se minimicen los hechos que se han documentado. Que en la reparación del daño se ofenda nuevamente a las víctimas y a sus familiares de suerte que no crean más en la acción del Estado.

La preocupación no es retórica. Los que han sido acusados por la Fiscalía han encontrado vías de impunidad; el Informe ¡Que no vuelva a suceder! Tiene ya más de cinco meses de entregado y los vestigios de la corrección a que está siendo sometido, apuntan en la dirección de que hay gente con mucho poder en esta administración que no quiere que la verdad dolorosa se conozca y que el Estado asuma sus consecuencias. Es sintomática la expresión que nuestro amigo Don Isaías, padre de un desaparecido, hiciera recientemente: Fuimos como el venado que cuando tiene sed baja al arroyo y cae en la trampa. Nosotros teníamos sed de justicia, fuimos a buscarla y nos pasó lo mismo.

¿Por qué se acortó el tiempo de elaboración del informe si después de cinco meses no ha sido aún entregado a la sociedad?, ¿por qué se interrumpió el trabajo de elaborar los expedientes físicos de los 644 casos que pudimos acreditar de detenidos desaparecidos por el Estado, si lo que la fiscalía necesitaba era contar con la mayor cantidad de pruebas para consignar los casos?, ¿por qué se le impidió trabajar al equipo que estaba entregando resultados –a pesar de que no les pagaban su sueldo- y en un trabajo contra reloj y la investigación se le pasa a un inquisidor que se espanta de llamar a los crímenes por su nombre y carece de oficio para la investigación histórica?, ¿por qué no le han pagado a la gente que realizó la investigación histórica y nos tratan como delincuentes cuando somos quienes posibilitamos el cumplimiento de un importante compromiso que el Presidente de la República hizo a la sociedad?

Se han agotado, prácticamente, los tiempos políticos para dar resultados en los temas que aquí nos convocan. Quienes tienen el poder de presentar los resultados de investigación que permitan conocer el destino de los desaparecidos ¿tendrán el oficio, la valentía, la lucidez y el carácter para rendir cuentas a su pueblo?, ¿El pueblo, tendrá la organización y el coraje para demandar que aparezcan los desaparecidos –cuando menos 644 casos acreditados-, de exigir castigo a los culpables y de plantearse nuevas condiciones para que los crímenes de guerra y de lesa humanidad que marcaron ese régimen de terror que investigamos y que consta ilustrativamente en el informe que el pueblo de México tiene derecho a conocer, no vuelvan a suceder.

Me permití traer una copia del informe que presentamos el 15 de diciembre a la fiscalía… este es el informe que presentamos: “Que no vuelva a suceder”. En rasgos generales, tiene una parte de reconstrucción histórica, una parte de análisis relativa a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y otra parte propositiva, con conclusiones y diez recomendaciones para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad.

Antes de este informe, que ahora va a tener más tiempo de revisión que de elaboración, elaboramos otros trabajos. En diciembre de 2002, presentamos el informe intitulado “El Ejército Mexicano y la Guerra Sucia en Guerrero.” Es un trabajo de investigación que se hizo a partir de los archivos que la SEDENA puso a disposición del AGN. Muy poca gente ha podido descifrar lo que contienen esos documentos porque en parte son documentos que están cifrados y en parte están tan fragmentados que no se puedan entender. Tuvimos la capacidad de descifrarlos, de organizarlos y de presentar coherentemente una interpretación de los mismos. Allí consta la campaña que el Estado mexicano realizó en Guerrero con el ejército. En ese trabajo pudimos acreditar con los propios documentos del ejército, más de 200 detenciones ilegales que el ejército mexicano realizó en estado de Guerrero, 80 de los detenidos que allí se consignan siguen desaparecidos. En los propios anales que el ejército ha puesto a disposición del AGN consta y se pueden documentar más de 80 desapariciones forzadas que el propio ejército acredita. Otros documentos que presentamos como anexos se refieren al método que seguimos para leer, analizar e interpretar los informes de los órganos de seguridad. Es necesario tomar en cuenta que tales informes que también vienen codificados, no tienen una lectura transparentemente, son producidos por servicios de inteligencia cuyos reportes no están hechos para que se entiendan por cualquiera que los lea. En el anexo que se le pasó al fiscal se sistematiza el método de interpretación que utilizamos. Un segundo anexo contiene el procedimiento que seguimos para descifrar quienes era los detenidos, a los que el ejército llamaba ‘paquetes’ y quienes de ellos quedaron desaparecidos. El tercer anexo lo proporcionó CENCOS con una investigación que realizó en julio de 1978 y que presentó en un informe intitulado “27 actas sobre la represión en Guerrero” que acredita con testimonios de la época la acción criminal del ejército, de cómo mancilló a las mujeres, torturó y asesinó con saña a la población. Todo esto viene documentado por una organización pionera en los derechos humanos en cuyo recinto nos encontramos.
Me preocupa, para terminar, que nuestra sociedad no llegue a conocer lo que pudimos documentar. Hace un par de meses en Argentina se produjo una movilización social de enormes dimensiones. Después de 30 años el pueblo tiene idea de lo que sucedió y por lo mismo tiene posibilidad de tener conciencia social y de movilizarse… para impedir que eso vuelva a suceder. En México no tenemos la remota idea de lo que sucedió. Cuando realizamos la investigación de campo en el estado de Guerrero, visitábamos pueblos en los que la gente no tenía idea de lo que había sucedido veinte kilómetros más lejos de su pueblo. Manejan una información tan parcializada de lo que le sucedió a alguien de su familia que hasta en el mismo lugar donde se dio la represión se ignora la magnitud de lo sucedido. Por eso es tan importante que conozcamos lo sucedido, que cobremos conciencia, que nos organicemos y que no permitamos que esto vuelva a suceder, Y eso implica organización social. Muchas gracias…

Santiago Aguirre: Gracias a José Sotelo. Cedo la palabra a Rodolfo Echeverría.

Rodolfo Echeverría Martínez: Mi relación en este tema se debe a que estuve encarcelado durante tres años en el proceso del movimiento del 68, y cuando se formó la fiscalía especial, fui uno de los primeros, junto con otros compañeros, a presentar nuestra denuncia en relación a lo que nos había sucedido a cada uno de nosotros.
La formación de la fiscalía especial fue una iniciativa muy positiva, porque se abría la perspectiva de poder conocer la verdad, no solamente de lo que pasó durante el movimiento estudiantil del 68 y su relación con la represión del Estado, sino de conocer también otros hechos del pasado, como el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los médicos, el movimiento magisterial, así como los sucesos del 10 de junio del 71 y los resultados de la guerra sucia de los años setentas y ochentas.
Era una buena iniciativa, sin embargo solamente quedó en eso. Hoy esta fiscalía está siendo cuestionada no solamente por algunos sectores de la sociedad, sino sujeta a investigación. Todavía no se puede hacer hoy un balance preciso de las acciones de la fiscalía especial ya que no ha concluido su trabajo y vive una situación muy accidentada. Hay algunas cosas pendientes que no solamente corresponden a la fiscalía especial. El decreto que la forma establece, por un lado, la creación de una comisión interinstitucional para analizar los planteamientos que establece el propio decreto en relación a los casos concretos de victimas de la represión. Hoy que se sepa, o al menos yo no estoy enterado, no existe tal comisión interinstitucional. Sabemos que se formó un comité ciudadano. No conocemos cuales son los resultados de su actividad.
Lo más positivo que hay hasta estos momentos en relación a la fiscalía y que es palpable, a mi juicio, es el informe que se ha presentado. Es un avance muy grande para tener el conocimiento a fondo de los aspectos represivos y la ingerencia que el Estado mexicano tenía en los diversos movimientos, organizaciones políticas y sociales, a través de diversas formas como el espionaje y acciones de provocación, en torno a esto. El Informe no debe quedar reducido a su difusión en red electrónica, sino debe ser publicado y asimilado para que cumpla realmente con lo que el presidente decía al inicio de sugestión; pero surgen serias dudas de que esto pueda suceder. ¿Cómo va a concluir el trabajo y el papel de la fiscalía especial? Es difícil predecir; sin embargo es una pena que hoy esté siendo investigada hasta por cuestiones de dinero, cuando hay gente que tiene casi un año que no cobra. Es una vergüenza que se le cuestione por cuestiones de dinero, por comidas. Da pena porque era una esperanza. Yo sí creí en el papel que la fiscalía desempeñaba porque los órganos represivos del Estado mexicano están en deuda de pagar ante la sociedad las injusticias que cometieron con una gran cantidad de luchadores sociales en nuestro país.
Quedará un gran vacío; sin embargo en el escrito está negro sobre blanco. Es un texto que yo creo que hay que difundir y hay que pugnar porque se de a conocer a la sociedad para que, esto no vuelva a suceder en nuestro país. Sigue pendiente la deuda del Estado mexicano de informar la verdad a la sociedad. Gracias.

Santiago Aguirre: cederemos la palabra al general Gallardo
José Francisco Gallardo: En relación a las declaraciones que hizo el presidente Fox al inicio de su administración, yo estaba en ese tiempo encarcelado y siempre dudé de él porque no puede prometer eso y luego nombrar como Procurador General de la Republica a un militar. Luego entonces, la fiscalía especial nace lisiada de origen. ¿Por qué? Porque Macedo de la Concha participó en la guerra sucia de los setentas. Por lo tanto, no iba a auto-investigarse. Absolutamente.
Ahora bien, la creación de la fiscalía sin duda es un avance, pero más avance le veo yo al trabajo que hicieron las personas que presentan este informe histórico y que yo creo que si debe ser conocido por la sociedad. Pero, como decía José Sotelo, quien lo debe dar a conocer es el gobierno, la autoridad, que lo hagan suyo. ¿Por qué? porque no podemos avanzar en charcos de sangre y en la impunidad hacía una democracia. Por lo tanto las manifestaciones de cualquier partido político o de cualquier candidato en torno a los avances democráticos no se van a dar porque no tocan estos puntos sensibles que impiden precisamente abrir los espacios democráticos.
Yo sabía perfectamente bien que el presidente Fox estaba mintiendo, porque teníamos información verídica de que ese día que tomó posesión iba a liberar a todos los presos políticos de México. Iba a salir libre el que les habla; sin embargo, en una platica que tuvo anterior a la presentación de su discurso, aquel día 1º de diciembre, dio marcha atrás. No hubo tal liberación. Y luego anuncia el nombramiento de un militar a cargo de la procuración de justicia en México.
Todo lo que estamos viendo en el tema de la impunidad en México gira en torno a la actuación del ejército. En el movimiento ferrocarrilero o en la masacre que se hizo con el líder Jaramillo en Morelos, en el movimiento de los médicos, en el movimiento estudiantil, en la represión del 10 de junio, en la guerra sucia de los setentas, y en otros más recientes como su intervención en el levantamiento de Chiapas o el asunto de Aguas Blancas. Todos estos acontecimientos tienen que ver con el ejército, todos. El ejército vestido de verde a cargo de los comandantes militares; el ejército vestido de gris con, con la PFP; o el ejército vestido con cualquier uniforme policíaco, federal, estatal o municipal. Inclusive en las aduanas ¿Por qué? porque los cuadros de mando de todas estas policías están a cargo de militares. El más reciente, si no queremos ir muy lejos, el asunto de Atenco ¿Quien hace las declaraciones de que si actuó bien la policía, de que no iban armados, de que no hubo violaciones? fue Wilfrido Robledo que es almirante de la armada, que permitió la masacre o el ajusticiamiento de dos policías que entre comillas estaban realizando funciones de inteligencia por allá por Ixtapaloyan. Toda esta actuación del ejército se debe a una política de Estado que tiene que ver con intereses muy particulares de los grupos en el poder. Lo que llama la atención es que el uso del ejército para dirimir asuntos de carácter social, estudiantil, sindical, laboral lo han hecho hoy en día los tres partidos políticos. Por ejemplo en Atenco hay una combinación fabulosa. El municipio está a cargo del PRD en Texcoco, interviene con la policía local; la policía estatal del PRI, y la PFP federal, del PAN. ¿Más claro? ahí está.
De lo que se trata ahora es que, a través de la presentación de este informe que se de a conocer todo esto a la sociedad, que el pueblo de México no pierda, primero, la memoria; segundo, el estado debe hacer un resarcimiento del daño. Cuando se habla de resarcimiento de daños muchos creen que es asunto de carácter monetario. Yo ponía por ejemplo como un resarcimiento del daño, que todas las calles, escuelas, centros culturales que tengan el nombre de Luis Echeverría, lo cambien por el de los mártires del 68. Eso sería un mensaje para la sociedad. Quitar el nombre de todas estas personas que actuaron en contra de la democracia, de la sociedad e ir poniendo estos otros nombres.
El Estado, a partir del conocimiento de estos hechos, debe implementar una serie de mecanismos conjuntos de los tres poderes de gobierno –a nivel federal, estatal y municipal- para que no se repita la actuación o el uso de fuerza excesiva para resolver asuntos de carácter social. Solo así podemos avanzar en la democracia. Acabo de comentarlo en una reunión que tuvimos con el comité del 68, no podemos dejar pasar más. Cualquier administración que venga, de cualquier partido político, debe hacer una reforma profunda al ejército mexicano, en sus tres fuerzas armadas, la marina, la fuerza aérea y el ejército. Será muy lamentable si no se hace esa reforma; pero va a ser criminal si la izquierda llega al poder y no hace nada, en relación a la reforma del ejército.
El ejército mexicano en toda nuestra historia, auspiciado por el poder civil ha servido para masacrar a los estudiantes, a los indígenas y al movimiento sindical; para pisar la autonomía universitaria, para impedir la democracia, para robarse las urnas en las elecciones. El pueblo mexicano ¿Para qué quiere un ejército así?. Pero nosotros, como sociedad, tenemos la obligación de formar las instituciones, y una de esas instituciones es el ejército. Con esta reforma, lejos de lo que piensan los altos mandos militares, la única institución que saldría más beneficiada sería, precisamente, el ejército. La mayor parte de los militares, que a muchos los conozco, están concientes y están perfectamente bien sabidos de que esa reforma se debe dar.
Actualmente hay un enojo absoluto por parte del alto mando militar con la política que se ha seguido desde Salinas, Zedillo y ahora con Fox, porque el ejército se ha vuelto policía. Yo no me había dado cuenta que había estudiado en una escuela de policía; es decir, en el Heroico Colegio Militar, que es una institución que debe formar a los generales del ejército, al ejército mexicano que tiene la encomienda de ser el soporte y tutela de la soberanía nacional, de la integridad nacional y del estado de derecho. Pero es todo lo contrario.
En cuanto a la reforma al ejército, revisemos la historia. Después de la revolución, quienes forman las instituciones del Estado, el sistema de partidos, la misma Constitución son militares. Y los militares permanecieron en el poder después de la Revolución hasta 1946, cuando le entregan el poder al primer presidente de origen civil que es Miguel Alemán; pero hay un pacto entre el poder civil y el poder militar, el ejército pide autonomía, la no rendición de cuentas, la autorización de los presupuestos y cuotas de poder. Hemos tenido cantidad de militares presidentes del PRI, de senadores, de diputados, de gobernadores –los últimos el de Chiapas, el general Absalon Castellanos, y el de Morelos el general Carrillo Olea, con un negro historial- y, aparte de ello en la actualidad, todos los cuadros de mando policíacos a nivel nacional en los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. La reforma del ejército, por lo tanto, se debe hacer con una gran participación del congreso, primero!
Tuve una plática con Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel, una persona muy lúcida. Le decía que no permitiera que el sistema logístico de la campaña lo controlara el Estado Mayor Presidencial. Lo deben de realizar los civiles. Si él permitía que fuera Audomaro Martínez Zapata –que es de mi antigüedad, de mi generación, y amigo de Andrés Manuel -, él va a permitir la infiltración del ejército y de la inteligencia militar en la campaña de López Obrador. Igual con Felipe Calderón y con el PRI. Pero se trata, según dicen, de una corriente de izquierda. Yo le decía, si usted permite que la inteligencia militar –que está articulada en el Estado Mayor Presidencial- penetre la campaña, le va a manejar la agenda a López Obrador y si después llega a presidente, el ejército le va a manejar la agenda de gobierno. Así de fácil. Es por ello que esa institución debe abrogarse. El me preguntaba eso como podría hacerse. Pues nomás que no acepte la tutela de Estado Mayor. Automáticamente desaparece el Estado Mayor Presidencial, absolutamente y sin ningún jaloneo, ningún conflicto con las cúpulas de poder. Él me preguntó, qué opinaba yo de que se le diera al ejército facultades para combatir al crimen organizado y al narcotráfico. Le respondí que un Presidente de la República –como jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante supremo de las fuerzas armadas, jefe del partido-, debe recurrir a todas las instancias que tiene el Estado para dirimir cualquier asunto de seguridad, que es la función primordial que tiene un Estado. Sin embargo, si utiliza al ejército lo debe hacer bajo los causes legales: uno, dictar un estado de excepción que sea aprobado por le Congreso y por todas las legislaturas de los estados. Una vez que se dicta ese estado de excepción debe decir cuales son los derechos civiles o políticos, derechos humanos que van a entrar en ese estado de excepción y de qué se trata ese estado de excepción en un ámbito territorial, incluso. Pero, aparte de eso, deben generarse ciertos mecanismos de control y de vigilancia para estar pendientes de la actuación que tenga el ejército en este asuntoe impulsar la creación de una policía nacional profesional que esté apoyada incluso desde la academia; es decir, que se haga una carrera profesional policíaca. Se podría implementar por ejemplo en la Facultad de derecho, los países democráticos más avanzados tienen una carrera policíaca. Se trata de que todas las personas que trabajan en la seguridad pública tengan un sistema de reclutamiento, un sistema de permanencia y un sistema de retiros y pensiones para acabar con la corrupción. Ustedes deben de tener conocimiento de que transparencia internacional y transparencia México hicieron un recuento y el DF saca el último lugar este menester. Otra reforma que debe impulsarse, junto con el Congreso es abrogar el fuero militar. El fuero militar debe funcionar en tiempo en tiempo de guerra, no en tiempo de paz porque el ejército, apoyado en el plan DN2, que lo menciona el informe, realiza funciones de orden interno y este corresponde a la autoridad civil; es una actividad de carácter administrativo que le compete a la policía no al ejército. El poder civil le ha dado al ejército facultades que no le deben corresponder, por ejemplo el asunto de la seguridad publica. El ejército no tiene la capacidad, los Ministerios Públicos Militares no tienen la capacidad para llevar a una persona conforme a un debido proceso, pues sacan sus declaraciones a base de tortura, golpes, desapariciones. Todo eso se debe reformar. El Congreso también debe impulsar la creación de las comisiones de defensa, que sean presididas por civiles. En un Estado democrático la política de defensa debe ser presidida y debe ser dictaminada por el poder civil, no por el poder militar. El poder militar debe participar en una asesoría técnica pero no debe decidir. Actualmente hay quien decide la división territorial militar, cuantas zonas militares, cuantos efectivos hay en tal o cual Estado. Es el Secretario de la Defensa y lo autoriza el comandante supremo de las fuerzas armadas. Esta situación no debe pasar así. Yo pensé que ahora, con la militarización de la frontera estadounidense, el general Vega iba a ordenar la concentración de tropas, que están en Chiapas, hacia la frontera norte, que es donde esta la mayor amenaza para nosotros. Ya lo vimos en el siglo XIX, nos quitaron la mitad del territorio. Pero no hay nada de eso, todo esto se debe reformar.
Otro punto que se debe reformar, y con eso termino mi comentario, es que la Secretaría de la Defensa Nacional debe ser presidida por un civil, porque es una cartera de administración pública, es un puesto político administrativo que ningún militar tiene la capacidad de manejar. La mediación que debe hacer el congreso para la rendición de cuentas a la Secretaría de la Defensa Nacional no debe pasar por un uniforme militar, por lo tanto todo el personal militar debe estar subordinado a la autoridad civil. El secretario de la defensa debe ser un civil y el ejército, las tres fuerzas armadas, deben estar organizadas en un Estado mayor conjunto. Eso que les acabo de comentar va a salir publicado en julio en un libro que es mi tesis doctoral sobre la reforma del ejército. Mi tesis de maestría trata sobre la creación de un ombudsman militar, como instrumento que va a permitir abrir al ejército y las instituciones para vigilar al actuación militar en México. Esos dos libros van a salir publicados en julio. Esto que les estoy comentando yo se lo traté al alto mando militar cuando Carlos Salinas tomó el poder en diciembre de 1988. A partir de ahí comenzaron las persecuciones, a partir de ahí comencé a ser delincuente. Ustedes saben mi historia. Ocho años encarcelado, persecución de mi familia, intervinieron los órganos de derechos humanos nacionales e internacionales, la comisión interamericana, al ONU, Human Rights Watch. El Estado mexicano, el ejército fueron vencidos en derecho, lo único que hizo el ejército para cumplir con esas recomendaciones fue llevarme a dos consejos de guerra, y después Fox me liberó después de dos años de su administración. Entonces yo les pido a ustedes, a los encargados de esta investigación, que me ayuden. Que nos coordinemos para llevar a cabo esta reforma y tener un Estado democrático, civil, laico en donde la fuerza militar esté subordinada al poder civil. Si nosotros logramos como sociedad civil, como ONG´s, subordinar a la autoridad militar a lo que dice la Constitución no estaríamos aquí platicando. Todos los expedientes de la Defensa Nacional, son expedientes que deben ser del conocimiento público.
Yo trabajé en el activo hasta 1993, cuando fui encarcelado, Nunca me di cuenta de toda la documentación que yo manejé. Estos asuntos tienen que ver con la impunidad, el alto mando militar que actualmente preside la defensa nacional están muy cuidadosos de resguardar a todos los militares que participaron en estos asuntos de lesa humanidad. Yo creo que eso va a cambiar, viene un cambio de generación. Ye comentaba a José Sotelo que es probable que el próximo secretario de la defensa sea una persona de mi generación, de mi antigüedad y tenemos otro pensamiento. Hay conciencia de que se debe hacer un cambio en el ejército y para nosotros –como institución, como militares-, sería muy conveniente que nos acogiéramos nada más a lo que dice la Constitución. Realizar en tiempo de paz, solo las funciones que tengan exacta condición con lo militar. Nada más. Si la autoridad civil tiene un problema de manejo del crimen organizado, pues que recurra a la policía, que organice la guardia nacional que está contemplada a en la constitución –que es una institución que impediría que la autoridad recurriera al ejército para dirimir un asunto de carácter social, estudiantil o lo que sea-. Es entonces un tema muy complejo porque toca muchos intereses adentro del ejército, principalmente de impunidad. Muchas gracias.

Santiago Aguirre: Gracias general. Pasamos con Carlos Mendoza.

Carlos Mendoza: Soy director de una productora que se llama Canal Seis de Julio. Hemos hecho algunas investigaciones y trabajos sobre temas que tienen que ver con lo que se está habando en esta mesa. Me voy a referir a un tema del que no se ocupó la Fiscalía y del que generalmente no nos ocupamos No se ocupan ni la comunidad de defensores de derechos humanos, ni la que dice que se llama izquierda, el papel de los medios en la represión. Desde luego en la guerra sucia, y si entendemos la guerra sucia, tal vez desde cómo se combatió al movimiento democrático que encabezó el Dr. Nava allá por los años sesentas en SLP, hasta este episodio aislado de guerra sucia que acabamos de tener hace unas semanas en Atenco, estoy de acuerdo en que a la guerra sucia, en términos generales, no ha concluido. Me quiero referir al papel que están jugando los medios en relación a estos operativos represivos. Hay manuales de la Agencia Central de Inteligencia de los EU, que en este sentido instruyen a los gobiernos y a los encargados de llevar a cabo estas represiones.
Todos los episodios relevantes de violación de los derechos humanos en el México de la segunda mitad del siglo pasado a la fecha, incluida la llamada guerra sucia, han tenido en la propaganda un factor estratégico de primer orden. Las instituciones del Estado responsables de la represión directa requieren del concurso de los medios de comunicación para diseñar los operativos contrainsurgentes, ya que estos se encargan de realizar la propaganda que aporta las “razones” que darán lugar a la acción represiva, repetirán los argumentos, las imágenes o las declaraciones que justificarán la represión y ocultarán el contexto general en el que ésta se prepara así como cualquier aspecto que ofrezca elementos para dudar de su legitimidad.
Las mismas consideraciones se aplican en el tratamiento de la propaganda que, disfrazada de información, es presentada una vez consumada la represión. La propaganda es entonces un componente básico de la guerra psicológica, cuya meta es ganar la mente y los corazones de la población.
Todos los episodios contrainsurgentes que han tenido lugar desde 1968 hasta la fecha han contado con una cuartada propagandística más o menos eficaz y mejor o peor elaborada. Así por ejemplo, la propaganda contrainsurgente dijo que el 2 de octubre de ese año, en la plaza de las tres culturas, agitadores profesionales dispararon contra soldados y manifestantes. O que el 10 de junio de 1971, en San Cosme, tuvo lugar un choque entre estudiantes. ‘Entre los propios estudiantes’ decían textualmente los medios. O que 4 de mayo pasado el FPDT en San Salvador Atenco estaba integrado por delincuentes y subversivos asimilados al crimen organizado y que era preciso liberar a ese poblado de semejantes criminales.
En relación a la guerra sucia Luis Echeverría Álvarez en su 5º informe de gobierno se refiere a quienes tomaron las armas para oponerse al gobierno: que eran retrasados mentales, drogadictos, promiscuos, homosexuales, producto de hogares en disolución, producto de la mala comunicación entre maestros y padres de familia, lacras sociales. Toda una argumentación para justificar lo que luego se hizo.
Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, nada más para referirme a la entrevista que Denise Dresser hizo hace dos domingos al gobernador del estado de México, Lic. Peña Nieto que hablaba como el jefe de una pandilla. Le preguntaban por qué utilizó esos procedimientos y respondió, porque le pegaron a nuestros policías. Como si el señor no tuviera un marco legal que cuidar. Desgraciadamente Denise nunca le preguntó qué pasó con el marco legal. Hablaba como si fuera el jefe de una banda de gavilleros frente a otra banda. ‘Como les pegaron, nosotros les tenemos que pegar… entonces se restableció el orden’ Es un guión repetido perfectamente en varios medios y ‘comprado’ –entre comillas comprado- o adoptado por gentes de otros medios de comunicación.
Está probado que la Secretaria de la Defensa Nacional ha elaborado manuales sobre operaciones especiales o guerra psicológica, en los que se destaca el papel de la propaganda y por tanto el de los medios de comunicación en acciones de este tipo. Está probado que, cada vez más, oficiales de las fuerzas armadas son capacitados en la especialidad de guerra psicológica en escuelas militares de Estados Unidos. Por lo menos hasta 1997 el número de oficiales que se estaban matriculando en esta especialidad era muy alto.
El régimen de concesiones de las frecuencias de radio y televisión, que estuvo vigente desde mediados del siglo pasado hasta hace unos meses, propició una relación perversa entre el gobierno, el Presidente de la República en turno en la que el trafico de influencias y el intercambio de favores son el pan de cada día, y se traduce en distintas formas de complicidad política que tienen en los episodios de propaganda contrainsurgente su expresión extrema. Este hecho aunado a la concentración de medios en unas cuantas manos y a las recientes reformas a la ley de radio y televisión garantizan la permanencia de dicha alianza y la puesta en marcha de campañas de propaganda cada que los mandos del aparato represivo deciden echar a andar un nuevo capítulo de guerra psicológica.
Para contrarrestar esa práctica es necesario impulsar la desconcentración de las concesiones de los medios y dar impulso a la operación de canales de TV y radiodifusoras comunitarias, estatales o ciudadanas que actúen bajo sus propios criterios en episodios como los mencionados y hagan el contrapeso necesario a los grandes medios alineados con el gobierno y con su aparato represivo.
La contrarreforma a la ley de radio y televisión conocida como ley Televisa representa una prioridad para la comunidad de defensores de derechos humanos y la sociedad en su conjunto.
No soy ingenuo. No tengo la menor esperanza de que ni la izquierda, ni la derecha, ni la izquierda de la derecha, ni todos juntos tengan la menor intención de reformar esto. Vamos en el sentido absolutamente contrario. Pero a mi me parece que este es un tema que se ha estado marginando, que se ha estado haciendo a un lado y del que no terminamos de tomar conciencia y que es de primer orden. Creo que muy pronto empezará a salir mucha más información sobre esto. Hay gente que ya tiene documentos que prueban que hay manuales de guerra psicológica y que hay una serie de constantes en el manejo argumental de los guiones que se hacen desde el aparato represivo y que son transferidos a las televisoras, a las radiodifusoras y a algunos medios. Desde luego aquí la generalización sería injusta. No todos los medios, pero hay algunos que muy destacadamente adoptan estas líneas cada que el gobierno en turno los necesita. Quiero resaltar este aporte nada más, muchas gracias.

Santiago Aguirre: Puede haber gente conocedora del tema que cuestione la legitimidad del informe por venir de una fiscalía tan cuestionada. Conforme lo señaló Rodolfo Echeverría, parece que hay una tensión entre la necesidad de difundir el informe y la constatación de que la FEMOSPP se quedó en una buena intención. Un primer asunto a discutir sería cómo hacemos frente, como sociedad, a esta tensión que vemos en ese informe, sabiendo todo el proceso accidentado de la fiscalía.
Una segunda cuestión tiene que ver con la mención del caso argentino y la reciente movilización social. José Sotelo señalaba que se requiere organización social para impulsar que la sociedad haga suyo este tema. La cuestión sería qué tendría que ocurrir para lograrlo, qué tendría que ocurrir para que alrededor de este informe, que no sabemos si se va a publicar, que no sabemos si lo va a asumir el Estado, hubiera esa movilización social, Si no en la magnitud de lo que vimos hace unos meses en Argentina al menos más visible y con posibilidades de hacer presión.
Una tercera cuestión que detecto con lo que comentaba el general José Francisco Gallardo tiene que ver con el título del informe “Que no vuelva a suceder”. Sin embargo el recuento que hacía el general de actos de represión en la segunda mitad del siglo XX en México, más bien parecería que ha sucedido muchas veces. Que hay una línea de continuidad clara entre los hechos documentados y reportados en el informe y hechos mucho más recientes que van hasta lo de hace algunas semanas sucedió en Atenco. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de esta línea de continuidad? cómo hacer los cruces para saber que la impunidad de Mario Marín en Puebla es la misma impunidad que se ha perpetuado en estos crímenes y las consecuencias a nivel social que eso tiene.
Y un cuarto asunto es la reflexión que hacía Carlos Mendoza sobre el papel de los medios de comunicación en estos temas y que nos llevan no solo al asunto de la concentración de los medios en unas cuantas manos, sino a tener presentes todos los otros actores que finalmente están involucrados en este tema. De pronto hay ciertas presencias recurrentes, la presencia constante de los familiares con su legitimo reclamo de verdad y justicia, pero a veces parece una lucha aislada y fragmentada, entonces cómo hacer también una lucha conjunta. La situación de impunidad de los delitos del pasado tiene que ver con la ley de medios, tiene que ver con otros sectores, tiene que ver con una reforma necesaria del ejército.
La cuestión propiamente mediática que surge del apunte que hacía Carlos Mendoza nos enfrenta a un asunto igual de complejo que tiene que ver con las repercusiones que en otros muchos actores, en otros muchos niveles, en otros muchos sectores tiene la represión vivida en México en los años setentas, sesentas y principios de los ochentas que está reflejado en el informe. La necesidad de ampliar la mirada desde la que se abordan estos temas para relacionarlos con temas de más actualidad.
Sin más damos paso a una segunda ronda en el mismo orden de intervención.

José Sotelo: Me paren oportunos los cinco puntos que se han puesto a la discusión. En relación con el primero, comentaba con el general Gallardo la necesidad de que el informe fuera asumido por el Estado. Hay, de hecho, muchas investigaciones particulares, privadas. Nosotros recopilamos cantidad de esos informes. Sin embargo es indispensable resaltar que ésta investigación fue hecha desde el Estado. No forma parte de esa pila de investigaciones particulares. Por eso la filtración que se hizo del informe nos perjudica, porque nos parece importante que este informe tenga la impronta del Estado, el sello del Estado. No se trata de una investigación particular, sino que debe de ser reconocida como resultado de una investigación oficial.
La contradicción que se mencionaba de que la FEMOSPP se quedó en una buena intención y que hay la posibilidad de que el Informe histórico no sea conocido y difundido, desgraciadamente esa posibilidad existe. Insisto en señalar que el Presidente Vicente Fox debe demostrar que tiene oficio para actuar como Presidente, como hombre de Estado y cumplir su compromiso. Si no lo hiciera, la historia lo juzgará. Pero aunque no lo hiciera, deberíamos tampoco dar a conocer el informe a la sociedad en ese momento, sino que tendríamos que esperar, en todo caso, a un nuevo jefe de Estado que asumiera su responsabilidad cabal frente a su pueblo. Yo insto al actual Presidente de la República Vicente Fox a que cumpla su compromiso.
En relación con el segundo tema, encuentro que entre el caso argentino y el caso mexicano existe una diferencia sustancial. Aquí en México, la represión que más se conoce es la masacre de Tlaltelolco en 1968. Se conoce menos lo sucedido en el Jueves de Corpus de 1971, y casi nada se conoce de la guerra sucia y la guerrilla. De ahí que lo que moviliza de alguna manera a la población es el 2 de octubre, que no se olvida. Sin embargo las atrocidades que se cometieron en el estado de Guerrero en donde hubo campos de concentración, aunque no se les quiera llamar así, desaparición de aldeas, aunque no se les quiera llamara aldea vietnamita, estado de sitio a la población, el matarlos por hambre, el perseguirlos al punto de que familias enteras fueran desaparecidas, el realizar bombardeos indiscriminados, esto no se conoce. Mientras que en Argentina la represión que el Estado hizo sobre la población civil, mucha de ella no radicada en lugares apartados, sino en la misma capital del estado fue de tal envergadura que de todos es conocida, es como nuestro 2 de octubre. Entonces, lo primero que me parece indispensable, es que esa historia se conozca… es indispensable que se conozca para que provoque las condiciones subjetivas necesarias para que haya una movilización social… y obviamente las condiciones subjetivas no estarían completas si no están acompañadas de una organización social. De ahí la importancia enorme de que un foro como estos sea convocado por el CENCOS y no por otro tipo de instancias, el CENCOS es pionero en este tipo de convocatoria a la organización social.
En tercer lugar se hablaba de esto que no vuelva a suceder, ha sucedido muchas veces y que es consecuencia de la línea de impunidad. Yo coincido con gran parte de lo que el general Gallardo ha mencionado en relación con el ejército. De hecho el informe histórico que aquí se menciona tiene varias recomendaciones que tienen que ver directamente con el ejército. Voy a mencionar una que particularmente tiene liga con lo explicitado por el general Gallardo.
Normalmente hay tres funciones reconocidas en todos los ejércitos del mundo para el ejército; las que son propiamente de defensa, de protección de la soberanía, que normalmente están catalogadas dentro de lo que se conoce como DN1, que son las propias del ejército; hay otras que han sido admitidas recientemente como parte de las funciones del ejército porque teniendo un estado, ese cuerpo organizado tiene la posibilidad de utilizarlo en labores que aquí en México se conocen como DN3. Todos los ejércitos del mundo reconocen que la labor DN3, es una labor noble y que puede ser asumida por el ejército, incluso el rango de lo que el DN3 puede ser más amplio de lo que actualmente se utiliza en México.
Pero hay un tipo de acciones que ningún país civilizado tiene, y que el ejército mexicano lo tiene como funciones centrales. Se trata del DN2, que consiste en la utilización del ejército como ejército de ocupación interna, lo cual es absolutamente inadmisible. El ejército mexicano no debe de ser utilizado como policía. Esto lo ha dicho reiteradamente el general Gallardo, y es una de sus recomendaciones centrales del informe histórico: El DN2 debe desaparecer.
Es más, si se utilizan mandos del ejército al frente de las policías, tendremos a una policía que se utiliza de manera absolutamente impropia. Tendremos un ejército que no opera como ejército y una policía que no opera como policía. Estamos, entonces estamos en una disfunción absoluta de ambas instituciones. Tenemos que dignificar las dos. La policía tiene un tipo de entrenamiento absolutamente diferente al del ejército. En México no se ha seguido una carrera profesional, la policía no se ha profesionalizado. Entre la policía y el ejército todo es distinto, desde el tipo de armas, la forma de utilizar el armamento, la manera de hacer una investigación. La carrera de policía puede ser una carrera de altos vuelos, como lo es la del ejército. Sin embargo, si se pone a una gente que no conoce nada de policía al frente de la policía es obvio que va a hace tonterías, y si el ejército va a actuar como ejército de ocupación interna, eso debe desaparecer.
Estas recomendaciones surgen de gran cariño a mi país, de gran cariño al ejército mexicano que deberíamos tener. Mientras no se hagan estas reformas y las recomendaciones que están en el informe, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. El general Gallardo lo dijo en su presentación. Estar hablando del ejército mexicano es estar hablando del meollo de la represión política que se ha dado en México. Si el ejército mexicano nos abre la información que requerimos, en ese momento conoceremos el paradero, cuando menos del 80% de las desapariciones forzadas, y eso es absolutamente necesario e indispensable. Esta sociedad no puede continuar ignorando el paradero de sus hijos, sobretodo cuando se ha demostrado que es el mismo Estado el que los secuestró de manera ilegal, y que tenemos la posibilidad de saber qué ha sido de ellos.
Esos archivos, esa información no la tuvimos, se nos negó, pero el pueblo mexicano tiene derecho a tenerla. Dimos solamente un paso. El siguiente paso también se nos cerró, cuando se cerró la posibilidad de continuar con esa investigación tan trascendente que estábamos realizando. El tercer paso está todavía clausurado.
En cuanto al papel de los medios y toda esta lucha fragmentada que cada uno de nosotros ha ido siguiendo, me parece que es un tema central que el Pro nos pone a discusión a raíz de la magnifica intervención de Don Carlos Mendoza. Efectivamente, cuando hablo de que no hay conocimiento y que el Estado mexicano, literalmente, tuvo la posibilidad de cerrarnos la información, es eso. Lo primero que el Estado provoca es que la información no se conozca y, segundo, lo que se conozca se distorsione y, tercero, aquello que se conoce distorsionado el Estado busca darle una motivación de rechazo. Todas estas características forman parte de esta guerra psicológica. En el Informe está tratada, pero si falta profundizarla y yo agradezco mucho que ese tema se allá introducido.
Finalmente el tema que presentan los compañeros, que no se les ha pagado. Se les ha negado el derecho básico de todo trabajador. La Biblia en el Eclesiástico sentencia: “aquel que no le paga el jornal a su trabajador, derrama sangre.” ¿Cómo es posible que una fiscalía que busca restablecer la justicia, tenga manchada de sangre su historia, al no pagar lo que es justo a los compañeros? y no estamos hablando de un mes o dos meses. A la mayor parte de ellos no les han pagado desde julio del año pasado. ¡Hace once meses! Inaudito. Y, a pesar de eso, estuvieron a pie de trinchera hasta febrero que los corrieron. Dando un magnifico aporte a la sociedad. Si eso no se llama amor por la justicia, no se como la quieran llamar ustedes. Muchas gracias…