El informe del Fiscal omite temas fundamentales incluidos en el Informe ¡Que no vuelva a suceder!, que se le entregó el 15 de diciembre de 2005

Los autores del Informe ¡Qué no vuelva a suceder!, aportamos los siguientes elementos de análisis para la lectura del Informe que el Fiscal dio a conocer a la opinión pública[1] y que subió al portal de Internet de la PGR este 18 de Noviembre de 2006 en relación con los crímenes de lesa humanidad que el Estado mexicano cometió para controlar y aniquilar los movimientos sociales y políticos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial:

1.- El Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006, que presentó censurado el Fiscal Ignacio Carrillo Prieto se basa casi exclusivamente en el Informe ¡Que no vuelva a suceder!, que el Coordinador General del equipo histórico José Sotelo Marbán le entregó el 15 de diciembre de 2005[2]. Dicho Informe debía de haber sido presentado por el Presidente de la República de quien se esperaba que pidiera perdón y asumiera las responsabilidades de Estado que se derivan de los crímenes allí documentados[3].

2.- ¿Qué tanto modificó el Fiscal a lo largo de un año el Informe que recibió del equipo histórico, para elaborar el suyo? El Fiscal tuvo once meses para modificar un texto que el equipo histórico elaboró en nueve meses. Las diferencias que hay entre ambos son las siguientes:

a) El Informe del Fiscal elude las responsabilidades del Estado, tanto las que se cometieron al realizar los crímenes de lesa humanidad referidos en el Informe, como las que se cometen ahora al no lograr una justicia efectiva en el juicio histórico al que deben de ser sometidos los responsables de tales crímenes. También elude las responsabilidades que se derivan de reconocer oficialmente en el Informe estos crímenes y que son de dos tipos, las de reparar en lo posible los daños cometidos a víctimas y familiares de las víctimas de los crímenes cometidos por el Estado, y las de modificar las condiciones estructurales para que no se repitan esos hechos.
Del texto original del Informe ¡Que no vuelva a suceder!, que el equipo histórico le entregó al Fiscal, fue censurado el Capítulo 14 ‘Conclusiones y Recomendaciones’ que fue completamente eliminado. En dicho capítulo se presenta el análisis y las propuestas de política a seguir respecto a temas tan importantes como son: Los motivos de la rebelión y la violencia estructural a que responde; el uso innecesario, excesivo y criminal de la fuerza por parte del Estado; las condiciones que lo permitieron y la gravedad de que el Estado hubiera incurrido en crímenes de lesa humanidad; la necesidad de revisar y modificar el marco institucional del ejército, como el DN-II y el código militar que posibilitan llamar al ejército para tareas de seguridad pública y de policía; la imperiosa necesidad de dar cuenta de los detenidos desaparecidos; la obligatoria necesidad de no permitir la impunidad; la obligación del Estado de reparar, en lo posible, el daño a las víctimas; el darle contenido de justicia a la legalidad en nuestro país; el profundizar la investigación de estos hechos –ya que el equipo histórico no contó con las condiciones para realizar debidamente la investigación-; y darle a la sociedad civil el espacio de participación y de control para el cumplimiento de estas recomendaciones.
También se suprimieron del texto original partes de otros capítulos. Elimina temas tan importantes como son: la persecución política que sufrió la oposición (capítulo 10); los mecanismos que el Estado utilizó para corromper el poder (capítulo 11); partes sustantivas del derecho a la verdad (capítulo 12); y las tareas que realizaba el equipo histórico al tiempo que fueron interrumpidas por el Fiscal (en capítulos 1 y 13).

b) El Informe del Fiscal modifica del texto original la conceptualización de varios crímenes de lesa humanidad y minimiza, tanto cuanto le es posible, la responsabilidad del ejército en los crímenes que cometió. El Informe del Fiscal cambia la terminología que en el texto original le damos a ciertos crímenes como la ‘desaparición forzada’, a la que él le quita la palabra ‘forzada’, o bien la reclasifica como ‘privación ilegal de la libertad’. El concepto de ‘crímenes de guerra’ lo modifica por el de ‘violaciones al derecho internacional humanitario’. Los términos de ‘campos de concentración’ y ‘aldea vietnamita’ los modifica por ‘centros ilegales de detención’, ‘centros de detención clandestinos’ y ‘poblaciones cercadas’. Las ‘masacres’ las reporta como ‘homicidios’. Otra constante en el Informe del Fiscal es que le quita fuerza a los señalamientos que en el texto original se hacen por la actuación del ejército y elimina todas las propuestas que se presentan a fin de modificar algunas tareas encomendadas al ejército que han ocasionado la mayor cantidad de violaciones que se acreditan en el informe histórico. Cada vez que le es posible, el Fiscal elimina como sujeto de diversas violaciones al ‘ejército’ cambiando el sujeto de la frase a un genérico de verbos pasivos, o bien cambiando el sujeto ‘ejército’ al de ‘fuerzas de seguridad’; asimismo elimina los párrafos en que se documentan graves violaciones que el ejército comete y un apartado completo en el que se analizan estos hechos. En ocasiones es tan burdo este recorte que la frase queda incompleta sin sujeto o sin complemento. Así, el Fiscal elimina todo el apartado referido a la forma como el ejército realizó actos delictivos que deja en la impunidad a pesar de haber sido denunciados por los pueblos, así como el referido a la protección que brinda a los caciques, y los crímenes que el ejército realizó con sevicia en contra de simpatizantes de Genaro Vázquez.

c) Los capítulos de reconstrucción histórica que Fiscal presenta en su Informe son copia, casi exacta, del texto original que le entregamos en el Informe ¡Que no vuelva a suceder! incluyendo el soporte documental y testimonial, que le entregamos un año antes; sin embargo, la censura que hace del texto original para ocultar la responsabilidad del Estado modifica de fondo la percepción de la realidad que encontramos, atenta en contra del derecho la verdad y carece de sentido ético..Su gran acierto fue conservar el soporte documental y testimonial que respalda la reconstrucción histórica y el análisis de violaciones a los derechos humanos y el texto que en ellos descansa. En algunos casos, como los referidos al movimiento estudiantil, el documento del Fiscal tiene el mérito de añadir datos del área ministerial que fortalecen el texto original.


3.- Para el Fiscal su obligación respecto al Informe termina con darlo a conocer. Para quienes hicimos la investigación y el texto original este informe es parte de una tarea general mucho más amplia y ambiciosa. Una tarea más amplia porque la investigación no ha concluido. El Fiscal, cuando nos impidió el acceso a las instalaciones, cortó el trabajo que estábamos realizando de obtener los expedientes para profundizar en la investigación, estábamos en proceso de ampliar las consultas y testimonios, de armar los expedientes de todas las desapariciones forzadas que acreditamos[4]; de armar la reconstrucción histórica de cada una de las organizaciones que intervinieron en el movimiento armado; de elaborar los registros de más de ocho mil actores sociales que intervinieron en este proceso; de organizar la documentación para que pudiera ser consultada. También consideramos que la tarea que realizamos es mucho más ambiciosa que presentar un Informe porque el verdadero término de la investigación será al rendir cuentas de lo que sucedió a los desaparecidos a partir de los expedientes que acreditan que quedaron en manos de agentes del Estado y de sentar bases para sustentar la exigencia de que no haya impunidad.

4.- A finales de 2004 el Fiscal encargó a José Sotelo la elaboración de un Informe histórico que incluyera, además de la guerra sucia en Guerrero que ya venía trabajando desde abril de 2002, los movimientos estudiantiles y armados en el país. El Fiscal le dio esta encomienda, pero se desatendió por completo de propiciar las condiciones materiales para que se realizara. El equipo de investigación contratado trabajó en condiciones precarias, con un rezago en sus pagos de hasta nueve meses[5]. La Fiscalía no proveyó viáticos para el trabajo de campo, ni de computadoras indispensables. El Fiscal tardó seis meses en autorizar que los investigadores ingresaran a los acervos de la Dirección Federal de Seguridad al Archivo General de la Nación. Con ello entorpeció de manera significativa el trabajo. Todos estos obstáculos los tuvo que remediar el equipo histórico con su sacrificio, su esfuerzo, sus equipos de cómputo, y con sus recursos. El 13 de febrero de 2006 el Fiscal despidió al equipo de investigación histórica, sin habernos pagado sueldos que adeudaba desde principios de julio de 2005. Hemos tenido que recurrir a la demanda laboral. Ha transcurrido más de un año y medio sin que nos haya pagado.

5.- Por la forma como el Fiscal hace público el Informe, el Presidente de la República elude la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad que se documentan en el Informe. Las omisiones en que incurre el Informe respecto al texto original que le entregamos, la falta de aval político por parte del Procurador General de la República para su reconocimiento como documento oficial, y el vacío que el propio Presidente de la República hace en torno al Informe reflejan “una estrategia del Presidente Vicente Fox” -- como lo señala HRW – “para desligarse de la instancia que él mismo creó y evitar así reconocer la responsabilidad del Estado en delitos de lesa humanidad”.

6. Se anuncia la desaparición de la Fiscalía cuando no ha terminado con sus funciones para las que fue creada, denegando así el derecho a la justicia. No confundamos la incapacidad del Fiscal para concluir equivocadamente que esa instancia desaparezca y demos por sentada la impunidad.

En consecuencia de lo anterior consideramos necesario que:

1.- El Estado mexicano cumpla con su compromiso de informar sobre el destino de todas las personas que sufrieron desaparición forzada, y se le informe a la sociedad las circunstancias en que tales hechos ocurrieron. Los familiares tienen derecho de conocer la suerte actual o final del desaparecido y, en su caso, de que se le reintegren sus restos. La investigación histórica debe profundizarse hasta dar con el paradero de los que buscamos. Eso es posible solamente si se cuenta con un fuerte respaldo político; de otra manera sería muy peligroso avanzar en esa investigación y, muy probablemente, inconducente.

2.- El Estado mexicano no deje en la impunidad los graves crímenes que documenta el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana 2006 que presentó el Fiscal como documento oficial, a pesar de que sea un documento censurado. Este reclamo se deriva del derecho a la justicia que es una cuestión impostergable. Se requiere de rehacer el proyecto ministerial con el apoyo de organismos que tienen experiencia en la materia y con la formación de un equipo verdaderamente profesional que se someta a continua formación para sacar exitosamente los casos.

3.- El Estado mexicano repare el daño y el honor de quienes dieron su vida al rebelarse contra la opresión y a quienes afectó en su integridad personal. Esta tarea es urgente. Los deudos se están muriendo en la desesperanza de que se haga justicia, de que se encuentre el destino de su ser querido y sin que tenga restitución alguna de los enormes daños que el Estado mexicano le infligió.

4.- El estado modifique las condiciones que propiciaron la rebelión y las que hicieron posible que el Estado actuara criminal e impunemente. La República necesita reconfigurar instituciones que deben de ser queridas por el pueblo y no su azote.

5.- El Estado haga un reconocimiento oficial pleno de los crímenes en que incurrió durante este periodo, que lo haga dignamente y que reconozca su responsabilidad.

6.- El Estado presente a la sociedad la verdad completa de lo ocurrido. Asimismo debe de poner a disposición la documentación que el equipo histórico recopiló. La sociedad mexicana tiene el derecho a la verdad.

7.- Se paguen a la brevedad los adeudos que la FEMOSPP tiene con sus trabajadores. Al no haberles pagado su sueldo les ha causado un daño enorme.

8.- Estado asuma oficialmente las responsabilidades que se derivan de los crímenes que se han documentado. La Fiscalía no debe de cerrarse sin haber cumplido con su cometido. Cerrarla significa un adelanto de una previsible denegación de la justicia. El nuevo Fiscal debe de provenir de una consulta seria con la sociedad civil, con la academia, con los afectados y con los organismos que han mostrado mayor sensibilidad a que se resuelva el problema de las desapariciones forzadas, del castigo a los culpables, y de poner en marcha la justicia transicional. El nuevo Fiscal debe convocar a la credibilidad y debe de tener fortaleza y respaldo institucional. No se le puede dejar a la deriva como la actual institución que anda naufragando desde hace buen tiempo.

9.- Sin toda esta plataforma de acción, difícilmente se puede llegar al perdón y a sanar las hondas heridas en nuestra sociedad. El Informe ¡Que no vuelva a suceder! tiene propuestas en todos estos ámbitos. Es importante que no se pierda la que pudiera ser última oportunidad del régimen para resolver el problema de la impunidad, de la reparación del daño y de mostrar que hay un interés genuino de lograr una justicia transicional, si es que la transición puede darse en las actuales condiciones.
Autores del Informe ¡Que no vuelva a suceder!
[1] Boletín 1479/06 del 18 de noviembre de 2006 de la PGR en que el Procurador anuncia oficialmente que el Fiscal le entregó el Informe
[2] La referencia al Informe histórico puede dar lugar a confusión ya que hay tres documentos: El Informe histórico a la sociedad mexicana 2006, que es el que el Fiscal Ignacio Carrillo Prieto subió a la rede de internet en el portal de la PGR el 18 de noviembre de 2006. El Informe ¡Que no vuelva a suceder!, que el Coordinador General del equipo histórico le presentó al Fiscal el 15 de diciembre de 2005. Y el llamado Informe filtrado que no es un documento unitario sino la integración de varios capítulos que estaban en distinto proceso de redacción; estos ‘retazos de informe’ forman parte de la documentación que el equipo histórico estaba elaborando para entregar el Informe ¡Que no vuelva a suceder! La Sra. Kate Doyle los obtuvo y los subió al portal del National Security Archives http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index.htm el 25 de febrero de 2006. Tras la aparición de estos archivos electrónicos varios periódicos del mundo recogieron la noticia y, el gobierno mexicano, en lugar de atender el fondo del asunto, se abocó al escándalo de la filtración y a perseguir a los autores del Informe ¡Que no vuelva a suceder!, culpándolos infundadamente del ilícito.
[3] La Recomendación 26/2001 es la única que la CNDH ha hecho a un Presidente de la República y fue en respuesta a esta que el 27 de noviembre de ese año se constituyó por decreto presidencial la FEMOSPP y se posibilitó la investigación del Informe Histórico. Correspondía pues a esta alta investidura dar cuentas a la sociedad de los avances y logros en la materia y asumir las consecuencias de los resultados de investigación.
[4] Cuando el Fiscal despidió al equipo histórico el 13 de febrero de 2006 lo hizo interrumpiendo una tarea importantísima que estábamos realizando, que incluía la elaboración física de expedientes por caso de las 644 desapariciones forzadas que el equipo histórico pudo acumular evidencias e incluso acreditar.
[5] El primer contrato que se hizo a los investigadores de septiembre a diciembre de 2004 la Fiscalía lo pagó a fines de abril de 2005; el segundo contrato que lo limitó al primer semestre de 2005 lo pagó en septiembre de ese año, nueve meses después. El trabajo realizado a partir del segundo semestre de 2005 y primeros meses de 2006 no lo ha pagado aún. En todo momento la Fiscalía escamoteó pagar el nivel debido de salario. A la muerte de uno de los investigadores, Luis Ponce, la Fiscalía no pagó siquiera los gastos para la funeraria ni para enviar sus restos a los familiares, tampoco pagó a la pequeña hija que dejó las compensaciones de ley a que tenía derecho su padre.