Versión taquigráfica del segundo encuentro sobre "La importancia de aclarar los delitos del pasado"

Carmen Aristegui: Vamos a dar inicio a este segundo encuentro que se ha organizado con todos ustedes, anticipándonos a lo que va a ser la presentación pública del informe histórico “Que no vuelva a suceder” con los resultados de investigación y las conclusiones de un grupo de profesionales, que ya conocimos a través de revelaciones en la prensa y que, esperemos, algún día de estos se de a conocer oficialmente. Este es el punto de referencia del encuentro al que nos convoca CENCOS, que agradezco mucho me hayan invitado.

Desde que se instaló la FEMOSPP se generó la idea de que se investigarían los agravios que se cometieron en contra de la sociedad mexicana, los crímenes que el Estado cometió para controlar los movimientos estudiantiles y sofocar la disidencia social. En lugar de crear una Comisión para la Verdad, el Presidente Fox creó la Fiscalía que se encargaría de perseguir la justicia y de reconstruir la historia que se le quiso ocultar a nuestro pueblo. El 15 de diciembre del 2005 el Fiscal tuvo en sus manos el informe histórico “Que no vuelva a suceder”, al que hacemos referencia, que le fue entregado por el equipo que realizó la investigación. El 23 de febrero se supo que una parte de este informe había sido filtrado y estaba disponible en una página web de una Universidad de los EU y en algunos otros medios de comunicación mexicanos. El gobierno mexicano no le ha restado validez a los datos divulgados, pero ha insistido en que la información contenida en este informe no es oficial, por lo que el Estado no reconoce aún los crímenes ahí señalados. La Presidencia de la República ha dado a conocer que el informe está a revisión, le han llamado ‘borrador’. La fecha para darlo a conocer ha ido variando, el fiscal se dio como fecha límite el 15 de abril, Sábado Santo; la Presidencia señaló que se daría a conocer el 22 de abril, una semana después que les fue entregado; pasadas esas fechas, se responde que ya pronto se dará a conocer.

El informe presenta los resultados de investigación en torno a lo sucedido del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, la guerra sucia en Guerrero y los movimientos armados. Son temas que tienen que ver con las desapariciones forzadas, el papel del ejército en el control de la disidencia social, la operación de las policías políticas, la subordinación de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo para ocultar y dejar impunes graves hechos delictivos. Los excesos del presidencialismo, en apariencia democrática, ejercía una dictadura o tiranía y era responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en contra de su propia población.

En vísperas de que el Estado asuma de manera oficial la historia que reconocerá estos hechos,
1.- ¿Cuáles serán las líneas básicas que nosotros debemos exigir que estén presentes en este informe?
2.- Al margen que se publique, ¿cuáles serían los escenarios que deben darse como consecuencia del reconocimiento de tales crímenes?, ¿Qué espera la sociedad del gobierno y de sí misma de lo que debería suceder, de existir una secuencia civilizada para asumir ese pasado?

Se pide a los participantes en este foro que fijen una postura, una definición en este debate. Que propiciemos la discusión en el momento previo en que, esperemos, el Estado mexicano asuma como propio, ya sea el informe ¡Que no vuelva a suceder!, ya sea con las modificaciones que el propio Estado pretenda hacer. En todo caso, urge es saber cuál es la postura, sí la va a haber, por parte del gobierno de Vicente Fox en este tema.

Miguel Concha iniciará esta serie de presentaciones. El es el Director del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Nos acompañan también Julio Mata, Director de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México; Jesús Ramírez Cuevas de La Jornada, y Pablo Tasso, del equipo de investigadores que elaboraron el Informe.

Miguel Concha tiene la palabra para iniciar este debate, esta discusión, Adelante…

Miguel Concha: En primer lugar agradezco a los compañeros y compañeras del Centro Nacional de Comunicación Social su invitación a este debate. Me siento muy honrado. Estoy muy contento de que esté aquí Julio Mata, Pablo Tasso, Jesús Ramírez y que modere nuestra mesa Carmen Aristegui. También me siento muy honrado de que este aquí Doña Rosario Ibarra de Piedra y las madres de los desaparecidos y desaparecidas que todavía se siguen reclamando, con toda legitimidad y justicia, y que todo esto no quede en la impunidad.

Voy a comenzar haciendo un breve repaso histórico desde la perspectiva de las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos. Ustedes recordarán que en el año 2000 las organizaciones de derechos humanos elaboraron una agenda mínima, que presentaron entonces a todos los candidatos a la Presidencia de la Republica. En esa agenda, el primer reclamo presente es el derecho a la verdad, porque desde la perspectiva del derecho internacional, de los derechos humanos, ese es un reclamo fundamental. El derecho a la verdad.

Yo quisiera a ese respecto, retomar algunos párrafos del informe que presentó Human Rigths Watch, hace apenas 15 días, sobre el cambio inconcluso, los avances y desaciertos en derechos humanos durante el gobierno de Fox. Allí le dedica una parte a este asunto de la impunidad, de los crímenes del pasado. Este informe dice allí claramente: ‘Además de la obligación de investigar y enjuiciar, los Estados tienen la obligación de informar al público sobre las violaciones ocurridas. Esta obligación se deriva también, en parte, del deber de los Estados de prevenir futuras violaciones, tal como ha firmado la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Cita: “Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.” Y luego vienen una serie de citas del Comité de Derechos Humanos de la ONU que, también, establece este derecho a la verdad por el que el Estado está especialmente obligado a facilitar información a los familiares de las victimas de desapariciones forzadas.

El Comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas ha declarado que la angustia extrema infligida a los familiares de los desaparecidos los convierte también en victimas directas de violación. Al no informar a los familiares sobre el paradero de los desaparecidos, el Estado deja de cumplir con sus obligaciones básicas. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia ya de tipo judicial cuya competencia ha sido reconocida por el gobierno mexicano, ha señalado que la obligación de los Estados –de ofrecer reparaciones a las victimas de los abusos-, se traduce en una obligación de facilitar información a los familiares sobre lo ocurrido con las personas desaparecidas.

Por eso nosotros les planteamos a los candidatos a la Presidencia de la República, el cumplir con este derecho de la sociedad, este derecho sobre todo de las victimas, y de las nuevas victimas que son los familiares de las victimas, de cumplir con este derecho a la verdad. En esa agenda mínima planteábamos este primer reclamo, el derecho a la justicia transicional que se da cuando la sociedad quiere, el pueblo quiere, dejar un régimen autoritario y quiere realmente construir y consolidar una democracia.

Pedíamos también el derecho a la justicia: Este deber de informar, de investigar las violaciones, debe ser entendido como un deber distinto al de llevarlas a juicio. Hay que investigar y, después, llevarlas a juicio. Y pone una cita de la Corte Interamericana: “El deber de investigar subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el supuesto de que circunstancias legitimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cual fue el destino de ésta y, en su caso dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con todos los medios a su alcance. Nosotros no reclamábamos estos derechos por un afán morboso, como muchas veces se ha dicho, por querer abrir heridas. De hecho, las heridas están abiertas en la sociedad, en las victimas y en los familiares de las victimas.

Tenía que haber verdad, justicia, reparación del daño y todo un rediseño de las instituciones de procuración y administración de justicia para que, efectivamente, se pudiera avanzar en una sociedad democrática, en un Estado democrático; que pudiera realmente haber, desde el punto de vista ético, una reconciliación verdadera. También quiero recordar aquí que, recién iniciados los trabajos de la Fiscalía, las organizaciones de derechos humanos hicimos varios encuentros sobre justicia transicional. Así se le ha llamado a esta tarea que en todos los países del mundo en donde se ha llevado a cabo y ha satisfecho verdad, ha satisfecho justicia y ha satisfecho la reparación del daño de alguna manera. No necesariamente desde el punto de vista económico, que muchas veces para las victimas y los familiares de la victima no es lo importante, sino una reparación del daño moral, ya que hay muchas maneras de llevar a cabo la reparación del daño. Y, después, una modificación de las instancias de procuración y administración de justicia.

Y siempre quisimos saber y preguntamos a la Fiscalía, ¡Siempre! desde que comenzó a funcionar en el año 2002, cuál iba a ser su marco jurídico nacional y su marco jurídico internacional, precisamente para que no se escabullera la obligación del Estado de cumplir. Y también a propósito de qué delitos va a consignar, ante quienes va a consignar –ante tribunales militares pues va ser una tarea pues muy perdida-, sino ante tribunales civiles. Desgraciadamente sentimos que todos esos reclamos, todas esas exigencias no fueron debidamente tomados en cuenta y, pues no hay resultados.

Pero ciertamente hay este Informe. Human Rigths Watch, en su reporte que presentó hace 15 días expresa esto, que yo comparto: “Quizá el logro más sustancial de la Fiscalía Especial, además de las consignaciones y el fallo favorable de la Suprema Corte, que dijo que el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio-secuestro, es un delito continuo –aunque la Fiscalía Especial no consignó por desaparición forzada cuando, desde el punto de vista de Human Rigths Watch y desde mi punto de vista podía haber consignado por la desaparición forzada, porque hay razones de tipo legal que avalan la desaparición forzada-. Pues quizás, dice, “el logro más sustancial de la Fiscalía Especial ha sido la elaboración de un ambicioso borrador de Informe sobre la historia de los crímenes que están siendo investigados.” Dice, “el informe preliminar sistematiza la nueva evidencia obtenida en los archivos secretos abiertos por Fox en el 2002, y la complementa con las declaraciones de testigos nuevos y previos para construir, de esta manera, la crónica más detallada hasta la fecha sobre el rol del Estado y en particular de los militares en numerosas atrocidades contra los derechos humanos. Este informe preeliminar es, en sí mismo, la evidencia más clara de que la Fiscalía Especial podía haber hecho mucho más.”

Según su autor principal, que es José Sotelo –está presente aquí y nos acompaña-, el informe contiene apenas una pequeña fracción de la información que habría recabado si se hubiera realizado una investigación más rigurosa. A pesar de ello, el informe revela que existe una gran cantidad de evidencia en los archivos del gobierno que implica a exfuncionarios y oficiales militares. Un volumen de documentación que nunca existió en países como Argentina y Chile dónde los agentes del ministerio público han sido capaces de procesar muchos crímenes similares. Dado el tipo de evidencia que actualmente se encuentra disponible, México debería lograr avances similares en la promoción de la rendición de cuentas por los abusos a los derechos humanos cometidos en el pasado. Y eso aquí se recoge. Desgraciadamente para la elaboración de este informe hubo condiciones, circunstancias que en primer lugar entorpecieron mucho un trabajo más amplio, porque llegaron sin clasificar completamente del AGN todo lo que eran los archivos de la Dirección del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, y los archivos de la Presidencia, todo eso complicó muchísimo la cosa. Luego, los archivos que llegaron de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron con muy mala clasificación. Eso ya dificultó mucho el trabajo, no era suficiente personal y no contaban siquiera con recursos económicos para poder realizar una investigación más amplia. A pesar de todo, lograron una investigación muy importante ¡Muy importante! El gobierno de Vicente Fox tiene la obligación de informar oficialmente sobre esa investigación, en primer lugar a las victimas y a los familiares de los desaparecidos y desaparecidas, y a la sociedad en su conjunto.

Ellos hablaban de que van a debelar, nosotros hablamos de que tienen que informar. Ellos hablan de que iban a debelar a la sociedad, no el resultado de la investigación histórica. La fecha ha venido posponiéndose, quizás estén esperando que pase el periodo electoral. ¡Ojalá! No sea que están tratando de hacer otro informe ‘a modo’. Lo que necesitamos ciertamente, como sociedad, es que no se haga un informe ‘a modo’. Los mismos investigadores han dicho que este informe está incompleto, pero está incompleto por lo que acabo de decirles y porque la Secretaria de la Defensa Nacional no colaboró como se esperaba que colaborara y, luego también, porque muchas víctimas o víctimas de desaparecidos encontraron entorpecida su labor de investigación por acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya Julio Mata nos contará como al mismo tiempo que la Fiscalía iniciaba sus trabajos de investigación en Guerrero, pues la Secretaria de la Defensa Nacional también iniciaba la suya en lugar de colaborar con la Fiscalía Especial. Ellos hacían la suya, atemorizando con ello, intimidando con ello ‘de facto’ a posibles testigos.

El gobierno mexicano tiene detenido el Informe, pero no es porque lo que se haya investigado no sea cierto, no es porque no esté sustentado en la investigación que, con la escasez de recursos y en la precariedad de circunstancias de investigación, pudo realizarse. El reporte de Human Rights Watch dedica una parte enorme a este informe del que estamos hablando y le titula Informe Histórico. “Este borrador de informe” dice, “es importante por dos motivos: en primer lugar contiene nueva evidencia obtenida de los archivos secretos abiertos.” Aquí sí lo pone entre comillas, porque ya les dije cómo fueron abiertos por Fox en el 2002, incluyendo documentación procedente de los archivos militares que habían sido completamente inaccesibles en el pasado. Durante años la única evidencia disponible sobre estos abusos fueron los testimonios de las víctimas y de sus familiares, trabajosamente recopilados por grupos locales de derechos humanos. Y dice: “el informe fue más allá de lo proveniente de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad e incorporó documentos de las propias fuerzas militares que brindan información detallada sobre operaciones militares en Guerrero, cuando ocurrían las desapariciones, así como pruebas claras de que los militares regularmente detenían civiles.” En fin, claro que hay tareas pendientes, ciertamente, pero yo comparto la opinión de Human Rigths Watch, y del mismo director de las investigaciones que ha dicho que todavía queda como un 80% por investigar. Pero, por lo menos, tenemos un 20%, y tenemos derecho a saber qué fue de nuestros desaparecidos, que es un derecho a la verdad, un derecho humano, y que el Estado cumpla efectivamente con sus obligaciones de investigar.

Las organizaciones civiles de derechos humanos seguimos con este reclamo que les hemos estado entregando a los candidatos a la Presidencia de la República. A los candidatos al Congreso les hemos estado dando una serie de propuestas para que las asuman. Por cierto no han hablado. Allí tenemos aún los delitos del pasado, el acceso a la justicia y a la verdad. Una cuenta pendiente del Estado mexicano. El poder ejecutivo deberá mantener, perfeccionar y crear espacios plurales de diálogo con la sociedad civil para encontrar, conjuntamente, opciones viables para la prevención, investigación, sanción, reparación del daño para las victimas o sus familiares dentro de su obligación de generar la verdad, reconstruir la memoria histórica nacional, dar justicia integral y con ello recobrar la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno y fortalecer el estado de derecho en México.

El reporte de Human Rigths Watch propone también una serie de cosas que yo quisiera aquí recordar rápidamente y en las que estamos de acuerdo: Crear una Comisión de la Verdad pensando, primero, en que conozcamos el Informe con los hechos que encontró en la investigación y no reelaborado ‘a modo’; es decir, que se cumpla con esto de que vamos a debelar lo que sucedió y no ‘elaborado a modo’, porque luego dicen: No está bien porque está incompleto. Pues ya lo sabemos que está incompleto; pero eso que está ahí no es porque no esté avalado, fundamentado, documentado sino porque fue lo que se encontró.

Un último paso crucial para la conciliación de los esfuerzos pendientes a procesar estos casos consiste en establecer una Comisión de la Verdad provista de los recursos, con la especialización e independencia necesaria para avanzar en las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial. Entonces, dada la enorme cantidad de información disponible en el AGN y la dificultad de rastrearla, la labor requiere de un equipo de investigadores de primera línea, provistos de los recursos, experiencia y especialización necesarios, porque se requiere esa calidad científica. De acuerdo con el director del equipo, la documentación de la Fiscalía Especial es material explosivo y requiere ser manejado con sumo cuidado, por eso se habla de una Comisión de la Verdad con características especiales, de profesionales. Varios periodistas que han trabajado extensamente sobre estas cuestiones rebelaron a Human Rigths Watch que creen que existen ex-militares y otros funcionarios que estarían dispuestos a suministrar información que se encuentra en su poder –por ejemplo expedientes de archivos personales- pero solo si tuvieran la certeza de que los destinatarios respetarían, por un lado su confidencialidad, y por otro harían un buen uso de la información. El buen uso es el derecho a la verdad y a la justicia.

La Comisión de la Verdad deberá ser un órgano independiente, no partidario, integrado por expertos, personas prestigiosas. Se le deberán asignar los recursos necesarios para que sea capaz de llevar investigaciones exhaustivas y justas. Se le debería exigir que opere con total transparencia. Se le debería conferir la facultad legal de obtener documentos y conseguir la cooperación de otras instituciones gubernamentales, por lo que habría que pensar en que esta Comisión de la Verdad fuera establecida por el poder legislativo. La Comisión de la Verdad no debería ser concebida como un sustituto de los juicios. No. Su objeto debería ser complementar la labor realizada por los agentes del Ministerio Público a cargo de estos casos, específicamente cuando obtenga evidencia incriminatoria. Debería transferirla a las autoridades judiciales pertinentes.

Concluyo diciendo que hay un derecho a la verdad que no ha sido cumplido. Hay un derecho a la investigación que tampoco ha sido cumplido. Hay un Informe –con limitantes procesales y circunstanciales- al que la sociedad debe de tener acceso, sobre todo las victimas y sus familiares tienen derecho. Que no estamos esperando la debelación. Es a la información a la que se tiene derecho y esperamos que, efectivamente, no sea una ‘información oficial a modo’.

Los derechos humanos no se negocian. Yo quisiera recalcar eso. Nuestros políticos están acostumbrados a negociarlo todo. Pero los derechos humanos, sobretodo cuando se trata de desapariciones forzadas de personas, de torturas, de crímenes de lesa humanidad ¡No se negocian! Entonces, que no haya en esto un cálculo político porque es la sociedad entera en sus reclamos de estado de derecho y de democracia la que queda comprometida de nueva cuenta.

Carmen Aristegui: Gracias a Miguel Concha. Sólo agregaría un comentario a lo que ha dicho Miguel sobre este informe de Human Rigths Watch. En conversación televisiva que sostuve con su representante Juan Manuel Vivanco me comentó sobre sus encuentros con el Procurador General de la República y con el Presidente Vicente Fox. Uno de los puntos era sobre el destino de la Fiscalía, si desaparece o no desaparece. Han dejado esta Fiscalía Especial en un limbo informativo, literalmente en un limbo real. Lo que ha dicho Vivanco sobre su encuentro con el Presidente Fox y los demás funcionarios es que él, como representante de Human Rigths Watchs, les recomendó que la Fiscalía no desapareciera; que encontró que el gobierno asumía una especie de compromiso para no desaparecerla; eventualmente para adelgazarla, pero no para desaparecerla. Lo dejo ahí por si alguien tenía duda de qué pasará con la fiscalía, que creo que es uno de los temas en este momento a preguntarnos y a resolver. Han habido una serie de declaraciones erráticas sobre si desaparece o no desaparece. En fin, lo dejo ahí como dato en conexión con lo que nos ha dicho Miguel esta mañana.

Julio Mata, fuiste ahora mencionado por Miguel en una de las partes de su exposición. Como director de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México, tienes la palabra.

Julio Mata: Muchas gracias. Primero al CENCOS que nos hace la invitación y a todas las personalidades que aquí se encuentran. Soy Julio Mata Montiel, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Victimas de los Derechos Humanos en México, AFADEM.

Primero, abordaré el punto de vista de nuestra asociación en torno a la Fiscalía. Para nosotros el haber participado en este proceso de la fiscalía implica remontarnos al congreso que AFADEM tuvo en 1999 en Acapulco, Guerrero, en el cual se señalaba que en México no hay acceso a la justicia por todo el proceso que hemos venido llevado desde los años sesentas. Para nosotros era necesario que toda la sociedad mexicana conociera el mayor número de casos de desaparición forzada que existen en México y nosotros, en ese momento, manejábamos ya una lista de más de 1000 casos de desaparición forzada. En ese momento se acuerda, también, acudir a instancias internacionales por los casos de desaparición forzada. No definíamos aún si iríamos a la Comisión Interamericana o a la ONU. Posteriormente definimos que era la Comisión Interamericana de la OEA a donde se tenía que hacer la denuncia. Se inicia así el proceso de seleccionar algunos casos y dejar constancia de que en México no hay acceso a la justicia, de dejar claro que en ese momento no había siquiera una ley concreta que prohibiera este delito y se pudiera castigar.

Forma parte de nuestros estatutos el impulsar a nivel estatal, federal e internacional leyes especiales que protejan a toda la población contra la desaparición forzada. Nos dimos, entonces, a la tarea de impulsar la Ley Federal Contra la Desaparición Forzada, al igual que leyes estatales como la del Estado de Guerrero que impulsamos junto con otras organizaciones de derechos humanos y que se logró establecer el año pasado. También se está trabajando, a través de la Federación Latinoamericana, la Ley Internacional Contra la Desaparición Forzada. Ya hay algunos avances.

En relación con lo que comentábamos de nuestro congreso, el hecho de empezar a llevar los casos a la justicia internacional era dejar claro que en México no había la posibilidad de llevar a juicio a los responsables intelectuales y materiales. Empezamos a llevar casos en el municipio de Atoyac de Álvarez ante el Ministerio Público. Los agentes del Ministerio Público no querían siquiera aceptar el caso, porque buscaban en sus códigos y no existía el delito. Tuvimos que tomar el edificio de la agencia nada más para que nos aceptaran de recibido y nos sellaran el caso. Ese fue el primer paso que hicimos y después presentamos el primer paquete de 14 casos ante la PGR en el año 2000. Para entonces ya habíamos denunciado un posible cementerio clandestino en la población de Tres Pasos de Río, municipio de Atoyac de Álvarez. Cuando presentamos esos 14 casos se nos informa que la CNDH estaba nuevamente recopilando materiales para hacer un informe especial sobre desaparición forzada. Esto nos llevó a una discusión interna. Muchos compañeros decían que no teníamos que colaborar con la CNDH por ser una instancia oficial. Otros opinaban que sí, que ese proceso se tenía que llevar de forma que se pudiera dejar registro de los casos y que se fuera constatando que la población, que las organizaciones y que la gente estaba buscando, de todas formas, el acceso a la justicia; que se buscaran a todos los detenidos desaparecidos, pero que no era posible desde las estructuras estatales. Que no era posible.

Entonces acordamos colaborar con la CNDH, proporcionarle testimonios, acompañarla a las comunidades para que la gente también lo haga. Obtener testimonios de viva voz, buscar fotografías y las evidencias que se tuvieran. Finalmente, la CNDH rinde su informe y, por consecuencia, se crea la fiscalía.

Nuevamente discutimos al interior de AFADEM si se colaboraba con la FEMOSPP o en qué grado. Se decide que sí se colabora, pero con reservas, dejando claro que no creíamos que la Fiscalía fuera a investigar el paradero de los desaparecidos, que iba a ser una instancia que quería nada más hacer tiempo y maquillar el sexenio foxista, porque lo que realmente le interesaba eran los acuerdos internacionales para dar paso a la cláusula democrática con la Unión Europea y traer dinero a los empresarios nacionales. Sin embargo, quisimos dejar claro que la población y los familiares buscan el acceso a la justicia y que es la estructura estatal la que no permite ese acceso a la justicia, que no hay voluntad política de parte del ejecutivo. Por lo que se decide, nuevamente, que participamos. Hemos sido coadyuvantes en alrededor de 400 casos, la mayoría del municipio de Atoyac de Álvarez y de otros lugares como el DF, Oaxaca, Hidalgo y Chihuahua.

Este es, a grandes rasgos, el proceso que vivimos con la Fiscalía que ha sido muy duro para nosotros. La Fiscalía tenía todos los recursos económicos y nosotros sin recursos. Siempre nos hemos movido en base a nuestros propios recursos. La Fiscalía pagaba gente, ofrecía proyectos productivos a los familiares, les ofrecía becas, los iba jalando. En Atoyac nos dividió en diferentes grupos. Hicieron infinidad de campañas en contra de nosotros diciendo que nosotros obteníamos dinero de la Fiscalía, que nos daban despensas, que nos daban muchas cosas, lo cual nunca fue cierto. Nunca hemos aceptado nada. Ninguno de nuestros compañeros ha sido parte de la Fiscalía. Nos invitaron a formar parte del Comité Ciudadano, algunos compañeros decían que teníamos que entrar y otros, por cuestión de principios, decíamos que no, que no era posible. Nuestro asesor jurídico nos planteaba que él sí quería pertenecer. Nosotros le planteamos que si era así, que cortábamos definitivamente nuestra relación. Así se ha dado la relación del AFADEM con la Fiscalía. Nosotros no queremos que se diga que por nosotros no se llevó a cabo una buena investigación y que somos un obstáculo para que la Fiscalía haga su trabajo. Finalmente nosotros aportamos lo que se tenía que aportar para que hubiera registro del mayor número de casos.

Pero, ¿A dónde llegamos finalmente? A unos meses de que empezamos a presentar casos o rendir nuestros testimonios nos enteramos, a través de la prensa, que la Fiscalía ya le había entregado un legajo a la Procuraduría Militar. Nosotros nos inconformamos con la Fiscalía. Incluso le pedimos por carta al fiscal que él tenía que oponerse a que los tribunales militares ejercieran presión. No estábamos de acuerdo, en absoluto, con esa situación. Hicimos algunos trámites. Sabíamos que el ejército es un poder en México y que para nosotros era imposible impedir que se hiciera cargo de la investigación. Podíamos únicamente dejarlo de manifiesto. La Procuraduría Militar llevó militares como agentes de Ministerio Público al municipio de Atoyac. Hizo campaña. Alrededor de 10 o 15 familiares estuvieron yendo al Ministerio Público Militar. Nosotros nos opusimos. Incuso los medios de comunicación se manifestaron allí a nuestro favor, en la televisión en Atoyac salían cintillos que decían: AFADEM recomienda que ningún familiar debe de asistir a la Procuraduría Militar, no deben ir a ese ministerio público. Salían constantemente. Casi a diario salía alguna nota nuestra con esa recomendación.

Carmen Aristegui: ¿No crees que valdría la pena retomar lo que dijiste y completar la idea que Miguel Concha planteó cuando se refería a ti, y que ahora apuntas cuando dices que la Fiscalía le entregó al ejército legajos que ustedes mismos les dieron? Es decir, en vez de que la Fiscalía llamara al ejército a colaborar con ella, es la Fiscalía la que le entregó información al ejército. Miguel apuntaba que, en lo que se realizaban las investigaciones de la Fiscalía, el ejército hacía paralelamente sus propias investigaciones. Valdría la pena que ampliaras el tema que apuntó Miguel.

Julio Mata: La Procuraduría Militar nos invitó a que fuéramos coadyuvantes con ellos. Dijimos que no, no podíamos. Nuestro asesor es Enrique González Ruiz, fuimos a la Fiscalía Militar y nos negamos rotundamente a colaborar. Los invitábamos a que se salieran de la investigación. Se rieron, dijeron que no, que ellos tenían el derecho porque eran militares. Nosotros argumentamos que, de acuerdo a instrumentos internacionales, no tenía que ser de esa manera. Finalmente los militares siguieron con el procedimiento que habían iniciado. Hablaban de un listado de ciento cuarenta y tantos casos. Nosotros encontramos ‘errores’ en ese listado de ‘desaparecidos’ que tenían, ya que había unos 6 u 8 casos de gente de Atoyac que había muerto recientemente de muerte natural o que estaban vivos. Ese listado iba a servir solamente para justificar que los militares no habían hecho nada. Eso también se lo planteamos a la Fiscalía. El señalamiento iba a servir para descalificar a los militares. Pero no ocurrió nada.

Creo que de los 12 familiares que acudieron al Tribunal Militar, 9 siguen yendo todavía con la esperanza de que le den dinero, o de que le digan dónde está su familiar, a pesar de que se dio cuenta de que, igualmente, nada más los engañaron.

Carmen Aristegui: Yo les pediría en al parte final de la mesa y de la exposición, tratar de contestar con mucha puntualidad sobre el tema al que nos convoca el CENCOS en relación con la presentación del informe. Valdría la pena que queden específicamente claras y redactadas, en términos de una coincidencia, de qué sí es lo que se le debe de exigir al gobierno de Vicente Fox que contenga ese informe, que estamos suponiendo que algún día será oficial, cuando el Estado mexicano se pronuncie, pues. Y esperemos que como arrancó este sexenio pueda terminar con este tema. Si uno de los asuntos que Vicente Fox eligió para arrancar con esta noción fundacional de un gobierno de la transición y de la alternancia, tiene que ver con este tema, hay que exigir, por lo pronto, que lo cierre con lo que tenga, que es este Informe y lo que en el camino venga.

Creo que, como parte básica de este encuentro y de esta serie de reflexiones y de discusiones, es el definir qué es lo que obligadamente el Estado mexicano tiene que reconocer en esa materia, a raíz de lo que han dicho todos ustedes. Le doy la palabra esta mañana a Jesús Ramírez Cuevas del diario La Jornada.

Jesús Ramírez Cuevas: Sí, gracias. Yo creo que es muy importante este debate que abrió el borrador del informe de la Fiscalía Especial. En la medida en que está resarciendo una deuda histórica del país, de la nación en su conjunto y no solo del gobierno, en relación al reconocimiento de la verdad de lo que ocurrió durante las últimas tres décadas, y básicamente durante finales de los años sesentas y durante los años ochenta.

El informe tiene la virtud de que con información oficial, con los archivos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, de la DFS y otros cuerpos de seguridad, se puede documentar –hay la información suficiente- para poder comprobar la existencia de una política de Estado de represión sistemática en contra de la disidencia política, sea ésta armada o disidencia social. Me parece que el informe logra este cometido. Logra conjuntar una serie de elementos que permiten hablar de una política de Estado, de que se aplicó terrorismo de Estado y, sobretodo, que el propósito del informe –eso sea quizás lo más valioso-, se elabora desde una instancia oficial del Estado mexicano que reconoce por primera vez, si es que lo asume la Fiscalía y el gobierno del Presidente Fox, que se cometieron crímenes de Estado, que hubo crímenes de lesa humanidad y que el Estado es el responsable de todos estos delitos. Esa es la importancia central del Informe. Por eso, leyendo los signos que tenemos a nuestro alcance –más allá de las declaraciones públicas que haga el presidente Fox ante instancias internacionales de derechos humanos-, vemos que no hay voluntad política en los hechos ni para hacer justicia, ni para asumir la verdad histórica. Conforme a los tiempos políticos del régimen, a unas semanas de las elecciones, ya debería haber tomado cuando menos alguna posición respecto a lo que el Informe contiene. Por otro lado vemos que el poder judicial ha tomado una serie de decisiones, junto con el Congreso que cambió ciertos delitos en el código penal, que permitieron la liberación de gente responsable de crímenes durante la guerra sucia. Vemos pues que el actuar del Estado, en sus diferentes instancias, contraviene a este propósito de hacer justicia y de reconocer la verdad.

Creo, también, que el Informe logra condensar el esfuerzo de la sociedad por lograr esta verdad y esta justicia. Conocemos la verdad oficial sobre lo que ocurrió y sabemos que dicha verdad oficial encubrió la verdadera actuación del Estado y las diferentes instancias del Estado en estos crímenes. Vemos por el otro lado el esfuerzo que la sociedad ha hecho en las últimas décadas por conocer la verdad. Tenemos una deuda con los familiares que han mantenido no solo como un asunto personal, sino como un asunto central de la lucha por la democracia, el reconocimiento de lo que ocurrió en esos años, y sobretodo –que eso es uno de los pendientes más importantes de este informe- cuál es el paradero y lo que le ocurrió a los desaparecidos. Ese es un pendiente. La Fiscalía no permitió que se terminara con esa labor que es central. Sabemos por el Informe, o borrador con información oficial, que se cometieron crímenes en contra de ciudadanos que no sabemos dónde están, pero que quedaron en manos de instancias oficiales, cárceles, cuarteles militares. Eso es algo que me parece muy importante. Es un trabajo producto del esfuerzo de los investigadores que, a contrapelo de la propia Fiscalía como ellos han narrado, sin contar con elementos mínimos de trabajo y ni siquiera con acceso a ciertos expedientes que la Fiscalía ha restringido su acceso para llevar los casos. Encontramos una contradicción, una especie de esquizofrenia, en la que este gobierno está. Algunos personajes relacionados con las fuerzas de seguridad o relacionados con los gobiernos anteriores hablan de que no se pueden abrir las heridas del pasado por un afán de venganza. La venganza es un asunto personal. Hacer justicia es un asunto de la sociedad, de la colectividad. Nuestra Constitución nos impele a hacer justicia cuando se comprueban los delitos.

Un elemento que no podemos soslayar es que el gobierno federal adoptó la legislación internacional en materia de derechos humanos y los partidos en las cámaras pusieron los candados que impiden que hoy se pueda juzgar por la legislación internacional a los responsables de los crímenes del pasado. Esos elementos tienen que ser parte del balance que contenga el Informe. Si esta verdad histórica no se asume desde el Estado quedará como una verdad de la sociedad. Los criminales han sido juzgados por la opinión pública, por los familiares, por los organismos de derechos humanos, que han documentado durante muchos años la actuación de las fuerzas de seguridad. Ahora falta que el Estado asuma su responsabilidad. Mientras no la asuma, esa herida seguirá abierta y seguirá siendo un pendiente de la democracia mexicana.

Algo muy importante que señalaba el Dr. Miguel Concha es que, mientras el Estado no reconozca oficialmente la existencia de esos crímenes y la actuación de una política sistemática de violación a los derechos humanos, se van a seguir repitiendo eventos –como los más recientes de Sicarsa en Michoacán o de Atenco- y la impunidad con que la policía actúa en esos casos. Hoy seguimos discutiendo de qué manera sancionarlos, porque no se han establecido mecanismos que permitan a la sociedad obligar a sus autoridades a sancionar a los agentes de policía que cometen delitos y que violan los derechos humanos. Parte del saldo pendiente lo estamos viviendo hoy como una realidad, porque no hay forma de sancionar a los responsables de la represión, a pesar de que hay evidencias, testimonios de la gente y de la prensa. Se escabullen por cualquier recoveco legal.

También creo que hace falta una Comisión de la Verdad. La labor de la Fiscalía se ha centrado en el aspecto legal y jurídico, con todos los defectos y con toda la falta de voluntad, porque vemos que no hay voluntad para castigar a los responsables. En las investigaciones ministeriales no se les acusa del delito de desaparición forzada –que es central para poder relacionar todos los delitos-, sino de secuestro o privación ilegal de la libertad que son delitos individuales. El hecho de que no se utilicen las figuras adecuadas también impide, en el nivel jurídico, asumir que se trató de una política de Estado. Ese es otro pendiente del informe de una Comisión de la Verdad. El congreso debe hacer una ley por el reconocimiento de la verdad histórica, que no sólo faculte a una comisión a investigar en los archivos, sino que obligue a la SEDENA a que abra sus archivos, porque lo que entregó son solo las migajas de lo que tienen. El ejército tiene los informes de las actuaciones del personal militar que actuó en los operativos, de la gente que fue detenida por ellos. Los informes o los partes militares que la SEDENA hizo llegar al AGN hablaban de ‘paquetes’ para referirse a la gente detenida y la labor de los investigadores fue descifrar lo que eso significaba. Entonces, esta labor de espeleología sobre el lenguaje militar, y el metalenguaje que utilizan para encubrir la verdad, fue también una labor muy importante de los investigadores. La documentación que nos permite acceder a esa verdad existe, el ejército la tiene, las bitácoras de los vuelos, la bitácora de los detenidos y la comprobación de cómo operaron las cárceles clandestinas en las que se convirtieron sus cuarteles militares, las instalaciones policíacas o las casas de seguridad que rentaron con la DFS. Ellos tienen toda esa información y tiene que conocerse toda esa verdad.

El Congreso debe mandatar a una Comisión de la Verdad que tenga la autoridad moral, que cuente con el profesionalismo y el consenso de las diferentes fuerzas; pero, sobretodo, con el compromiso de llegar hasta el fondo de las cosas. Esa misma comisión, o el mandato legislativo o legal que tenga, deben relacionarse con un mandato jurídico. Que los resultados de su investigación y conclusiones tengan consecuencias legales, porque podemos tener la verdad por un lado y la impunidad por el otro. En este país la impunidad es la simiente, el germen y la cadena de violencia que vivimos hoy en día. Entonces, si se quiere establecer un estado de derecho democrático, tenemos que empezar por juzgar a todos los responsables de delitos y de crímenes de lesa humanidad; es decir, a todos los servidores públicos y todos los funcionarios relacionados con ello. No se puede equiparar la violencia social, de un grupo, o de un sector –así sean delincuentes-, con la violencia aplicada por el Estado. La violencia desde el Estado se aplica a nombre nuestro, a nombre de todos los ciudadanos. Una parte que le falta al Informe y que debería asumir una Comisión de la Verdad es la responsabilidad social en estos crímenes, porque también hubo complicidad y silencio de la sociedad mexicana, hubo complicidad de los medios de comunicación de callar o de dar a conocer la verdad oficial a pesar de que sabían que había otra verdad de lo ocurrido.

Se tiene que hacer un balance general que incluya la responsabilidad de las fuerzas políticas y de todos los actores, porque es una manera de zanjar este momento, de que verdaderamente no se vuelva a abrir esta herida y que haya reconciliación. Sólo hay una posible. Se habla de que, por favor, con ánimo reconciliatorio tapemos ya el pozo y nos olvidemos de lo que pasó. Pero la única manera de hacerlo es, evidentemente, logrando que haya justicia, aunque sea una justicia simbólica, y que se juzgue a los responsables. Sabemos lo que está ocurriendo, por ejemplo en Argentina donde, incluso, se están abriendo los lugares de tortura como centros de la memoria, de museos para que la gente sepa lo que ocurrió, y se está recuperando la dignidad de las victimas; mientras que aquí, en México, estamos todavía discutiendo si lo que ocurrió fue verdadero o no, todavía relativizan el testimonio de las víctimas. ¿Qué nos podemos esperar si hay algunos almirantes que relativizan los testimonios de hoy en Atenco, que ocurrió hace unas semanas?, ¿Qué podemos esperar de lo que ocurrió hace treinta años?

Quiero felicitar al equipo que elaboró el informe porque, aunque falta mucho, es una crónica que avanza en el sentido correcto que es el conocer la verdad, abrir los archivos para encontrar cuál y de quien es la responsabilidad. Que los responsables también cuenten su verdad. No dicen lo que saben porque no han querido. Han hecho todo para no contar lo que hicieron y justificar su actuación. Busquemos, conozcamos y demos a conocer la verdad.

Carmen Aristegui: Muchas gracias Jesús. Dejamos para la parte final de estas exposiciones a Pablo Tasso que, como parte del equipo de trabajo de esta Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la Fiscalía, nos cuente lo que tenga que contarnos de este trabajo de investigación, de este documento que hemos conocido por la vía no oficial, “Que no vuelva a suceder”

Pablo Tasso: Para mí es un honor tremendamente inmerecido estar no solo en esta mesa, sino tener a cuatro madres de ‘desaparecidos’ entre el público.

Quiero, como recordatorio, volver un poquito atrás para ver hasta dónde o desde dónde la sociedad mexicana tiene que empezar a cicatrizar estas heridas. La locura, la falta de sentido, el sin sentido y la sin razón de una sociedad –y pienso un poco en Foucault-, tiene mucho que ver con la ruptura de la ley, con la ruptura del sistema jurídico, con la ruptura de un Estado, con la resolución autoritaria de conflictos, con la ausencia de consensos y de una lógica general. Dejar al margen de la ley a ciudadanos, enloquece. Un mundo que gira para unos, mientras que para otros se ha detenido en la tortura o en la desaparición, en un sótano, pero también en la eliminación de los derechos, en la imposición, ‘hace estallar las cuerdas’, como dijo Juan Rulfo.

Hay muchos datos que están fuera del informe y que voy a mencionar: María Ruíz de Flores enloqueció cuando secuestraron a su marido Juan Flores, en Las Palmas. Margarita Nava, de San Vicente de Benítez, apenas si quiso comer después de que desapareció su esposo Agustín Flores Jiménez; hoy tiene una embolia. Elvia Fuentes Organista, que ahora vive en La Remonta, no quiere recordar sus 15 años pero los recuerda, recuerda la música a todo volumen y los gritos de la tortura en Pie de la Cuesta…, gritos que también fueron suyos cuando fue torturada frente a su padre y vejada. Su madre, también torturada, Joaquina Organista vive rodeada de miedo sin poder caminar, atenta a los ruidos todos los días. Alejandra Cárdenas reconoce que habla porque, como pocos, ha podido ir al psicólogo… su relato desde una celda de 1.5m2 en el que había un escusado y varios presos -todos con diarrea todo el tiempo-, en la cárcel clandestina del ferrocarril, también llamada el trenecito en Acapulco. Apolonia, esposa de Aurelio Díaz Fierro, desaparecido de El Quemado, recibió la noticia del hermano del ex-gobernador del estado, Nogueda Otero, de que Aurelio había sido tirado al mar, que si quería llorar, que llorara, dijo. Ireneo Dorantes, de Valle Florido, recuerda lo último que su padre le dijo a su madre antes de desaparecer para siempre: ‘Vieja, ahorita regreso’. A su tío Albertano Dorantes lo colgaron de un árbol porque cuando lo detuvo el ejército opuso resistencia, los dos están desaparecidos. A Crecencio Alvarado, de San Juan de las Flores, lo interrogaron para ver si sabía de Lucio. Crecencio no sabía nada pero la tortura fue tan brutal que le chisparon los codos de tanto doblarlo y los muestra inservibles. Dice que, mientras lo torturaban, deseaba haber andado con Lucio. Sixta Albadilla, del Ticui, ya no tiene fotografías de su marido, Adauto Olea, desaparecido, de tanto que las repartió buscándolo. Han pasado treinta años y Sixta sigue vistiéndose de negro todos los días. Antes de ser detenido por el ejército, Adauto le dejó diez hijos que Sixta mantuvo lavando por fuera. María Argüello es hija de Francisco Argüello, desaparecido, dice que dicen que a su papá lo enterraron en el Puerto de Vela con una mano afuera, fue novia de Prisciliano Mojica a quien el ejército le quebró las piernas a balazos, antes de darle el tiro de gracia, en Agua Zarca en 1974.

¿Por qué habrían de olvidarlo? O, mejor, ¿Cómo podrían olvidarlo? Tenemos que entender el carácter paradójico del olvido y de la memoria para entender que estos crímenes están más allá de la agenda mediática de una sociedad atormentada por el consumo.

‘Entre charcos de sangre no se puede avanzar a la democracia’, dijo hace una semana en esta mesa el general José Francisco Gallardo; pero, es entre charcos de sangre que ha transcurrido la historia reciente de México y sigue transcurriendo. Y hay quien piensa que nuestro vicio más fácil, que es la negación, podría ser útil para sacarnos del atolladero del presente. La negación de un país dividido entre muy ricos y muy pobres, la negación de que solo a sangre y fuego, y entre charcos de sangre, puede construirse un país injusto pero habitado por hombres que se resisten a perder su dignidad. Los charcos de sangre son la consecuencia necesaria de una sociedad que garantiza la impunidad de unos y la desnutrición de otros. La negación del pasado, de un simple Informe, hecho sin recursos. Sí, pero dentro de un gobierno. Pero la razón por la que estos charcos del pasado no pueden ser negados es todavía más sencilla y contundente que la memoria en la cabeza de las víctimas. Afrontar la historia violenta del país, castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad es un eslabón ineludible de la construcción de un país civilizado.

No existe globalización capaz de negar estos crímenes, aunque así parezca. No existe crecimiento económico que pueda tapar el dolor de Sixta, de Apolonia, de Irineo, de las madres presentes y de todos los que conocemos esta historia.

Desde el gobierno de Vicente Fox –y hay que denunciarlo y decirlo-, se alientan voces que sostienen que no hubo, ni hay, desaparecidos en México, sino muertos. Lo había dicho antes Rubén Figueroa, ex-gobernador del estado de Guerrero en los setentas; lo había dicho antes en 1978 el ex-procurador Oscar Flores Sánchez: ni desaparecidos, ni presos políticos, ni Brigada Blanca.

Es importante aclarar una vez más por qué un desaparecido no es un muerto. Incluso para que lo entienda el Presidente. Un desaparecido es alguien a quien el Estado detuvo ilegalmente y lo negó al ocultarlo de sus familias, al sumergirlo en sótanos, cárceles clandestinas y campos de concentración –plenamente documentadas-; a quien el Estado negó, borrándolo de los archivos públicos, eliminándolo de entre su población –como si se tratara de una hierba que consideró mala-, del que no supimos más, excepto que estaba en manos de alguna entidad del Estado.

El Estado mexicano, que para muchos mexicanos apenas sirve para otorgar certificados de nacimiento y defunción; es decir, para demostrar la existencia de una persona, dispuso de una maquinaria para negar estos dos principales y raquíticos derechos. Sus funcionarios detuvieron y trataron a miles de personas en su condición de desaparecidos, desproveyéndolos de derechos, de vida, de nombre y de tumba. A los que, además, antes torturó como si exprimiera naranjas en un tianguis, aprovechándose de una sociedad atemorizada, quirúrgicamente desinformada y en algunos casos cooptada también.

La desaparición forzada fue aplicada a ciudadanos considerados enemigos; pero, ¿enemigos de quién? de un gobierno, de ciertos intereses, incluso de negocios particulares. Pero eso importa poco. No eran enemigos del Estado mexicano. En contra parte, el Estado fue utilizado por el gobierno para eliminar a los que consideró sus enemigos y, he ahí el problema de base: Ningún gobierno puede usar al Estado para que éste se ataque a sí mismo; es decir, para atacar y destruir a su propia población, parte constitutiva que lo compone, porque incurre en una traición que merece justicia, ahora sí, ejemplar.

Y ¿Por qué un Estado puede concebir la muerte, incluso a sangre y fuego en un enfrentamiento, pero no la desaparición forzada? Porque la desaparición forzada no solo supone el asesinato del ciudadano, sino la eliminación de todos los derechos del ciudadano; un crimen a la ciudadanía, una traición a todos los pilares del país, y por ello es considerado uno de los crímenes más graves, crímenes que le restan sentido a la humanidad… Estos son crímenes que le restan sentido a México. Cada día que se mantienen impunes el país se devalúa, sus instituciones se devalúan, sus funcionarios se devalúan, sus medios de comunicación se devalúan…, mucho más ahora que tenemos una idea cada vez más clara de lo sucedido.

Al obstruir y detener nuestro trabajo de investigación de manera imperiosa y violenta, el Fiscal Especial Carrillo Prieto, ha demostrado que su interés no es esclarecer el pasado, sino aparentar que busca castigar a culpables, mientras responsabiliza una y otra vez de sus fracasos a oscuros intereses que de tan oscuros no logra identificar. Detener la investigación es un paso hacia la impunidad, que hoy se encuentra avalado por instituciones superiores de gobierno. En esta situación los fracasos no parecen ya fruto de la impericia, estulticia o un segado afán de lucro, sino producto de la premeditación. El Fiscal Especial ha perdido el sentido de su trabajo y probablemente deba renunciar inmediatamente.

Por su parte el Presidente de la República debe presentar el informe cuanto antes y promover un proceso de reconciliación nacional. No hacerlo dejaría todo en manos de tribunales internacionales con un antecedente más en la lucha de un pueblo marcado por la cobardía de sus gobernantes.

Los caminos de México no son muchos. Uno es dignificar la labor del ejército, negándole labores de policía; dar cuenta cabal del destino de detenidos desaparecidos, sin permitir la impunidad; reparar, en la medida de lo posible, el daño causado a las más de diez mil victimas vivas de la guerra sucia; resolver la separación existente entre legalidad y justicia que impera hoy en el sistema jurídico, abrir completamente los archivos de todas las zonas militares del país, y profundizar la investigación sobre el paradero de esos desaparecidos. Otro, el sin sentido. La eterna revisión de charcos de sangre y la negación. Gracias.

Carmen Aristegui: Gracias, Pablo, por esta exposición. Damos paso a la gente que está en el auditorio para intercambiar puntos de vista, para seguir alimentando esta discusión y este debate. Creo que han puesto aquí los puntos de análisis con mucha claridad. Pablo en este momento, como partícipe del equipo de investigación, ha hecho señalamientos muy graves respecto a la tarea del Fiscal Especial. Eso de que los fracasos de la fiscalía no parecen producto de la impericia, sino de la premeditación, es algo que valdría la pena, si tienes oportunidad y ganas de hacerlo, ampliarlo. Porque, a final de cuentas, en el balance que se puede hacer respecto a lo que se hizo y no se hizo en esta Fiscalía está, justamente, el papel del propio Fiscal. Aquí se han dicho cosas muy importantes sobre la tarea de la Fiscalía, y esta última parte en donde sellas tu reflexión con un ‘debe renunciar’. ¡Él debe renunciar! Atendiendo no solamente al páramo de información oficial sobre el tema que tenemos en frente, sino a lo que acabas de señalar: una duda, una suspicacia, y ahora una afirmación tuya respecto al papel y la tarea del fiscal Carrillo Prieto.

Doy paso pues a dar la palabra al público. Si alguien quiere agregar, sumarse a la discusión, a las reflexiones… El doctor Sotelo, que está aquí en primera fila, y es el responsable de este grupo de trabajo de investigaciones. Hay también aquí otros investigadores de este informe que nos ocupa esta mañana y, por supuesto, queda abierta la discusión, el micrófono y la mesa a sus puntos de vista. Doctor Sotelo, no sé si usted quiera…

José Sotelo: La tarea fundamental, desde luego, de la fiscalía era dar cuenta de los detenidos desaparecidos. Para el equipo de investigación histórica este era el tema nodal de nuestra investigación y, de hecho, nos pararon en la maroma. Terminamos, justamente, la primera parte del informe en donde se acreditan más de 644 desapariciones forzadas por parte del Estado. Esto lo hicimos sin haber concluido con los expedientes que acreditaban las circunstancias de cómo habían quedado en manos del Estado porque, se nos dijo, las exigencias de la investigación exigían que ésta fuera rendida antes del 15 de diciembre. En esa fecha entregamos el Informe, teniendo la acreditación de estos casos, pero sin haber concluido con la elaboración de los expedientes físicos de los mismos. Enseguida nos dimos a la tarea de comenzar a trabajar esos expedientes.

Somos claros de lo que tenemos y de lo que falta. La investigación tenía que trabajarse en tres etapas. La primera era concluir el Informe. Este daría el marco oficial de que el Estado reconociera que habían quedado en sus manos. A partir de allí se podían dar los siguientes otros dos pasos de la investigación. La segunda etapa es la que estábamos implementando y que se interrumpió cuando corrieron a toda la gente de nuestro equipo. Estábamos trabajando en varias tareas, pero la más importante era abrir la información disponible y elaborar los expedientes de estos detenidos desaparecidos. Para nosotros, la tercera etapa es –sigue siendo- la fundamental, la central, la nodal, y consiste, justamente, en dar cuenta de que pasó con los detenidos desaparecidos. Sin embargo, si no se dan las dos primeras etapas de la investigación, es muy difícil que vaya a propiciarse la tercera. Hasta el momento nosotros ya tenemos claro y podemos probar que el Estado se quedó con muchas de estas gentes que han quedado desaparecidas.

Yo le comentaba a Doña Rosario, justo antes de empezar este debate, que sólo en el acervo que la SEDENA puso a disposición del AGN pudimos documentar más de 260 detenciones ilegales que ellos mismos reportan, de las cuales más de 80 terminaron en desaparición forzada. El propio ejército en sus archivos documenta estos crímenes.

Sabemos que podemos dar cuenta de dónde quedaron estas gentes, si nos permiten avanzar en las condiciones que el padre Miguel Concha ha señalado. ¿Por qué nos detienen, por qué? Es justamente en este mes de mayo que se dedicaron a enflaquecer, efectivamente, la Fiscalía. Pero, ¿Cómo la están enflaqueciendo? Ya nos echaron fuera a todos los del equipo histórico. La última persona que faltaba que es Doña Rosa María Ortega. Ella fue puesta ya disposición y termina su trabajo en la Fiscalía el último día de este mes. A partir de entonces no quedará nadie del equipo de investigación histórica en la FEMOSPP. ¿Qué va a pasar con esos archivos que no terminaron de espulgarse? ¿Por qué no nos permitieron terminar esos expedientes si, justamente, permitían sustentar los casos ministeriales? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado mexicano ha consignado solamente 17 casos, y mal fundamentados, cuando nosotros estábamos presentando 644 casos bien fundamentados? Es cierto, son distintas las exigencias de una investigación histórica que las de una investigación ministerial. No obstante es demasiada la brecha…

Las imputaciones que Pablo hace, en el sentido de que más que de una impericia pareciera ser un plan con maña… se ahondan, se agrandan. Deberían de explicarlo. No está en mí explicarlo, en mí está el señalarlo… ¿Por qué?…

El equipo que se dedicó a limitar el alcance de las acciones de esta Fiscalía fue el de Dictaminación Jurídica, que no quiso, que se opuso a que se consignara por el crimen de desaparición forzada, por lo que se consignó entonces por otros delitos, como privación ilegal de la libertad ¡No por el central! Es, justamente, al Director de esta área a quien le dieron nuestra investigación histórica para que revisara el Informe que elaboramos. Esa área cuenta con todo el aval del Fiscal y es la encargada de revisar, de manera inquisitorial, nuestros textos. Espero que, como dice Don Miguel, no sea que estén trabajando para hacer su investigación ‘a modo’.

La posición que yo asumiré es complementaria a la que Pablo Tasso ha presentado. Él nos ha mostrado la crudeza de la investigación. Una investigación absolutamente dolorosa. A mí me toca impulsar que el Estado asuma esa responsabilidad. Hace ocho días el mensaje que quise dejar claro fue, justamente, ese: No podemos permitir que una vez que algo se conoce desde las entrañas del Estado, el Estado renuncie a no dárselo a conocer a su pueblo. Sería un crimen, un crimen más. Implicaría, incluso, convertirse en cómplice…

Y con esto concluyo. Este Estado tiene dos opciones. O esclarecer y abrir los archivos que faltan, y permitirnos llegar a saber y determinar qué fue de éstas gentes desaparecidas que él mantuvo en su poder. Le queda sólo esa opción, o convertirse en cómplice. Se está llegando al punto en que es la segunda alternativa es la que el Estado está a punto de tomar. Yo llamo al Presidente Fox, porque ya al Fiscal ya no me interesa dirigirme, para que actúe como Jefe de Estado, para que reconozca esta situación y para que de cuenta de estas injusticias.

Carmen Aristegui: Gracias doctor Sotelo, Miguel…

Miguel Concha: Creo que hay poco que agregar a las palabras de José Sotelo. Esa tarea no es de él únicamente sino, como también decía Jesús Ramírez, es una tarea de muchos de nosotros y de muchas de nosotras…

Se ha dado una impresión fundada de que, desde el punto de vista judicial, la Fiscalía ha manejado los casos precisamente para que no haya justicia. Y en esto hemos coincidido Julio Mata, Jesús, Pablo y yo. Por ejemplo, incluso después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, motivada por una actuación misma de la Fiscalía –sobre el hecho de que la privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro es un delito continuo que no termina hasta el momento en que se sabe cual es el paradero de la victima-, el informe de Human Rights Watch dice claramente que la Fiscalía, con base en esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia podía perfectamente haber consignado sobre desaparición forzada de personas, a pesar de que de una manera aberrante el Senado de la República haya establecido que la Convención Internacional sobre el caso comienza a tener vigor en el país desde el momento en que es ratificada. Si es un delito continuo, la Convención misma se aplica perfectamente. Incluso con esa aberración, se aplica. Pero entonces, el Fiscal consigna por otro tipo de delitos aduciendo que: porque los jueces no están capacitados para entender esos crímenes de lesa humanidad; que porque era muy posible que rechazaran la consignación. Entonces, ¿Dónde está la voluntad de justicia de la Fiscalía para trabajar en su consignación ante los jueces? Es un ejemplo…

El otro es el asunto del genocidio que fue por lo que consignó los expedientes de los crímenes cometidos en el movimiento estudiantil de 1968 y 1971. El informe de Human Rights Watch muestra que consignar por ese delito como consignó el Fiscal no lleva a nada. No lleva a nada porque, cuando se discutió precisamente el caso de genocidio, no se incluyó expresamente a los grupos políticos. Fue una discusión larga a nivel internacional para excluir a los grupos políticos. Se incluyó a los grupos nacionales, a los grupos étnicos, en fin, a los grupos religiosos pero, expresamente, se excluyó el grupo político. Era muy fácil tirar ese tipo de consignación.

Y lo último que quiero decir para mostrar un poco la falta de voluntad política. En el año de 2004 un equipo de especialistas de Human Rights Watch vino a investigar cómo se estaban llevando a cabo las investigaciones ministeriales y sugirió al ejecutivo que estableciera un equipo técnico de especialistas en derecho –en derecho mexicano y en derecho internacional-, para que se pudieran hacer las consignaciones de manera debida y no se encontraran con esos obstáculos que interpuso el poder judicial. Fue una recomendación clara, explicita, razonable. Nunca el gobierno federal, el ejecutivo, estableció tal equipo. Entonces, sí es realmente muy lamentable, es indignante que, desde el punto de vista ministerial, no se haya llegado a nada. Ya vimos que acaban de dejar libres a los tres principales consignados. Ya los dejaron libres por falta de méritos. ¡Por falta de méritos! Y las resoluciones que están pendientes, no se han acabado de resolver. Hay algunas por ahí que están pendientes en el juzgado, pero no acaban de resolverse.

Entonces yo me sumo al reclamo de José Sotelo de que, efectivamente, ya lo peor que podría pasar es que el informe, este informe que nos ocupa ahora, pues ya resultara que es un informe que no vale, porque efectivamente no hay un compromiso realmente con la sociedad y con los derechos.

Carmen Aristegui: Gracias Miguel, Aquí han dejado algunas cuestiones importantes para definirse. Una tiene que ver con crear o no una Comisión de la Verdad.

Yo he observado algunas de las reacciones de Rosario, de las madres que están aquí enfrente cuando se mencionó el concepto de Comisión de la Verdad. A mi me gustaría, para alimentar este debate y esta discusión, saber qué piensan de los planteamientos que hacen aquí nuestros colegas de mesa, particularmente del Jesús Ramírez que planteó que debe crearse una Comisión de la Verdad, que el Congreso faculte esta Comisión y obligue al ejército, por mandato legislativo, a ofrecer sus archivos y la información que tenga, y que se cree una Comisión de la Verdad con figuras de consenso, reconocidas. ¿Que les dice esto a ustedes? ¿Alguien quisiera comentar esto? Celia, Rosario, algún punto de vista… Rosario, sé que has hablado mucho pero queremos oírte…

Rosario Ibarra de Piedra: Gracias por habernos invitado. Nosotros veníamos nada más a escuchar, pero ante una pregunta como la que hace Carmen no nos queda más que decir algo. Nosotros hablamos con todas las personas que han sufrido lo mismo que nosotros. Con gente de Guatemala, de Argentina, de Sudáfrica, con todo mundo… y quedaron horrorizadas de las Comisiones de la Verdad. No quieren saber nada. No están de acuerdo con lo que ahí pasó, con esas terapias de grupo, con esas crueldades de enfrentar a victimas y victimarios, con esas cosas tan espantosas. Y nosotros tomamos o escuchamos la voz de la experiencia, de todas ellas que han sufrido el dolor intenso que hemos sufrido nosotros. No confiamos en muchas comisiones de la verdad porque hay personajes muy respetables que hablan muy bien de lo que son los derechos humanos y, a veces, andan buscando la oportunidad para ser parte de esa Comisión de la Verdad y, a la postre, acaban siendo –perdón por la expresión-, ‘paleros’ del gobierno, de los malos gobiernos, y dando una verdad espantosa que más lacera a las victimas de todo esto, que somos los que hemos sufrido la ausencia.

Nosotros pensamos que la justicia en este país está secuestrada, que está desaparecida al igual que nuestros familiares desde hace muchísimos años. Desde que iniciamos la lucha, cada una de nosotras. Celia el 74, yo el 75, Priscila el 78, Luz el 78. Empezamos a luchar luego luego por nuestros familiares y por todos los que vinieron detrás y por todos los que nos precedieron. Por los medios jurídicos. Fuimos a dejar la denuncia, a levantar el acta a todas las procuradurías que no sirvieron absolutamente de nada. A veces nos daban las denuncias selladas de recibidas y de alguna manera echaban a perder el sello de la procuraduría. Fuimos con todos los procuradores, desde Ojeda Paullada y todos los demás que ¿Para qué los menciono? Oscar Flores Sánchez y todos dijeron que iban a cumplir con su deber. El más cínico fue Ojeda Paullada que nos decía: “Yo no tengo a su muchacho… lo tiene él”, y con la barbilla me señalaba a Luis Echeverría Álvarez. ¡Qué capacidad de Procurador, qué independencia, qué cinismo! Y así todos.

Durante 18 años fuimos a Naciones Unidas y nos desesperamos de ver como sufríamos nosotros y con nuestro sufrimiento ellos disfrutaban de altos puestos. A la Corte Interamericana no hemos ido porque la preside Sergio Ramírez que, cuando fue Procurador General de la República, se burló de nosotros. Cuando una compañera de Sinaloa le dijo que había visto a su hermano que lo traían en la calle unos militares y unos policías, me dijo: “Doña Rosario, es una ilusión amorosa de la joven.” ¿Cómo vamos a creer en la justicia mexicana? Y ahorita, cuando ya se va Vicente Fox, cómo vamos a creer que haga algo él que hizo pacto desde un principio cuando estuvo en el campo militar de Santa Gertrudis Chihuahua. Hizo lo que ningún Presidente civil había hecho, vestirse como militar y ponerse todos los símbolos del rango de comandante supremo de las fuerzas armadas. Salió hablando bellezas del ejército mexicano. Desde ahí supimos nosotros que Vicente Fox pactó con esos criminales del pasado y nosotros no creemos que Vicente Fox vaya a hacer nada. El doctor Sotelo dijo una frase que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, la Fiscalía fue ‘plan con maña’. ¡Plan con maña! Desde un principio fue premeditado como dijo aquí el compañero. Fue premeditado lo que hicieron para engañar a la gente.

A mi me detienen en la calle y me dicen: “¡Ay Doña Rosario! Qué bueno que ya están arreglando lo de su hijo. Qué bueno que ya están trabajando los del gobierno por los desaparecidos.” Es el engaño burdo. Y nosotros nos negamos a ir a esa Fiscalía fraudulenta. Y lo que me duele, me duele mucho, y lo quiero decir, es que aquí hay gente presente que estuvieron colaborando en esos expedientes y en todo eso que decía aquí el compañero. Compañeros que estuvieron presos. Ahí está José Luis Moreno. Ahí están otros compañeros que estuvieron dentro del Comité y que nunca se acercaron a nosotros a decirnos el trabajo que estaban haciendo. No sabíamos que estaban ahí. Creíamos que era gente del gobierno la que estaba ayudando al Fiscal. Si nosotros hubiéramos sabido que estaban ahí, si nos hubieran dicho, quizá hubiéramos ido a hacer marchas fuertes como lo hicimos en el pasado, para rescatarlos a muchos de ellos como lo hicimos para hacer la amnistía, la amnistía que logramos para muchos de los que estaban en las cárceles públicas, y después logramos con marchas, con el Frente Nacional Contra la Represión, con tantos otros sacar a 148 desaparecidos. Algunos dieron testimonios muy valiosos y a otros los mataron por haber dado testimonio. Nosotros les rendimos un homenaje de respeto y un cariño inmenso a todos los que osaron, a los que se atrevieron a decir todo eso, y por ese camino logramos rescatar a otros. Pero, desgraciadamente, así están las cosas y vamos a seguir luchando las que estemos y las que quedemos, con el compromiso por los nuestros y con el compromiso hacia las madres que ya se fueron por ese camino que no tiene retorno. Gracias…


Jesús Ramírez: Coincido con las críticas y el escepticismo del Comité de Familiares; sin embargo, creo que llámese como se llame –Comisión de la verdad, o Fiscalía, o como le queramos poner-, necesitamos una instancia que responda a las dos incógnitas que nos tienen aquí y que son, el conocer la verdad histórica y hacer justicia. Cómo sea ese organismo, entidad o lo que sea, creo que es secundario. Lo importante es que se pueda construir con la participación de la sociedad, donde esté garantizada la participación de la gente que trabaja por los derechos humanos, que estén representados los familiares, que esté representado el Estado mexicano, y que estén representados los especialistas, y gente con autoridad moral. Se requiere de dar una respuesta.

Estoy de acuerdo que, en Sudáfrica, la terapia de las víctimas fue fatal, y la burla de los responsables era todavía más enervante que lo que habían cometido. Sé lo que pasó en Guatemala con el informe especial que hizo la iglesia y que contiene muchas más cosas que el informe oficial. Conozco lo que sucedió en Perú, que es una experiencia muy importante que hay que tomar en cuenta. Lo que se hizo en el informe Ratting en Chile, o lo que ocurrió en Argentina.

Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa, y creo que en esto si tenemos acuerdo. El comité de madres y de familiares lleva la delantera. Esta es una lucha, una batalla por que se reconozca la verdad desde el Estado y por que se haga justicia. Y en esta lucha por la democracia –que en este capítulo estamos dando los medios, los familiares, la sociedad y todos los que están comprometidos con ello-, busquemos la formulación que concilie estos objetivos pendientes y que nos permita avanzar. Antes que un nombre pongamos los objetivos y de qué se trata. Pongamos los candados necesarios para evitar que volvamos a estar en una situación como la de hoy, de frustración y de que vemos que no hay voluntad para lograr los objetivos. Es importante tener en cuenta que esto es una tarea pendiente de la sociedad y que tenemos que asumirla…


Carmen Aristegui: Gracias Jesús. Les recuerdo que el énfasis que se le quiere poner a este debate y a esta discusión, al que nos convoca CENCOS, es justamente a definir o clarificar las líneas básicas para la exigencia del informe futuro, que tendrá que hacer el Estado mexicano. Esperemos que efectivamente sea este gobierno, aunque creo que Rosario tiene todas las razones y los ingredientes para tener la duda sobre el tema.

La idea es definir estas líneas básicas de lo que se debe exigir en ese informe que el Estado mexicano, quienquiera que lo represente, tiene que hacer ante los ojos de la opinión pública. La obligación no solo de investigar, que ha dicho Miguel, sino la obligación de informar. Y todas las consecuencias que esto traiga. Y, al margen de lo que se publique, cuáles serían los escenarios que deben darse como consecuencia del reconocimiento de estos crímenes. También les pediría un ejercicio de reflexión para enfatizar esta inquietud que CENCOS nos plantea: Qué espera la sociedad del gobierno y de sí misma, de lo que debería suceder de existir una secuencia civilizada para asumir ese pasado.

Damos paso en esta recta final a Julio Mata…

Julio Mata: Nosotros no estamos de acuerdo, en este momento, en que hicieran una Comisión de la Verdad. Creemos que las estructuras de poder están ahorita igual a como estuvieron hace tiempo, no hay modificaciones. Se usa un término en que no estamos de acuerdo tampoco, el de justicia transicional, que es con el que se han venido realizando las Comisiones de la Verdad en varias partes del mundo, el cual considera que, a través de esas Comisiones de la Verdad debe haber reconciliación. Nosotros creemos que no se puede hablar de reconciliación si no hay justicia, y la justicia tiene que empezar por llevar a juicio a todos los criminales, saber cuáles fueron los delitos que se cometieron pero, principalmente, conocer el paradero de cada uno de los detenidos desaparecidos, qué pasó con cada uno de los torturados. Hay muchos que fueron ejecutados y tampoco se conoce su paradero.

Nosotros creemos que debemos utilizar todas las formas habidas. Buscar otras formas que tal vez no conocemos. Usar la creatividad. Ir buscando formas organizativas y que toda la sociedad mexicana vaya nuevamente asumiendo el papel de conocer a cada uno de los detenidos desaparecidos; el papel del luchador social que ejerció en su momento cada uno de ellos; recobrar la memoria; recobrar el nombre de ellos y de poder integrarlo a todas las actividades que puede realizar cada una de las organizaciones. En ese sentido nosotros estamos realizando exposiciones periódicas de fotografías en varias partes del Estado de Guerrero. Estamos llevando a cabo un proyecto de memoria con la Universidad Autónoma de Guerrero, en la cual estudiantes de servicio social están yendo a la sierra de Atoyac a bajar testimonios, esperamos hacer una publicación en ese sentido… creemos que debemos buscar esos medios para que la sociedad asuma nuevamente el papel de contraparte en el Estado.


Carmen Aristegui: Gracias Julio. Pablo Tasso…

Pablo Tasso: Lo planteado por Doña Rosario es muy claro y no me queda duda de que la Fiscalía ha servido de alguna manera para separar, dividir, quitar fuerzas, en lugar de ser útil para que la enorme cantidad de luchadores sociales y de las victimas que mantienen viva la lucha y las demandas, hayan podido unificarse. Por eso es que planteaba que el Fiscal debe renunciar, porque no está siendo ya útil para permitirnos una comunión y para permitir que México afronte de manera colectiva sus cicatrices y las repare.

Esta experiencia de ‘manoseo’ genera muchísimos temores para crear cualquier otro tipo de organismo; pero también pienso que es absolutamente necesario crear alguna instancia si México puede demostrarse a sí mismo que es capaz de afrontar sus equivocaciones, sus errores y sus crímenes del pasado. No hay futuro si no somos capaces de resolver aquello, estaríamos demostrando nuestra incapacidad para resolver el ahora. Ese es el problema.

Siempre me he asombrado en toda la investigación, pero fundamentalmente en la última etapa en la que trabajamos ya la elaboración de expedientes de desaparecidos, que fuera difícil avanzar con tantísima documentación. El caso de Argentina me parece sintomático, puesto que no había un solo documento y, aún así, se pudo hacer un texto como el “Nunca más” que, por supuesto y como éste, es una suerte de punta de iceberg, de la realidad que hay debajo y que muchas veces no aparece, que es un registro que lentamente y con el tiempo la sociedad puede ir abordando, digiriendo, compartiendo.

Coincido en que se necesita, no se si una Comisión de la Verdad, o una continuación de la Fiscalía en otras circunstancias, con otros recursos y con una decisión política más clara. Esto último está faltando. El Presidente de la República está informado perfectamente de la existencia de este documento desde diciembre del año pasado, no desde que el Fiscal supuestamente se lo ‘entregó’ este pasado Sábado de Gloria. Evidentemente es algo tremendamente preocupante. Yo no salgo de mi asombro porque estos crímenes que han provocado una lucha de treinta años no son, ni pueden ser útiles, como dice el padre Miguel Concha, para la negociación de cualquier interés actual de un funcionario. Lo que sucede es patético para el país.


Carmen Aristegui: Gracias. Sigamos. Don Miguel Concha…


Miguel Concha: En primer lugar, ha quedado claro por el informe que ha elaborado este equipo que, como nos han dicho, aparte de trabajar en circunstancias sumamente precarias, ha sido despedido de una manera inexplicable para muchos de nosotros, que se han documentado crímenes de lesa humanidad que son crímenes de Estado.

Ha quedado claro también que el Estado mexicano, tiene que dar una respuesta al clamor de la sociedad por su derecho a la verdad, y al clamor de la sociedad por su derecho a la justicia.

También ha quedado claro que si esto no se hace –creo que lo ha subrayado muy claro Pablo-, no podemos confiar en que estamos efectivamente en un estado de derecho. Estas barbaridades quedan ahí flotando en el aire y pueden volverse a producir. Desgraciadamente hay signos ominosos, indignantes, preocupantes, de que en Sicarsa, en Atenco, y quizás también en Isla Mujeres se han vuelto a producir. No podemos entonces consolidar un estado de derecho sin verdad y sin justicia. Si el Estado mexicano dice que quiere ser, efectivamente, un estado de derecho y nosotros queremos democracia, aquí en esto el Estado tiene una deuda muy grave, muy pendiente. Está obligado, tiene que responder con la justicia y dando a conocer la verdad auténtica no ‘a modo’ si quiere ser un estado de derecho.

Vamos primero a ver si hay informe. Vamos a ver cómo viene. Vamos a evaluarlo de acuerdo a lo que ha sido nuestra experiencia y la de las víctimas y de los familiares con la Fiscalía. Vamos a hacer, en caso necesario, nuestro propio Informe, con lo que la sociedad espera si el Estado no responde. En este país, quien felizmente sigue respondiendo es la sociedad, la sociedad y sus organizaciones. En caso de que no haya informe o venga ‘a modo’, vamos a hacer nuestro informe, y vamos a dárselo a conocer a la sociedad, porque la sociedad si quiere un estado de derecho, quiere democracia.

Haríamos el informe comenzando por fundamentar lo que es el derecho a la verdad, lo que implica, lo que significa el derecho a la justicia. Fundamentarlo como lo hemos hecho. Y, después, vamos a tener que indicar todos los saldos negativos de la experiencia de la Fiscalía. Es un compromiso de todos en nuestro país.


Carmen Aristegui: Pablo nos pide un último comentario


Pablo Tasso: Quiero agregar algo alrededor del tema de la precariedad, porque no lo toqué y surge una y otra vez. Sin duda pone en tela de juicio el tema de la decisión política de este gobierno para realizar una investigación en serio.

El equipo de investigación histórica cobró su primer sueldo del año 2004, en marzo del 2005. Es decir, trabajó el 2004 y los primeros meses del 2005 sin cobrar. Posteriormente, cobró su primer sueldo del 2005, en septiembre. Se cobró el sueldo de enero nueve meses después. Y, a partir de julio de 2005 ustedes saben que a la fecha –estamos a fines de mayo y han pasado once meses desde entonces-, no hemos cobrado. El cobro de nuestros sueldos no es el único problema. Llamo su atención al problema de las circunstancias de trabajo que se suscitan. ¿Cómo trabaja un equipo que lleva meses y meses sin cobrar? Ha sido muy difícil. Imaginen la cantidad de compañeros que, en un momento dado, decían: ‘yo no puedo más’ y, se iban. Con un bagaje de conocimiento, con un aprendizaje hecho sobre la investigación, sobre la manera de trabajar. Ha sido un traspié constante. No tengo ninguna duda de que sin Don José Sotelo, que muchísimas veces puso sus recursos personales para mantener la investigación, no hubiéramos concluido el Informe.

Eso es una cosa que debe revertirse sea cual sea la instancia que continúe la enorme cantidad de tareas que hay que hacer para llegar a ese ochenta por ciento mencionado por el padre Miguel. Sin duda creo que una de las posibilidades es continuar nuestro informe. Supongamos que se haga una instancia que tenga el consenso general de las organizaciones, de las víctimas y de la sociedad civil; entonces hay que seguir de alguna manera. Quizá el Informe sea un punto de partida, o un momento más de este camino enorme. Es necesario rescatar las bases de datos y los registros que se tienen de todo el periodo y que se han levantado de los archivos de IPS, de la DFS, y de SEDENA. Son un punto de partida para redoblar los esfuerzos para que esta información, este informe con la verdad histórica se abra. No podemos ya seguir en el terreno de la Fiscalía que es el Fiscal mantiene en su poder, en la separación de todos los actores sociales.


Jesús Ramírez: El punto central que nos tiene aquí reunidos, además de reconocer el trabajo del Informe que hizo este grupo de investigadores, es que el Informe se hizo desde una instancia del Estado y las conclusiones del Informe deben ser asumidas por el Estado. Ese es el asunto central. Recuerdo una opinión que Rosario Ibarra dio a la prensa, de que si los funcionarios de los gobiernos anteriores han reconocido que si la existencia de la guerra sucia, de las desapariciones forzadas, de las cárceles clandestinas, de los bombardeos, de todos los crímenes que cometieron fueron una decisión del Estado, tiene que ser otra decisión del Estado que acabe esto. Respecto a las preguntas que nos hacía CENCOS, si el Estado reconoce su responsabilidad en estos crímenes, primero tiene que hacer justicia, en seguida tiene que dar cuenta de qué ocurrió con los detenidos desaparecidos, tiene que pedir perdón a las víctimas para recuperar la dignidad de las victimas y los familiares. Se tiene que rendir cuenta de la memoria asumida social e históricamente y, en esa medida, el día en que en los libros de texto de este país se hable de que hubo un periodo oscuro en la historia de México, donde de se aplicó una guerra sucia y una política sistemática de exterminio contra la disidencia, ya estaremos hablando de que le estemos dando vuelta a la página de este capítulo. Pero, hasta que eso no ocurra, seguiremos pugnando porque el Estado asuma su responsabilidad, porque es el centro de todo. La sociedad bien podemos hacer un Informe, pero tenemos que obligar a que el Estado asuma la responsabilidad que tiene de los hechos.


Carmen Aristegui: Aquí se han hecho planteamientos y reflexiones de suma importancia. El eje central de coincidencia, me parece y lo ha refrendado ahora muy bien Jesús, es que el Estado mexicano, y lo dijo Miguel al principio, que el Estado mexicano tiene la obligación de investigar y tiene la obligación de informar y tiene la obligación de asumir las consecuencias de lo que informe.

Yo subrayaría esa frase como lo que nos pone en puntos de coincidencia. Hay divergencias, naturalmente, respecto a qué hacer con la Fiscalía, Continuar la Fiscalía, crear una Comisión de la Verdad, lo que aquí se ha planteado, que son los mecanismos o caminos que tendrán que explorarse. Pero el eje fundamental es, efectivamente, esa necesidad histórica fundamental de que el Estado mexicano se haga cargo de lo que hizo, de que el Estado mexicano informe respecto de lo que ocurrió y, sobretodo, que el Estado mexicano ponga a disposición de los investigadores y de quienes sean los responsables de una tarea de esta naturaleza, lo que sabe y tiene del paradero de las personas desaparecidas.

Queda también un amplio espacio para revisar la tarea del Fiscal. Han dicho cosas muy severas respecto a la tarea del Fiscal. Lo mejor que nos podría pasar es que sea un inepto, pero creo que han dicho cosas mucho más graves que simplemente hablar de impericia. Se ha hablado de una intencionalidad, lo cual no solamente colocaría al propio Fiscal Carrillo Prieto en la situación más comprometida de su gestión, sino al propio Gobierno de la República porque, al final de cuentas si, efectivamente, como aquí se ha planteado, hubo esa intencionalidad de estorbar, de hacer aparecer que se hacía sin hacer y de, al final de cuentas, entorpecer el proceso mismo, la responsabilidad aquí trasciende, naturalmente, a Carrillo Prieto. Es una responsabilidad mayúscula del propio gobierno de Vicente Fox.

Estaremos creo que todos muy atentos a los meses que le quedan a este sexenio. Ya en la recta final de las campañas políticas –antes de que sea la elección presidencial- parecería impensable, creo yo que sería una utopía, plantearse que el Presidente va a decir algo. Pero, a partir del 3 de julio, que es cuando se sabe lo que decide el elector en esa jornada electoral, el Estado mexicano del gobierno de Vicente Fox está obligadísimo a que, en la recta de los últimos meses hasta el 1º de diciembre que es su plazo, asuma finalmente el compromiso que le corresponde.

Independientemente de lo que se pueda plantear desde la sociedad de este Informe, como lo plantea Miguel, ya hay mucho dicho, mucho investigado y mucho que decir en la materia. Lo relevante en todo caso, y con eso cerraría, es empujar, presionar y obligar desde la sociedad al Estado mexicano a hacer lo que debe en esta materia.

Yo les agradezco mucho a todos que hayan venido. Gracias doctor Sotelo por estar aquí. Gracias a las mamás, a nuestras mamás. Gracias Rosario por estar aquí y, por supuesto, a los panelistas en esta reunión en este Segundo Encuentro y los que vengan, en todo caso. Este es un debate que hay que dar con mucho alcance. Creo que tampoco nadie podría negar la importancia de una de las frases que aquí se plantearon: Si no resolvemos bien todo esto, no podemos plantearnos con serenidad y con claridad nuestro propio presente y nuestro propio futuro. Nada más y nada menos. Eso es lo que está de por medio con todo lo que hemos aquí conversado. Gracias a todos.

(Gentileza de Lluvia)

Primer debate (Versión taquigráfica) del Foro sobre la importancia de esclarecer los delitos del pasado, en la que intervieron Rodolfo Echeverría, José Francisco Gallardo, José Sotelo Marbán y Carlos Mendoza, con la coordinación de Santiago Aguirre.

Brisa Maya, CENCOS. Es para nosotros un gusto la presencia de todos los que nos acompañan en esta mesa y de todos los que nos visitan para este encuentro. Les doy la bienvenida. Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, tiene como responsabilidad la coordinación de esta muy querida y esperada mesa, gracias…

Santiago Aguirre, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro: En el discurso de toma de posesión, Vicente Fox hizo una alusión expresa al tema que hoy nos ocupa. Voy a iniciar leyendo un fragmento de su discurso. “Las decisiones de mi gobierno tendrán congruencia histórica. Ninguna relación con el pasado es saludable si no está fincada con la verdad. Sin sustituir a las instancias de procuración e impartición de justicia, me propongo abrir lo que ha permanecido cerrado en episodios sensibles de nuestra historia reciente e investigar lo que no ha sido resuelto, mediante una instancia que atiende los reclamos por la verdad de la mayoría de los mexicanos. No es posible contener la justa indignación social. Los grandes corruptos del pasado, del presente y del futuro rendirán cuentas; no habrá para ellos borrón y cuenta nueva; no habrá piadoso olvido para quienes delinquieron. Tampoco habrá tolerancia para quienes pretendan continuar en privilegios hoy inaceptables.”
Pareciera que el optimismo que en ese momento expresaba el presidente ha decaído un poco hacia el final del sexenio. Yo pensaba contrastarlo con los titulares de los periódicos nacionales sobre la reciente decisión de dictar un auto de libertad a favor de algunos de los responsables de la desaparición de Jesús Ibarra e Ignacio Salas Obregón. La mayoría de los periódicos hablan de pobres resultados de la Fiscalía, de nuevos reveces jurídicos. En su informe que presentaba la semana pasada Human Rights Watch señalaba que “el logro más sustancial de la fiscalía hasta la fecha es la elaboración de un ambicioso borrador de informe histórico sobre la época.” Llama la atención que el logro más significativo de una instancia de procuración de justicia sea un borrador de informe, un trabajo en ciernes al que sus propios autores han aludido como la punta de un iceberg. Es en este contexto de lo que conocemos del informe que se convocó a esta mesa para iniciar una discusión sobre el tema. Una discusión, un debate en el que se puedan fijar posturas acerca del destino de la FEMOSPP y del informe. Los convocantes en concreto proponían dos líneas a discutir que eran las siguientes: ¿Qué temas deberían de estar presentes en el informe presentado por el Estado y asumido como un acto de Estado sabiendo lo accidentado que ha sido su elaboración? Y ¿Qué escenarios tendrán que darse como consecuencia de su presentación y su plena asunción por el estado? Esta es una primera mesa. Los convocantes han invitado también a un segundo foro de discusión que se celebrará posteriormente. Está el Dr. José Sotelo, Rodolfo Echeverria, Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Gral. José Francisco Gallardo y Carlos Mendoza. Iniciamos la primera ronda.

José Sotelo: Yo estuve a cargo de la coordinación de este informe histórico que se realizó en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
El Estado mexicano ha ocultado sistemáticamente la represión que utilizó en contra de nuestro pueblo para acallar la disidencia y ha eludido la responsabilidad que tiene por haber cometido, reiteradamente, crímenes de lesa humanidad. Escribir esa historia desde la plataforma del Estado es una tarea ingrata pero indispensable.

- Es ingrata porque quienes la escribimos somos humanos, y la zozobra que nos causó el irnos enterando de la forma cómo actuó el Estado mexicano, documentado incluso con fotografías que muestran la saña con que fue torturada y asesinada mucha gente por agentes del estado, agredía nuestra paz interior y tuvimos que buscar refugio externo para encontrar fuerza de ánimo y continuar;
- Tarea ingrata porque algunos sectores de la sociedad consideran que, por el solo hecho de trabajar en una institución de gobierno, nosotros teníamos cierta corresponsabilidad ya que fue el Estado el que cometió esos crímenes y ocultó esa información, por lo que cualquier error que pudiera haber en nuestros datos tendría relación con querer ocultar o distorsionar la realidad;
- Tarea ingrata con la sociedad porque por el solo hecho de trabajar en la PGR –Institución que para muchos es maldita-, las víctimas y familiares de los desaparecidos que por años había luchado para saber lo que les había sucedido a sus seres queridos, nos veían con desconfianza, e incluso hostilidad, cuando los consultábamos o les llevábamos los avances de la investigación que íbamos recopilando;
- Tarea tan ingrata que la FEMOSPP, espacio en el que laborábamos, nos negó las condiciones básicas que nos debía proporcionar. A la mayor parte de nuestro equipo no les ha pagado su sueldo desde hace casi un año, no se nos dotó del equipo necesario de trabajo y, hasta la fecha, se nos ha negado el reconocimiento oficial de nuestra labor;
- Tarea tan ingrata que la Presidencia de la República nos tiene en vilo, desde hace varios meses, en relación con lo que vaya a hacer con los resultados de la investigación histórica que le presentamos; sin embargo, los autores no hemos sido consultados respecto a los cambios que se le están haciendo al Informe, y nos hemos visto acosados por motivo de la filtración de algunos capítulos que, en estado embrionario de redacción, fueron subidos a la red del Internet.

Pese a que para nosotros ha sido una tarea muy ingrata, para la sociedad es absolutamente indispensable conocer la verdad de lo sucedido y sentar condiciones para que ese tipo de crímenes no vuelvan a suceder. Es absolutamente necesario que sea el propio Estado el que haga suyo el Informe y le imprima el sello de ‘verdad oficial’ que debe darle para asumir la responsabilidad que esos hechos conllevan. Además de la verdad, es necesario fortalecer la organización social para mantener la memoria colectiva de lo sucedido e incrementar la presión al Estado a fin de exigir justicia y trascender la impunidad.

El Estado mexicano le ha apostado a ocultar la verdad y al olvido de lo sucedido, a que lo que no se conoce no existe. Y esa estrategia le ha funcionado. Ha tenido una enorme habilidad para ocultar los crímenes que cometió. Muy poca gente, incluso la que tiene cierta idea de los acontecimientos sociales de la época, tiene idea aproximada de la magnitud y de la gravedad de los crímenes cometidos por el Estado en el tiempo que abarca nuestra investigación. Para mí fue una sorpresa traumática ir descubriendo los crímenes cometidos en contra de la población, de estudiantes, campesinos, de gente que se organizó para lograr mejores condiciones de vida, y de los que se fueron radicalizando debido a la represión de que fueron objeto. Así pues, si el pueblo no conoce lo que sucedió no puede tener un estado de conciencia, de interés y de lucha.

Por ello preocupa que la Fiscalía pudiera haber sido creada, o utilizada, para fines contrarios a los que formalmente le dieron origen. Que en la impartición de justicia se haga un trabajo mediocre de investigación –como quien da palos de ciego-, y no se lleguen a fincar debidamente responsabilidades de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y así se cancelen las vías jurídicas de castigo a los culpables. Que al divulgar la verdad histórica se quieran ocultar los datos de la investigación o se minimicen los hechos que se han documentado. Que en la reparación del daño se ofenda nuevamente a las víctimas y a sus familiares de suerte que no crean más en la acción del Estado.

La preocupación no es retórica. Los que han sido acusados por la Fiscalía han encontrado vías de impunidad; el Informe ¡Que no vuelva a suceder! Tiene ya más de cinco meses de entregado y los vestigios de la corrección a que está siendo sometido, apuntan en la dirección de que hay gente con mucho poder en esta administración que no quiere que la verdad dolorosa se conozca y que el Estado asuma sus consecuencias. Es sintomática la expresión que nuestro amigo Don Isaías, padre de un desaparecido, hiciera recientemente: Fuimos como el venado que cuando tiene sed baja al arroyo y cae en la trampa. Nosotros teníamos sed de justicia, fuimos a buscarla y nos pasó lo mismo.

¿Por qué se acortó el tiempo de elaboración del informe si después de cinco meses no ha sido aún entregado a la sociedad?, ¿por qué se interrumpió el trabajo de elaborar los expedientes físicos de los 644 casos que pudimos acreditar de detenidos desaparecidos por el Estado, si lo que la fiscalía necesitaba era contar con la mayor cantidad de pruebas para consignar los casos?, ¿por qué se le impidió trabajar al equipo que estaba entregando resultados –a pesar de que no les pagaban su sueldo- y en un trabajo contra reloj y la investigación se le pasa a un inquisidor que se espanta de llamar a los crímenes por su nombre y carece de oficio para la investigación histórica?, ¿por qué no le han pagado a la gente que realizó la investigación histórica y nos tratan como delincuentes cuando somos quienes posibilitamos el cumplimiento de un importante compromiso que el Presidente de la República hizo a la sociedad?

Se han agotado, prácticamente, los tiempos políticos para dar resultados en los temas que aquí nos convocan. Quienes tienen el poder de presentar los resultados de investigación que permitan conocer el destino de los desaparecidos ¿tendrán el oficio, la valentía, la lucidez y el carácter para rendir cuentas a su pueblo?, ¿El pueblo, tendrá la organización y el coraje para demandar que aparezcan los desaparecidos –cuando menos 644 casos acreditados-, de exigir castigo a los culpables y de plantearse nuevas condiciones para que los crímenes de guerra y de lesa humanidad que marcaron ese régimen de terror que investigamos y que consta ilustrativamente en el informe que el pueblo de México tiene derecho a conocer, no vuelvan a suceder.

Me permití traer una copia del informe que presentamos el 15 de diciembre a la fiscalía… este es el informe que presentamos: “Que no vuelva a suceder”. En rasgos generales, tiene una parte de reconstrucción histórica, una parte de análisis relativa a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y otra parte propositiva, con conclusiones y diez recomendaciones para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad.

Antes de este informe, que ahora va a tener más tiempo de revisión que de elaboración, elaboramos otros trabajos. En diciembre de 2002, presentamos el informe intitulado “El Ejército Mexicano y la Guerra Sucia en Guerrero.” Es un trabajo de investigación que se hizo a partir de los archivos que la SEDENA puso a disposición del AGN. Muy poca gente ha podido descifrar lo que contienen esos documentos porque en parte son documentos que están cifrados y en parte están tan fragmentados que no se puedan entender. Tuvimos la capacidad de descifrarlos, de organizarlos y de presentar coherentemente una interpretación de los mismos. Allí consta la campaña que el Estado mexicano realizó en Guerrero con el ejército. En ese trabajo pudimos acreditar con los propios documentos del ejército, más de 200 detenciones ilegales que el ejército mexicano realizó en estado de Guerrero, 80 de los detenidos que allí se consignan siguen desaparecidos. En los propios anales que el ejército ha puesto a disposición del AGN consta y se pueden documentar más de 80 desapariciones forzadas que el propio ejército acredita. Otros documentos que presentamos como anexos se refieren al método que seguimos para leer, analizar e interpretar los informes de los órganos de seguridad. Es necesario tomar en cuenta que tales informes que también vienen codificados, no tienen una lectura transparentemente, son producidos por servicios de inteligencia cuyos reportes no están hechos para que se entiendan por cualquiera que los lea. En el anexo que se le pasó al fiscal se sistematiza el método de interpretación que utilizamos. Un segundo anexo contiene el procedimiento que seguimos para descifrar quienes era los detenidos, a los que el ejército llamaba ‘paquetes’ y quienes de ellos quedaron desaparecidos. El tercer anexo lo proporcionó CENCOS con una investigación que realizó en julio de 1978 y que presentó en un informe intitulado “27 actas sobre la represión en Guerrero” que acredita con testimonios de la época la acción criminal del ejército, de cómo mancilló a las mujeres, torturó y asesinó con saña a la población. Todo esto viene documentado por una organización pionera en los derechos humanos en cuyo recinto nos encontramos.
Me preocupa, para terminar, que nuestra sociedad no llegue a conocer lo que pudimos documentar. Hace un par de meses en Argentina se produjo una movilización social de enormes dimensiones. Después de 30 años el pueblo tiene idea de lo que sucedió y por lo mismo tiene posibilidad de tener conciencia social y de movilizarse… para impedir que eso vuelva a suceder. En México no tenemos la remota idea de lo que sucedió. Cuando realizamos la investigación de campo en el estado de Guerrero, visitábamos pueblos en los que la gente no tenía idea de lo que había sucedido veinte kilómetros más lejos de su pueblo. Manejan una información tan parcializada de lo que le sucedió a alguien de su familia que hasta en el mismo lugar donde se dio la represión se ignora la magnitud de lo sucedido. Por eso es tan importante que conozcamos lo sucedido, que cobremos conciencia, que nos organicemos y que no permitamos que esto vuelva a suceder, Y eso implica organización social. Muchas gracias…

Santiago Aguirre: Gracias a José Sotelo. Cedo la palabra a Rodolfo Echeverría.

Rodolfo Echeverría Martínez: Mi relación en este tema se debe a que estuve encarcelado durante tres años en el proceso del movimiento del 68, y cuando se formó la fiscalía especial, fui uno de los primeros, junto con otros compañeros, a presentar nuestra denuncia en relación a lo que nos había sucedido a cada uno de nosotros.
La formación de la fiscalía especial fue una iniciativa muy positiva, porque se abría la perspectiva de poder conocer la verdad, no solamente de lo que pasó durante el movimiento estudiantil del 68 y su relación con la represión del Estado, sino de conocer también otros hechos del pasado, como el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los médicos, el movimiento magisterial, así como los sucesos del 10 de junio del 71 y los resultados de la guerra sucia de los años setentas y ochentas.
Era una buena iniciativa, sin embargo solamente quedó en eso. Hoy esta fiscalía está siendo cuestionada no solamente por algunos sectores de la sociedad, sino sujeta a investigación. Todavía no se puede hacer hoy un balance preciso de las acciones de la fiscalía especial ya que no ha concluido su trabajo y vive una situación muy accidentada. Hay algunas cosas pendientes que no solamente corresponden a la fiscalía especial. El decreto que la forma establece, por un lado, la creación de una comisión interinstitucional para analizar los planteamientos que establece el propio decreto en relación a los casos concretos de victimas de la represión. Hoy que se sepa, o al menos yo no estoy enterado, no existe tal comisión interinstitucional. Sabemos que se formó un comité ciudadano. No conocemos cuales son los resultados de su actividad.
Lo más positivo que hay hasta estos momentos en relación a la fiscalía y que es palpable, a mi juicio, es el informe que se ha presentado. Es un avance muy grande para tener el conocimiento a fondo de los aspectos represivos y la ingerencia que el Estado mexicano tenía en los diversos movimientos, organizaciones políticas y sociales, a través de diversas formas como el espionaje y acciones de provocación, en torno a esto. El Informe no debe quedar reducido a su difusión en red electrónica, sino debe ser publicado y asimilado para que cumpla realmente con lo que el presidente decía al inicio de sugestión; pero surgen serias dudas de que esto pueda suceder. ¿Cómo va a concluir el trabajo y el papel de la fiscalía especial? Es difícil predecir; sin embargo es una pena que hoy esté siendo investigada hasta por cuestiones de dinero, cuando hay gente que tiene casi un año que no cobra. Es una vergüenza que se le cuestione por cuestiones de dinero, por comidas. Da pena porque era una esperanza. Yo sí creí en el papel que la fiscalía desempeñaba porque los órganos represivos del Estado mexicano están en deuda de pagar ante la sociedad las injusticias que cometieron con una gran cantidad de luchadores sociales en nuestro país.
Quedará un gran vacío; sin embargo en el escrito está negro sobre blanco. Es un texto que yo creo que hay que difundir y hay que pugnar porque se de a conocer a la sociedad para que, esto no vuelva a suceder en nuestro país. Sigue pendiente la deuda del Estado mexicano de informar la verdad a la sociedad. Gracias.

Santiago Aguirre: cederemos la palabra al general Gallardo
José Francisco Gallardo: En relación a las declaraciones que hizo el presidente Fox al inicio de su administración, yo estaba en ese tiempo encarcelado y siempre dudé de él porque no puede prometer eso y luego nombrar como Procurador General de la Republica a un militar. Luego entonces, la fiscalía especial nace lisiada de origen. ¿Por qué? Porque Macedo de la Concha participó en la guerra sucia de los setentas. Por lo tanto, no iba a auto-investigarse. Absolutamente.
Ahora bien, la creación de la fiscalía sin duda es un avance, pero más avance le veo yo al trabajo que hicieron las personas que presentan este informe histórico y que yo creo que si debe ser conocido por la sociedad. Pero, como decía José Sotelo, quien lo debe dar a conocer es el gobierno, la autoridad, que lo hagan suyo. ¿Por qué? porque no podemos avanzar en charcos de sangre y en la impunidad hacía una democracia. Por lo tanto las manifestaciones de cualquier partido político o de cualquier candidato en torno a los avances democráticos no se van a dar porque no tocan estos puntos sensibles que impiden precisamente abrir los espacios democráticos.
Yo sabía perfectamente bien que el presidente Fox estaba mintiendo, porque teníamos información verídica de que ese día que tomó posesión iba a liberar a todos los presos políticos de México. Iba a salir libre el que les habla; sin embargo, en una platica que tuvo anterior a la presentación de su discurso, aquel día 1º de diciembre, dio marcha atrás. No hubo tal liberación. Y luego anuncia el nombramiento de un militar a cargo de la procuración de justicia en México.
Todo lo que estamos viendo en el tema de la impunidad en México gira en torno a la actuación del ejército. En el movimiento ferrocarrilero o en la masacre que se hizo con el líder Jaramillo en Morelos, en el movimiento de los médicos, en el movimiento estudiantil, en la represión del 10 de junio, en la guerra sucia de los setentas, y en otros más recientes como su intervención en el levantamiento de Chiapas o el asunto de Aguas Blancas. Todos estos acontecimientos tienen que ver con el ejército, todos. El ejército vestido de verde a cargo de los comandantes militares; el ejército vestido de gris con, con la PFP; o el ejército vestido con cualquier uniforme policíaco, federal, estatal o municipal. Inclusive en las aduanas ¿Por qué? porque los cuadros de mando de todas estas policías están a cargo de militares. El más reciente, si no queremos ir muy lejos, el asunto de Atenco ¿Quien hace las declaraciones de que si actuó bien la policía, de que no iban armados, de que no hubo violaciones? fue Wilfrido Robledo que es almirante de la armada, que permitió la masacre o el ajusticiamiento de dos policías que entre comillas estaban realizando funciones de inteligencia por allá por Ixtapaloyan. Toda esta actuación del ejército se debe a una política de Estado que tiene que ver con intereses muy particulares de los grupos en el poder. Lo que llama la atención es que el uso del ejército para dirimir asuntos de carácter social, estudiantil, sindical, laboral lo han hecho hoy en día los tres partidos políticos. Por ejemplo en Atenco hay una combinación fabulosa. El municipio está a cargo del PRD en Texcoco, interviene con la policía local; la policía estatal del PRI, y la PFP federal, del PAN. ¿Más claro? ahí está.
De lo que se trata ahora es que, a través de la presentación de este informe que se de a conocer todo esto a la sociedad, que el pueblo de México no pierda, primero, la memoria; segundo, el estado debe hacer un resarcimiento del daño. Cuando se habla de resarcimiento de daños muchos creen que es asunto de carácter monetario. Yo ponía por ejemplo como un resarcimiento del daño, que todas las calles, escuelas, centros culturales que tengan el nombre de Luis Echeverría, lo cambien por el de los mártires del 68. Eso sería un mensaje para la sociedad. Quitar el nombre de todas estas personas que actuaron en contra de la democracia, de la sociedad e ir poniendo estos otros nombres.
El Estado, a partir del conocimiento de estos hechos, debe implementar una serie de mecanismos conjuntos de los tres poderes de gobierno –a nivel federal, estatal y municipal- para que no se repita la actuación o el uso de fuerza excesiva para resolver asuntos de carácter social. Solo así podemos avanzar en la democracia. Acabo de comentarlo en una reunión que tuvimos con el comité del 68, no podemos dejar pasar más. Cualquier administración que venga, de cualquier partido político, debe hacer una reforma profunda al ejército mexicano, en sus tres fuerzas armadas, la marina, la fuerza aérea y el ejército. Será muy lamentable si no se hace esa reforma; pero va a ser criminal si la izquierda llega al poder y no hace nada, en relación a la reforma del ejército.
El ejército mexicano en toda nuestra historia, auspiciado por el poder civil ha servido para masacrar a los estudiantes, a los indígenas y al movimiento sindical; para pisar la autonomía universitaria, para impedir la democracia, para robarse las urnas en las elecciones. El pueblo mexicano ¿Para qué quiere un ejército así?. Pero nosotros, como sociedad, tenemos la obligación de formar las instituciones, y una de esas instituciones es el ejército. Con esta reforma, lejos de lo que piensan los altos mandos militares, la única institución que saldría más beneficiada sería, precisamente, el ejército. La mayor parte de los militares, que a muchos los conozco, están concientes y están perfectamente bien sabidos de que esa reforma se debe dar.
Actualmente hay un enojo absoluto por parte del alto mando militar con la política que se ha seguido desde Salinas, Zedillo y ahora con Fox, porque el ejército se ha vuelto policía. Yo no me había dado cuenta que había estudiado en una escuela de policía; es decir, en el Heroico Colegio Militar, que es una institución que debe formar a los generales del ejército, al ejército mexicano que tiene la encomienda de ser el soporte y tutela de la soberanía nacional, de la integridad nacional y del estado de derecho. Pero es todo lo contrario.
En cuanto a la reforma al ejército, revisemos la historia. Después de la revolución, quienes forman las instituciones del Estado, el sistema de partidos, la misma Constitución son militares. Y los militares permanecieron en el poder después de la Revolución hasta 1946, cuando le entregan el poder al primer presidente de origen civil que es Miguel Alemán; pero hay un pacto entre el poder civil y el poder militar, el ejército pide autonomía, la no rendición de cuentas, la autorización de los presupuestos y cuotas de poder. Hemos tenido cantidad de militares presidentes del PRI, de senadores, de diputados, de gobernadores –los últimos el de Chiapas, el general Absalon Castellanos, y el de Morelos el general Carrillo Olea, con un negro historial- y, aparte de ello en la actualidad, todos los cuadros de mando policíacos a nivel nacional en los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. La reforma del ejército, por lo tanto, se debe hacer con una gran participación del congreso, primero!
Tuve una plática con Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel, una persona muy lúcida. Le decía que no permitiera que el sistema logístico de la campaña lo controlara el Estado Mayor Presidencial. Lo deben de realizar los civiles. Si él permitía que fuera Audomaro Martínez Zapata –que es de mi antigüedad, de mi generación, y amigo de Andrés Manuel -, él va a permitir la infiltración del ejército y de la inteligencia militar en la campaña de López Obrador. Igual con Felipe Calderón y con el PRI. Pero se trata, según dicen, de una corriente de izquierda. Yo le decía, si usted permite que la inteligencia militar –que está articulada en el Estado Mayor Presidencial- penetre la campaña, le va a manejar la agenda a López Obrador y si después llega a presidente, el ejército le va a manejar la agenda de gobierno. Así de fácil. Es por ello que esa institución debe abrogarse. El me preguntaba eso como podría hacerse. Pues nomás que no acepte la tutela de Estado Mayor. Automáticamente desaparece el Estado Mayor Presidencial, absolutamente y sin ningún jaloneo, ningún conflicto con las cúpulas de poder. Él me preguntó, qué opinaba yo de que se le diera al ejército facultades para combatir al crimen organizado y al narcotráfico. Le respondí que un Presidente de la República –como jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante supremo de las fuerzas armadas, jefe del partido-, debe recurrir a todas las instancias que tiene el Estado para dirimir cualquier asunto de seguridad, que es la función primordial que tiene un Estado. Sin embargo, si utiliza al ejército lo debe hacer bajo los causes legales: uno, dictar un estado de excepción que sea aprobado por le Congreso y por todas las legislaturas de los estados. Una vez que se dicta ese estado de excepción debe decir cuales son los derechos civiles o políticos, derechos humanos que van a entrar en ese estado de excepción y de qué se trata ese estado de excepción en un ámbito territorial, incluso. Pero, aparte de eso, deben generarse ciertos mecanismos de control y de vigilancia para estar pendientes de la actuación que tenga el ejército en este asuntoe impulsar la creación de una policía nacional profesional que esté apoyada incluso desde la academia; es decir, que se haga una carrera profesional policíaca. Se podría implementar por ejemplo en la Facultad de derecho, los países democráticos más avanzados tienen una carrera policíaca. Se trata de que todas las personas que trabajan en la seguridad pública tengan un sistema de reclutamiento, un sistema de permanencia y un sistema de retiros y pensiones para acabar con la corrupción. Ustedes deben de tener conocimiento de que transparencia internacional y transparencia México hicieron un recuento y el DF saca el último lugar este menester. Otra reforma que debe impulsarse, junto con el Congreso es abrogar el fuero militar. El fuero militar debe funcionar en tiempo en tiempo de guerra, no en tiempo de paz porque el ejército, apoyado en el plan DN2, que lo menciona el informe, realiza funciones de orden interno y este corresponde a la autoridad civil; es una actividad de carácter administrativo que le compete a la policía no al ejército. El poder civil le ha dado al ejército facultades que no le deben corresponder, por ejemplo el asunto de la seguridad publica. El ejército no tiene la capacidad, los Ministerios Públicos Militares no tienen la capacidad para llevar a una persona conforme a un debido proceso, pues sacan sus declaraciones a base de tortura, golpes, desapariciones. Todo eso se debe reformar. El Congreso también debe impulsar la creación de las comisiones de defensa, que sean presididas por civiles. En un Estado democrático la política de defensa debe ser presidida y debe ser dictaminada por el poder civil, no por el poder militar. El poder militar debe participar en una asesoría técnica pero no debe decidir. Actualmente hay quien decide la división territorial militar, cuantas zonas militares, cuantos efectivos hay en tal o cual Estado. Es el Secretario de la Defensa y lo autoriza el comandante supremo de las fuerzas armadas. Esta situación no debe pasar así. Yo pensé que ahora, con la militarización de la frontera estadounidense, el general Vega iba a ordenar la concentración de tropas, que están en Chiapas, hacia la frontera norte, que es donde esta la mayor amenaza para nosotros. Ya lo vimos en el siglo XIX, nos quitaron la mitad del territorio. Pero no hay nada de eso, todo esto se debe reformar.
Otro punto que se debe reformar, y con eso termino mi comentario, es que la Secretaría de la Defensa Nacional debe ser presidida por un civil, porque es una cartera de administración pública, es un puesto político administrativo que ningún militar tiene la capacidad de manejar. La mediación que debe hacer el congreso para la rendición de cuentas a la Secretaría de la Defensa Nacional no debe pasar por un uniforme militar, por lo tanto todo el personal militar debe estar subordinado a la autoridad civil. El secretario de la defensa debe ser un civil y el ejército, las tres fuerzas armadas, deben estar organizadas en un Estado mayor conjunto. Eso que les acabo de comentar va a salir publicado en julio en un libro que es mi tesis doctoral sobre la reforma del ejército. Mi tesis de maestría trata sobre la creación de un ombudsman militar, como instrumento que va a permitir abrir al ejército y las instituciones para vigilar al actuación militar en México. Esos dos libros van a salir publicados en julio. Esto que les estoy comentando yo se lo traté al alto mando militar cuando Carlos Salinas tomó el poder en diciembre de 1988. A partir de ahí comenzaron las persecuciones, a partir de ahí comencé a ser delincuente. Ustedes saben mi historia. Ocho años encarcelado, persecución de mi familia, intervinieron los órganos de derechos humanos nacionales e internacionales, la comisión interamericana, al ONU, Human Rights Watch. El Estado mexicano, el ejército fueron vencidos en derecho, lo único que hizo el ejército para cumplir con esas recomendaciones fue llevarme a dos consejos de guerra, y después Fox me liberó después de dos años de su administración. Entonces yo les pido a ustedes, a los encargados de esta investigación, que me ayuden. Que nos coordinemos para llevar a cabo esta reforma y tener un Estado democrático, civil, laico en donde la fuerza militar esté subordinada al poder civil. Si nosotros logramos como sociedad civil, como ONG´s, subordinar a la autoridad militar a lo que dice la Constitución no estaríamos aquí platicando. Todos los expedientes de la Defensa Nacional, son expedientes que deben ser del conocimiento público.
Yo trabajé en el activo hasta 1993, cuando fui encarcelado, Nunca me di cuenta de toda la documentación que yo manejé. Estos asuntos tienen que ver con la impunidad, el alto mando militar que actualmente preside la defensa nacional están muy cuidadosos de resguardar a todos los militares que participaron en estos asuntos de lesa humanidad. Yo creo que eso va a cambiar, viene un cambio de generación. Ye comentaba a José Sotelo que es probable que el próximo secretario de la defensa sea una persona de mi generación, de mi antigüedad y tenemos otro pensamiento. Hay conciencia de que se debe hacer un cambio en el ejército y para nosotros –como institución, como militares-, sería muy conveniente que nos acogiéramos nada más a lo que dice la Constitución. Realizar en tiempo de paz, solo las funciones que tengan exacta condición con lo militar. Nada más. Si la autoridad civil tiene un problema de manejo del crimen organizado, pues que recurra a la policía, que organice la guardia nacional que está contemplada a en la constitución –que es una institución que impediría que la autoridad recurriera al ejército para dirimir un asunto de carácter social, estudiantil o lo que sea-. Es entonces un tema muy complejo porque toca muchos intereses adentro del ejército, principalmente de impunidad. Muchas gracias.

Santiago Aguirre: Gracias general. Pasamos con Carlos Mendoza.

Carlos Mendoza: Soy director de una productora que se llama Canal Seis de Julio. Hemos hecho algunas investigaciones y trabajos sobre temas que tienen que ver con lo que se está habando en esta mesa. Me voy a referir a un tema del que no se ocupó la Fiscalía y del que generalmente no nos ocupamos No se ocupan ni la comunidad de defensores de derechos humanos, ni la que dice que se llama izquierda, el papel de los medios en la represión. Desde luego en la guerra sucia, y si entendemos la guerra sucia, tal vez desde cómo se combatió al movimiento democrático que encabezó el Dr. Nava allá por los años sesentas en SLP, hasta este episodio aislado de guerra sucia que acabamos de tener hace unas semanas en Atenco, estoy de acuerdo en que a la guerra sucia, en términos generales, no ha concluido. Me quiero referir al papel que están jugando los medios en relación a estos operativos represivos. Hay manuales de la Agencia Central de Inteligencia de los EU, que en este sentido instruyen a los gobiernos y a los encargados de llevar a cabo estas represiones.
Todos los episodios relevantes de violación de los derechos humanos en el México de la segunda mitad del siglo pasado a la fecha, incluida la llamada guerra sucia, han tenido en la propaganda un factor estratégico de primer orden. Las instituciones del Estado responsables de la represión directa requieren del concurso de los medios de comunicación para diseñar los operativos contrainsurgentes, ya que estos se encargan de realizar la propaganda que aporta las “razones” que darán lugar a la acción represiva, repetirán los argumentos, las imágenes o las declaraciones que justificarán la represión y ocultarán el contexto general en el que ésta se prepara así como cualquier aspecto que ofrezca elementos para dudar de su legitimidad.
Las mismas consideraciones se aplican en el tratamiento de la propaganda que, disfrazada de información, es presentada una vez consumada la represión. La propaganda es entonces un componente básico de la guerra psicológica, cuya meta es ganar la mente y los corazones de la población.
Todos los episodios contrainsurgentes que han tenido lugar desde 1968 hasta la fecha han contado con una cuartada propagandística más o menos eficaz y mejor o peor elaborada. Así por ejemplo, la propaganda contrainsurgente dijo que el 2 de octubre de ese año, en la plaza de las tres culturas, agitadores profesionales dispararon contra soldados y manifestantes. O que el 10 de junio de 1971, en San Cosme, tuvo lugar un choque entre estudiantes. ‘Entre los propios estudiantes’ decían textualmente los medios. O que 4 de mayo pasado el FPDT en San Salvador Atenco estaba integrado por delincuentes y subversivos asimilados al crimen organizado y que era preciso liberar a ese poblado de semejantes criminales.
En relación a la guerra sucia Luis Echeverría Álvarez en su 5º informe de gobierno se refiere a quienes tomaron las armas para oponerse al gobierno: que eran retrasados mentales, drogadictos, promiscuos, homosexuales, producto de hogares en disolución, producto de la mala comunicación entre maestros y padres de familia, lacras sociales. Toda una argumentación para justificar lo que luego se hizo.
Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, nada más para referirme a la entrevista que Denise Dresser hizo hace dos domingos al gobernador del estado de México, Lic. Peña Nieto que hablaba como el jefe de una pandilla. Le preguntaban por qué utilizó esos procedimientos y respondió, porque le pegaron a nuestros policías. Como si el señor no tuviera un marco legal que cuidar. Desgraciadamente Denise nunca le preguntó qué pasó con el marco legal. Hablaba como si fuera el jefe de una banda de gavilleros frente a otra banda. ‘Como les pegaron, nosotros les tenemos que pegar… entonces se restableció el orden’ Es un guión repetido perfectamente en varios medios y ‘comprado’ –entre comillas comprado- o adoptado por gentes de otros medios de comunicación.
Está probado que la Secretaria de la Defensa Nacional ha elaborado manuales sobre operaciones especiales o guerra psicológica, en los que se destaca el papel de la propaganda y por tanto el de los medios de comunicación en acciones de este tipo. Está probado que, cada vez más, oficiales de las fuerzas armadas son capacitados en la especialidad de guerra psicológica en escuelas militares de Estados Unidos. Por lo menos hasta 1997 el número de oficiales que se estaban matriculando en esta especialidad era muy alto.
El régimen de concesiones de las frecuencias de radio y televisión, que estuvo vigente desde mediados del siglo pasado hasta hace unos meses, propició una relación perversa entre el gobierno, el Presidente de la República en turno en la que el trafico de influencias y el intercambio de favores son el pan de cada día, y se traduce en distintas formas de complicidad política que tienen en los episodios de propaganda contrainsurgente su expresión extrema. Este hecho aunado a la concentración de medios en unas cuantas manos y a las recientes reformas a la ley de radio y televisión garantizan la permanencia de dicha alianza y la puesta en marcha de campañas de propaganda cada que los mandos del aparato represivo deciden echar a andar un nuevo capítulo de guerra psicológica.
Para contrarrestar esa práctica es necesario impulsar la desconcentración de las concesiones de los medios y dar impulso a la operación de canales de TV y radiodifusoras comunitarias, estatales o ciudadanas que actúen bajo sus propios criterios en episodios como los mencionados y hagan el contrapeso necesario a los grandes medios alineados con el gobierno y con su aparato represivo.
La contrarreforma a la ley de radio y televisión conocida como ley Televisa representa una prioridad para la comunidad de defensores de derechos humanos y la sociedad en su conjunto.
No soy ingenuo. No tengo la menor esperanza de que ni la izquierda, ni la derecha, ni la izquierda de la derecha, ni todos juntos tengan la menor intención de reformar esto. Vamos en el sentido absolutamente contrario. Pero a mi me parece que este es un tema que se ha estado marginando, que se ha estado haciendo a un lado y del que no terminamos de tomar conciencia y que es de primer orden. Creo que muy pronto empezará a salir mucha más información sobre esto. Hay gente que ya tiene documentos que prueban que hay manuales de guerra psicológica y que hay una serie de constantes en el manejo argumental de los guiones que se hacen desde el aparato represivo y que son transferidos a las televisoras, a las radiodifusoras y a algunos medios. Desde luego aquí la generalización sería injusta. No todos los medios, pero hay algunos que muy destacadamente adoptan estas líneas cada que el gobierno en turno los necesita. Quiero resaltar este aporte nada más, muchas gracias.

Santiago Aguirre: Puede haber gente conocedora del tema que cuestione la legitimidad del informe por venir de una fiscalía tan cuestionada. Conforme lo señaló Rodolfo Echeverría, parece que hay una tensión entre la necesidad de difundir el informe y la constatación de que la FEMOSPP se quedó en una buena intención. Un primer asunto a discutir sería cómo hacemos frente, como sociedad, a esta tensión que vemos en ese informe, sabiendo todo el proceso accidentado de la fiscalía.
Una segunda cuestión tiene que ver con la mención del caso argentino y la reciente movilización social. José Sotelo señalaba que se requiere organización social para impulsar que la sociedad haga suyo este tema. La cuestión sería qué tendría que ocurrir para lograrlo, qué tendría que ocurrir para que alrededor de este informe, que no sabemos si se va a publicar, que no sabemos si lo va a asumir el Estado, hubiera esa movilización social, Si no en la magnitud de lo que vimos hace unos meses en Argentina al menos más visible y con posibilidades de hacer presión.
Una tercera cuestión que detecto con lo que comentaba el general José Francisco Gallardo tiene que ver con el título del informe “Que no vuelva a suceder”. Sin embargo el recuento que hacía el general de actos de represión en la segunda mitad del siglo XX en México, más bien parecería que ha sucedido muchas veces. Que hay una línea de continuidad clara entre los hechos documentados y reportados en el informe y hechos mucho más recientes que van hasta lo de hace algunas semanas sucedió en Atenco. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de esta línea de continuidad? cómo hacer los cruces para saber que la impunidad de Mario Marín en Puebla es la misma impunidad que se ha perpetuado en estos crímenes y las consecuencias a nivel social que eso tiene.
Y un cuarto asunto es la reflexión que hacía Carlos Mendoza sobre el papel de los medios de comunicación en estos temas y que nos llevan no solo al asunto de la concentración de los medios en unas cuantas manos, sino a tener presentes todos los otros actores que finalmente están involucrados en este tema. De pronto hay ciertas presencias recurrentes, la presencia constante de los familiares con su legitimo reclamo de verdad y justicia, pero a veces parece una lucha aislada y fragmentada, entonces cómo hacer también una lucha conjunta. La situación de impunidad de los delitos del pasado tiene que ver con la ley de medios, tiene que ver con otros sectores, tiene que ver con una reforma necesaria del ejército.
La cuestión propiamente mediática que surge del apunte que hacía Carlos Mendoza nos enfrenta a un asunto igual de complejo que tiene que ver con las repercusiones que en otros muchos actores, en otros muchos niveles, en otros muchos sectores tiene la represión vivida en México en los años setentas, sesentas y principios de los ochentas que está reflejado en el informe. La necesidad de ampliar la mirada desde la que se abordan estos temas para relacionarlos con temas de más actualidad.
Sin más damos paso a una segunda ronda en el mismo orden de intervención.

José Sotelo: Me paren oportunos los cinco puntos que se han puesto a la discusión. En relación con el primero, comentaba con el general Gallardo la necesidad de que el informe fuera asumido por el Estado. Hay, de hecho, muchas investigaciones particulares, privadas. Nosotros recopilamos cantidad de esos informes. Sin embargo es indispensable resaltar que ésta investigación fue hecha desde el Estado. No forma parte de esa pila de investigaciones particulares. Por eso la filtración que se hizo del informe nos perjudica, porque nos parece importante que este informe tenga la impronta del Estado, el sello del Estado. No se trata de una investigación particular, sino que debe de ser reconocida como resultado de una investigación oficial.
La contradicción que se mencionaba de que la FEMOSPP se quedó en una buena intención y que hay la posibilidad de que el Informe histórico no sea conocido y difundido, desgraciadamente esa posibilidad existe. Insisto en señalar que el Presidente Vicente Fox debe demostrar que tiene oficio para actuar como Presidente, como hombre de Estado y cumplir su compromiso. Si no lo hiciera, la historia lo juzgará. Pero aunque no lo hiciera, deberíamos tampoco dar a conocer el informe a la sociedad en ese momento, sino que tendríamos que esperar, en todo caso, a un nuevo jefe de Estado que asumiera su responsabilidad cabal frente a su pueblo. Yo insto al actual Presidente de la República Vicente Fox a que cumpla su compromiso.
En relación con el segundo tema, encuentro que entre el caso argentino y el caso mexicano existe una diferencia sustancial. Aquí en México, la represión que más se conoce es la masacre de Tlaltelolco en 1968. Se conoce menos lo sucedido en el Jueves de Corpus de 1971, y casi nada se conoce de la guerra sucia y la guerrilla. De ahí que lo que moviliza de alguna manera a la población es el 2 de octubre, que no se olvida. Sin embargo las atrocidades que se cometieron en el estado de Guerrero en donde hubo campos de concentración, aunque no se les quiera llamar así, desaparición de aldeas, aunque no se les quiera llamara aldea vietnamita, estado de sitio a la población, el matarlos por hambre, el perseguirlos al punto de que familias enteras fueran desaparecidas, el realizar bombardeos indiscriminados, esto no se conoce. Mientras que en Argentina la represión que el Estado hizo sobre la población civil, mucha de ella no radicada en lugares apartados, sino en la misma capital del estado fue de tal envergadura que de todos es conocida, es como nuestro 2 de octubre. Entonces, lo primero que me parece indispensable, es que esa historia se conozca… es indispensable que se conozca para que provoque las condiciones subjetivas necesarias para que haya una movilización social… y obviamente las condiciones subjetivas no estarían completas si no están acompañadas de una organización social. De ahí la importancia enorme de que un foro como estos sea convocado por el CENCOS y no por otro tipo de instancias, el CENCOS es pionero en este tipo de convocatoria a la organización social.
En tercer lugar se hablaba de esto que no vuelva a suceder, ha sucedido muchas veces y que es consecuencia de la línea de impunidad. Yo coincido con gran parte de lo que el general Gallardo ha mencionado en relación con el ejército. De hecho el informe histórico que aquí se menciona tiene varias recomendaciones que tienen que ver directamente con el ejército. Voy a mencionar una que particularmente tiene liga con lo explicitado por el general Gallardo.
Normalmente hay tres funciones reconocidas en todos los ejércitos del mundo para el ejército; las que son propiamente de defensa, de protección de la soberanía, que normalmente están catalogadas dentro de lo que se conoce como DN1, que son las propias del ejército; hay otras que han sido admitidas recientemente como parte de las funciones del ejército porque teniendo un estado, ese cuerpo organizado tiene la posibilidad de utilizarlo en labores que aquí en México se conocen como DN3. Todos los ejércitos del mundo reconocen que la labor DN3, es una labor noble y que puede ser asumida por el ejército, incluso el rango de lo que el DN3 puede ser más amplio de lo que actualmente se utiliza en México.
Pero hay un tipo de acciones que ningún país civilizado tiene, y que el ejército mexicano lo tiene como funciones centrales. Se trata del DN2, que consiste en la utilización del ejército como ejército de ocupación interna, lo cual es absolutamente inadmisible. El ejército mexicano no debe de ser utilizado como policía. Esto lo ha dicho reiteradamente el general Gallardo, y es una de sus recomendaciones centrales del informe histórico: El DN2 debe desaparecer.
Es más, si se utilizan mandos del ejército al frente de las policías, tendremos a una policía que se utiliza de manera absolutamente impropia. Tendremos un ejército que no opera como ejército y una policía que no opera como policía. Estamos, entonces estamos en una disfunción absoluta de ambas instituciones. Tenemos que dignificar las dos. La policía tiene un tipo de entrenamiento absolutamente diferente al del ejército. En México no se ha seguido una carrera profesional, la policía no se ha profesionalizado. Entre la policía y el ejército todo es distinto, desde el tipo de armas, la forma de utilizar el armamento, la manera de hacer una investigación. La carrera de policía puede ser una carrera de altos vuelos, como lo es la del ejército. Sin embargo, si se pone a una gente que no conoce nada de policía al frente de la policía es obvio que va a hace tonterías, y si el ejército va a actuar como ejército de ocupación interna, eso debe desaparecer.
Estas recomendaciones surgen de gran cariño a mi país, de gran cariño al ejército mexicano que deberíamos tener. Mientras no se hagan estas reformas y las recomendaciones que están en el informe, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. El general Gallardo lo dijo en su presentación. Estar hablando del ejército mexicano es estar hablando del meollo de la represión política que se ha dado en México. Si el ejército mexicano nos abre la información que requerimos, en ese momento conoceremos el paradero, cuando menos del 80% de las desapariciones forzadas, y eso es absolutamente necesario e indispensable. Esta sociedad no puede continuar ignorando el paradero de sus hijos, sobretodo cuando se ha demostrado que es el mismo Estado el que los secuestró de manera ilegal, y que tenemos la posibilidad de saber qué ha sido de ellos.
Esos archivos, esa información no la tuvimos, se nos negó, pero el pueblo mexicano tiene derecho a tenerla. Dimos solamente un paso. El siguiente paso también se nos cerró, cuando se cerró la posibilidad de continuar con esa investigación tan trascendente que estábamos realizando. El tercer paso está todavía clausurado.
En cuanto al papel de los medios y toda esta lucha fragmentada que cada uno de nosotros ha ido siguiendo, me parece que es un tema central que el Pro nos pone a discusión a raíz de la magnifica intervención de Don Carlos Mendoza. Efectivamente, cuando hablo de que no hay conocimiento y que el Estado mexicano, literalmente, tuvo la posibilidad de cerrarnos la información, es eso. Lo primero que el Estado provoca es que la información no se conozca y, segundo, lo que se conozca se distorsione y, tercero, aquello que se conoce distorsionado el Estado busca darle una motivación de rechazo. Todas estas características forman parte de esta guerra psicológica. En el Informe está tratada, pero si falta profundizarla y yo agradezco mucho que ese tema se allá introducido.
Finalmente el tema que presentan los compañeros, que no se les ha pagado. Se les ha negado el derecho básico de todo trabajador. La Biblia en el Eclesiástico sentencia: “aquel que no le paga el jornal a su trabajador, derrama sangre.” ¿Cómo es posible que una fiscalía que busca restablecer la justicia, tenga manchada de sangre su historia, al no pagar lo que es justo a los compañeros? y no estamos hablando de un mes o dos meses. A la mayor parte de ellos no les han pagado desde julio del año pasado. ¡Hace once meses! Inaudito. Y, a pesar de eso, estuvieron a pie de trinchera hasta febrero que los corrieron. Dando un magnifico aporte a la sociedad. Si eso no se llama amor por la justicia, no se como la quieran llamar ustedes. Muchas gracias…